Suma y sigue en el desastre empresarial del Grupo Ruiz Mateos. El titular del Juzgado número seis de lo Mercantil de Madrid, Javier Vaquer Martín, ha declarado en concurso de acreedores a Clesa, uno de los buques insignia del conglomerado de la polémica familia jerezana. Y ha ido más allá, al apartar de la administración y la gestión de la firma alimentaria a los Ruiz Mateos, al considerar que su labor al frente de la compañía no ha hecho sino multiplicar, en concreto por cuatro, el pasivo de explotación ordinaria de la empresa. De las primeras investigaciones realizadas sobre las cuentas de Clesa se desprende un agujero patrimonial de más de 800 millones de euros.
Varapalo al patriarca y su clan, que habían solicitado a la justicia la declaración de concurso (antes conocido como suspensión de pagos) de Clesa, sabedores de que nunca podrían atender a sus acreedores. Atendida la petición y constatado que el activo (304 millones de euros) no cubre ni de lejos el pasivo (1.112 millones), el juez no ha dudado en declarar la quiebra. Pero, en contra de lo que acostumbra a suceder en estos casos, la justicia suspende a los Ruiz Mateos sus facultades de disposición y administración.
¿Por qué? Porque la gestión de los dueños ha sido nefasta. Fatal para Clesa, puesto que «la administración social ha adoptado decisiones perjudiciales para el patrimonio de la concursada, incrementando cada año el pasivo», dice el juez en su auto de fecha 30 de mayo. Vaquer Martín subraya que esa penosa situación financiera «se ha visto agravada por la existencia de numerosas operaciones de afianzamiento a favor de empresas ajenas a la concursada».
Compañías ajenas y, afirma el juez, «sin más vínculos entre ellas -salvo en los escasos supuestos de participaciones directas mayoritarias- que los personales o familiares entre sus directivos». Así las cosas, añade, es aconsejable apartar a los Ruiz Mateos de Clesa para proteger tanto los intereses de los acreedores como los bienes y derechos con que cuenta la empresa y que, finalmente, habrán de responder de las deudas en la medida en que sea posible.
Como es también costumbre, el juez ha nombrado a tres administradores concursales, que pasan a hacerse cargo de Clesa.
Son el abogado Ángel José Fernández Río, el auditor Luis Pérez Gil y un tercero que determinará la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en calidad de acreedor. Serán ellos los que gestionen el día a día de la empresa, y a quienes el resto de acreedores habrán de comunicar sus deudas en el plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del citado auto.
Junto a la declaración del concurso, el juez ha remitido a otros juzgados y registros aviso de la imposibilidad de que los Ruiz Mateos gestionen o administren una serie de bienes y derechos afectos a Clesa, entre los que se cuentan 25 fincas, 260 vehículos y algunas marcas comerciales activas en España y Europa. El auto recoge también la necesidad de que le conste el concurso de acreedores al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), toda vez que Clesa tiene abierto un expediente de regulación de empleo temporal.
