Afectados de Fórum y Afinsa pedirán de nuevo un Fondo de Compensación

Iniciarán en breve una ronda de contactos con todos los partidos. Se quejan de la indefensión de los clientes ante un tema «totalmente politizado» cuando se cumplen cinco años

PILAR ARANGURENSAN SEBASTIÁN.
Iñaki Mitxelena, Carlos Cestero, Ángel López y Roberto Alvarado, representantes de afectados. ::
                             M. FRAILE/
Iñaki Mitxelena, Carlos Cestero, Ángel López y Roberto Alvarado, representantes de afectados. :: M. FRAILE

«Cansados pero con ganas de pelear por una causa justa». Así se sienten los más de 5.000 afectados guipuzcoanos por la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico, cuando se cumple el quinto aniversario de su intervención por parte del Estado. De hecho, afirman que solicitarán nuevamente la creación de un Fondo de Compensación.

La intervención de Fórum y Afinsa se produjo el 9 de mayo de 2006 y afectó a unos 460.000 clientes que tenían invertidos casi 6.200 millones de euros. El cierre de las dos empresas dejó un agujero conjunto de 4.600 millones de euros.

Cinco años con la vista puesta en los tribunales y también en el Gobierno con el objetivo de recuperar toda o al menos parte de la inversión realizada. Una esperanza que se ha ido truncando a medida que pasaba el tiempo a raíz de las diferentes sentencias judiciales, aunque no termina de minar las ansias de seguir luchando. «Tenemos perspectivas de que se solucione, aunque algunas fuerzas políticas no tienen ninguna voluntad», explican los responsables de la Asociación Perjudicados Forum de Euskadi y de la Plataforma Blanca Afectados Afinsa de Gipuzkoa, Roberto Alvarado y Angel López, respectivamente.

El año pasado fue fatídico para las aspiraciones de los afectados -15.000 en el País Vasco- al recibir un jarro de agua fría en una de las iniciativas emprendidas por la vía judicial. El Tribunal Supremo confirmó el 30 de diciembre una resolución de la Audiencia Nacional en la que eximía al Estado de indemnizar a los afectados, al estimar que no existía responsabilidad patrimonial.

El Supremo mantuvo las mismas tesis de la Audiencia Nacional de que la actividad de ambas sociedades no debía ser supervisada por las autoridades financieras, ya que realizaban operaciones mercantiles y no de carácter financiero.

Sin embargo, los portavoces de los afectados recuerdan que fue precisamente el argumento de que se trataba de una actividad financiera lo que provocó la intervención del Estado. Así, apuntan que están estudiando la posibilidad de emprender un nuevo proceso contencioso-administrativo «por la mala práctica de la justicia» al considerar que se pudo producir un «error judicial» al intervenir las empresas bajo la argumentación de que realizaban actividades financieras y no de carácter mercantil.

Los portavoces vascos añaden además, que el Inspector Jefe de Hacienda que instó a la Fiscalía Anticorrupción a que interviniera señala que si las empresas tenían un carácter mercantil, la contabilidad de las mismas era correcta, lo que no justificaría su intervención.

En su opinión, esa contradicción hace que la intervención, «que fue auspiciada por el Gobierno socialista de turno y por el PSOE, se ponga en duda. Se caería como un castillo de naipes».

Es más, añaden que el magistrado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, José Navarro Sanchís, señalaba en un artículo periodístico que «la lesión patrimonial que han sufrido los clientes de Fórum y Afinsa se debe directamente a la intervención judicial y a la insolvencia que esta circunstancia provocó».

Recurso ante el TC

Sin embargo, los afectados no se resignan y estudian la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Con todo, señalan que lo más triste es «la indefensión que se ha producido ante un tema que está totalmente politizado. Nos han tomado el pelo», remarcan.

Y es que el segundo jarro de agua fría lo han recibido en el ámbito político. Ante las dificultades de recuperar su dinero por la vía judicial, un proceso que consideran que se puede alargar diez años, los afectados reclamaron al Estado un Fondo Extraordinario de Compensación, para ellos algo similar al Fondo de Garantía de Depósitos que protege a los ahorradores.

Explican que aunque había un consenso previo entre los diferentes partidos para sacar la iniciativa adelante en el Senado, finalmente el PSOE logró hace casi dos años echar para atrás la propuesta con el apoyo del PNV.

Los afectados se sienten «traicionados por ambas formaciones. Somos unos cromos para ellos», remarcan. Sin embargo, no han tirado del todo la toalla, ya que emprenderán en breve una nueva ronda de contactos con las distintas formaciones políticas para tratar de solicitar nuevamente un Fondo Compensatorio o alguna medida que palie la situación de los afectados.

Las asociaciones también piensan presentar una propuesta parlamentaria para ampliar «sin fecha o al menos durante cinco años» el plazo de devolución de los créditos ICO que se abrieron para los afectados, y que finaliza en 2012.

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