El Gobierno Vasco está enfadado con la empresa alavesa Guascor. Al menos así se desprende de la respuesta parlamentaria que el consejero de Industria, Bernabé Unda, ha remitido a la cámara de Vitoria para satisfacer una batería de preguntas realizadas por el Partido Popular sobre la venta de este grupo, liderado por el empresario Joseba Grajales, a la multinacional norteamericana Dresser-Rand. La venta de la empresa fue anunciada a principio de marzo, en una operación por la que la firma americana pagará 500 millones de euros, en metálico y acciones.
El Ejecutivo se siente engañado en este caso; cree que la operación será mala para Euskadi porque entraña riesgo objetivo de desplazamiento del centro de decisión a Estados Unidos y advierte en su escrito que la propia venta de la compañía supone incumplir algunos requisitos formales, por lo que ha conminado ya a Guascor a la devolución inmediata de, al menos, 8 millones de euros recibidos como préstamos. Esta cantidad, sin embargo, es tan sólo una parte de los 20,7 millones de fondos públicos que la Administración vasca ha entregado al grupo empresarial liderado por Grajales, entre créditos, participaciones de capital y subvenciones a fondo perdido.
«En principio -señala una de las respuestas del consejero Bernabé Unda al PP- creemos que toda pérdida de un centro de decisión radicado en la comunidad autónoma vasca, y en este caso la venta del 100% a una compañía americana que la convierte en filial, no es positivo para Euskadi». Más aún, el Gobierno recuerda que buena parte de las ayudas públicas concedidas a la empresa se habían entregado con el compromiso, en algunos casos incluso por escrito, sobre el mantenimiento de los centros de decisión en el País Vasco. La Administración había comprometido, incluso por contrato, que ante un hipotético cambio accionarial, sería consultada y tendría la oportunidad de emitir su opinión. La consulta, revela ahora el Gobierno, nunca se produjo sino que la venta de la empresa se le presentó como un hecho consumado y tan sólo tres horas antes de que se hiciese público en Estados Unidos. Ese incumplimiento, sostiene Industria, es el que le permite dar por zanjado un crédito participativo de 8 millones de euros, sobre el que exige la devolución inmediata. La Administración vasca ya ha remitido una carta oficial al presidente de la empresa alavesa comunicándole la reclamación del crédito, en el momento en que se firme el contrato definitivo con la multinacional norteamericana. Algo que está previsto que pueda realizarse antes de agosto.
Pero en el texto, más allá de reflexiones de fondo, hay una clara recriminación al vicepresidente ejecutivo de la compañía, el exvicelehendakari del PNV Jon Azua. El representante del Gobierno Vasco en el consejo de administración de Guascor llegó a preguntar en una reunión a finales de diciembre por los rumores que existían en torno a la venta de la empresa a la multinacional Dresser-Rand. En aquella reunión «el señor Azua -recoge el informe del consejero Unda-, de forma contundente, respondió que no existía ninguna conversación ni negociación en curso con la citada empresa, información que fue corroborada por el accionistas mayoritario y otro miembro del consejo. Este, incluso, llegó a comentar que sería conveniente que revisásemos las fuentes de información, por ser poco fiables».
Retraso en los pagos
La respuesta parlamentaria también recoge un detallado listado de «incumplimientos» por parte del grupo de empresas de Grajales. La mayor parte de ellos corresponden a retrasos sistemáticos en el pago de los intereses devengados por los créditos públicos, que han tenido que ser renegociados en diversas ocasiones ante las dificultades de la compañía para afrontar su devolución.
Así, la respuesta parlamentaria hace referencia a los 700.000 euros que adeuda Guascor Fotón, la filial de producción de paneles solares, por los créditos públicos que ha recibido. En este caso, Industria ya anticipa que la razón hay que buscarla en la negativa evolución del proyecto, que ha cosechado unas pérdidas de casi 34 millones de euros en los cuatro últimos años.
Por último, el informe se detiene en Praxis, el grupo dedicado a temas de salud promovido también por el empresario Joseba Grajales. Así, indica que se aprobaron subvenciones para esta empresa en 2008, para un programa de inversiones que debería haber finalizado en 2010. En total, contemplaba la inversión de 42 millones de euros en este periodo y la creación de 78 puestos de trabajo. «A fecha actual -señala el Gobierno- la empresa ha justificado inversiones por importe de 6,2 millones y seis empleos».
