La Audiencia Nacional dio otro paso más para enjuiciar el chivatazo a ETA. Un avance casi definitivo para que los tres altos cargos policiales imputados en la causa se sienten en el banquillo de los acusados por un delito terrorista. La Sala de lo Penal no sólo respaldó ayer que el juez Pablo Ruz siga investigando el caso, sino que, a la vista de lo conocido hasta ahora, asegura que «en absoluto» parece descartado que hubiera indicios de un delito de colaboración con banda armada, castigado con hasta diez años de prisión.
La resolución llega después de que la Sala de lo Penal rechazase ayer, por dos votos contra uno, el recurso de uno de los imputados, el exdirector general de la policía Víctor García Hidalgo, para archivar el caso o, en el mejor de los casos, retirar la acusación de colaboración con banda armada, como solicitó la Fiscalía. El ministerio público era partidario de mantener la investigación solo por el supuesto delito de revelación de secreto, penado con hasta tres años, lo que hubiera trasladado la causa a un juzgado de Irun, donde el 4 de mayo de 2006 tuvo lugar el presunto chivatazo policial en el bar Faisán.
Así las cosas, al tratarse de un sumario donde se investiga un supuesto delito terrorista la competencia la mantiene la Audiencia Nacional. Una posición defendida por el juez Ruz en su auto del 24 de enero, cuando abrió el sumario por estimar que había indicios de colaboración con banda armada, y por las partes personadas en el proceso, Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Unión de Oficiales de la Guardia Civil y el PP, quienes impugnaron el 2 de febrero el recurso interpuesto ante el juez por el imputado García Hidalgo.
La decisión de la sala no sólo desbarata la estrategia procesal de los acusados, además del exdirector general de la policía, sus dos subordinados, el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, sino que dibuja lo que podría deparar la causa. Ya que, en virtud de los indicios revelados hasta ahora, la sala afirma que el juez podría procesar a los imputados y decretar la apertura de juicio oral para que un tribunal dirima las responsabilidades penales de los hechos.
Los dos magistrados favorables a seguir investigando el chivatazo en la Audiencia Nacional, el presidente de la sección segunda, Fernando García Nicolás, y el ponente, Julio de Diego, defienden la decisión del juez Ruz del 24 de enero de mantener la imputación por un delito de colaboración con banda armada. Una resolución, señalan, «que no fue arbitraria, irrazonable o con serias dudas», como planteó en su recurso García Hidalgo.
La mayoría de la sala centra parte de su argumentación en explicar qué supone el delito de colaboración con ETA. Incide en que se trata de una acusación «grave», penada con entre cinco y diez años de prisión, «para quien recabe información o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de banda armada, organización o grupo terrorista». Subraya para ello el hecho de «recabar información», habida cuenta de que es el motivo central que mueve el sumario abierto por Ruz para indagar el chivatazo en el Faisán.
Voto discrepante
Duro, muy duro con sus dos compañeros se mostró el magistrado discrepante a mantener los indicios de colaboración con ETA en el chivatazo. José Ricardo de Prada arranca su voto particular mostrando su «más absoluto desacuerdo» al auto. Para ello destripa cada uno de sus argumentos y deja caer que la decisión pudo estar condicionada por la «fuerte politización» del asunto. Justifica el soplo policial por el contexto del proceso de paz y la finalidad de evitar futuros atentados terroristas.
El magistrado De Prada centra sus alegaciones en un hecho concreto, no es justificable imputar un hecho tan grave a unas personas que actuaban en cumplimiento de sus obligaciones profesionales en un contexto de proceso de paz.
«Rotundamente, no». Así contestó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba a la pregunta de si como ministro del Interior ordenó el 4 de mayo de 2006 a miembros de la Policía avisar al presunto responsable del aparato de extorsión de ETA. Se trata de la negación más clara y directa sobre su posible responsabilidad e implicación en el llamado chivatazo a ETA que el vicepresidente primero del Ejecutivo ha dado desde que hace más de un año es interrogado por el PP casi cada semana en el Congreso.
Rubalcaba indicó que no se trata sólo de su palabra contra las acusaciones del PP sino que su afirmación fue corroborada en las últimas semanas ante el juez Ruz, por todas las personas que ocupaban la máxima responsabilidad de la lucha antiterrorista en todos los cuerpos policiales españoles y galos en la tregua.
