La Guardia Civil apunta directamente a los propios funcionarios de la Policía en el chivatazo a ETA. Los expertos del instituto armado, a los que el juez del caso, Pablo Ruz, reclamó el pasado 24 de enero un informe pericial sobre los cortes en la grabación del bar Faisán en los instantes en que se produjo el soplo, creen que esos tijeretazos en los momentos clave de la delación no fueron «accidentales» sino intencionados, y que esta censura fue hecha en el mismo momento en que se estaban produciendo los hechos («simultánea a la grabación original»), y no a posteriori.
El estudio, entregado el pasado viernes a Ruz, descarta la hipótesis de que esos saltos, como sostenía el equipo de investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, fueran producto de «agentes externos» o que hubieran ocurrido «accidentalmente o por deterioro». Los técnicos de la Guardia Civil, tras analizar el denominado «vídeo de vigilancia 122», señalan directamente a los funcionarios de Carlos G, el jefe del equipo que investigaba la trama de extorsión de ETA y que, posteriormente, también fue quien indagó el chivatazo a los recaudadores de la organización el 4 de mayo de 2006.
El juez también preguntó hace tres semanas a los analistas del instituto armado si había alguna «técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación de las imágenes borradas». La respuesta de los agentes a la Audiencia Nacional es rotunda: no. Es imposible, según la Guardia Civil, porque técnicamente no son imágenes borradas, sino saltos en la grabación, ya que las cámaras dejaron de registrar lo que ocurría a las puertas del Faisán justo en el momento en que, supuestamente, un policía entró en el establecimiento hostelero de Behobia para entregar un móvil a su dueño, Joseba Elosua, desde el que otro funcionario -o mando policial- advirtió al sospechoso de la inminente operación antiterrorista si se procedía a hacer entrega a ETA del dinero de la extorsión del 'impuesto revolucionario'. Y todo ello bajo el argumento de no interferir en el proceso de paz en marcha, ya que iba a ser detenido un destacado miembro del PNV por su intermediación.
Los cortes que ha analizado la Guardia Civil a petición del juez son dos. El primero fue entre las 10 horas y 52 minutos y las 10 horas y 55 minutos del 4 de mayo de 2006, momento en el que presuntamente el policía entró en el bar Faisán. Y el segundo, de apenas 16 segundos, se produce de las 11 horas, 11 minutos y 12 segundos hasta las 11 horas, 11 minutos y 28 segundos, cuando el funcionario habría abandonado el bar.
Reutilizadas
Los dos funcionarios del equipo de Carlos G. que ya declararon ante el anterior instructor del caso, Baltasar Garzón, en octubre de 2009, aseguraron entonces que esos «saltos» se explicaban por el desgaste de las cintas de VHS, que habían sido regrabadas en multitud de ocasiones durante las vigilancias. Una versión que Garzón dio por buena entonces y que la Guardia Civil contradice en su nuevo informe.
El informe elaborado por el instituto armado será completado en breve con otras diligencias que el juez Pablo Ruz reclamó el pasado 24 de enero, cuando 'resucitó' la investigación sobre el chivatazo en contra del criterio de la Fiscalía. El instructor también reclamó al propio equipo de Carlos G. un atestado ampliatorio en el que explicara la causa por la que se produjeron esos cortes tan inoportunos y que la Policía le hiciera llegar una «certificación de la cadena de custodia» de la cinta, en la que identificara a todos «los funcionarios o terceros» que tuvieron acceso a la grabación hasta que ésta fue entregada en la Audiencia Nacional.
También pidió a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía otras tres diligencias aún pendientes de completar: que detallaran si en los cinco días anteriores a la delación policial y en los cinco posteriores al soplo en las cintas se observaban cortes o saltos parecidos a los de los momentos clave del chivatazo; la hora exacta en que se produjo la salida de Elosua de su bar, y «un estudio pericial fisionómico» para contrastarlo con la «imagen real» del inspector de Álava que, supuestamente, habría entregado a Elosua el móvil con el que se habría producido el chivatazo.
