Interior ya tiene elaborada una primera versión 'oficial' sobre el chivatazo a ETA. Sus argumentos se han repetido en los últimos días en la Audiencia Nacional y en el Parlamento: nadie del ministerio pudo estar detrás del soplo al aparato de extorsión de la organización terrorista el 4 de mayo de 2006 porque nadie de la cúpula del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba sabía si quiera que se iba a llevar a cabo una operación contra el impuesto revolucionario. Y menos aún que iba a ser detenido un alto cargo del PNV. Es más, según las últimas respuestas de los mandos de la lucha antiterrorista ante el juez y del propio Rubalcaba al PP en el Congreso, Interior solo supo que la redada contra los recaudadores de ETA había tenido que aplazarse por una delación policial 72 horas después de que se produjera el famoso chivatazo.
Según han desvelado fuentes del caso, el Ministerio del Interior ha decidido elaborar una estrategia de defensa, casi de proceso judicial, a la vista del cariz que ha tomado la investigación sobre el soplo en las últimas semanas y, en particular, después de que el juez Pablo Ruz apuntara durante unos días al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a cuenta de sus llamadas los días de la delación.
Imputados e imputables
La táctica, en cuyo diseño han participado juristas y consejeros parlamentarios, es simple: establecer una suerte de 'cordón sanitario' en torno a los tres imputados (el ex director del Cuerpo Nacional de Policía, el jefe superior en Euskadi y un inspector) y otros mandos 'imputables' a fin de que nada pueda salpicar a la cúpula de Interior.
Toda la estrategia pasa por esgrimir que toda la información, no solo sobre el chivatazo, sino sobre la operación contra los recaudadores del 'Faisán', se 'cortocircuitó' por motivos que se desconocen y que se quedó entre los funcionarios y los mandos de la lucha antiterrorista o, a lo sumo, llegó al entonces director de la Policía y hoy imputado, Víctor García Hidalgo.
Es más, según consta en la batería de 270 respuestas que Rubalcaba ha remitido al diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, el máximo responsable de la lucha antiterrorista de la Policía, el comisario Telesforo Rubio, no informó del chivatazo a Camacho hasta tres días después de la delación, una vez dio parte del soplo al entonces instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, quien apartó inmediatamente a Rubio de la investigación por considerar intolerable la dilación en hacerle partícipe de un asunto tan peliagudo.
La versión de Interior pasa por defender el absoluto desconocimiento de Rubalcaba y Camacho de los detalles del operativo, aunque ello suponga admitir sin ambages que sus subordinados les hurtaron información que, en principio, dada su trascendencia debían saber: que se iba a desatar una relevante operación antiterrorista en plena tregua que involucraba a empresarios; que la redada afectaba también a Francia hasta el punto de que estaba coordinada por la juez Laurence Levert; y que durante el dispositivo estaba previsto la detención de un destacado dirigente del PNV. La tesis es simple: si desconocían la operación, no pueden estar relacionados ni lejanamente con el soplo.
Las respuestas parlamentarias son buena muestra de esta nueva táctica. La cúpula de Interior no fue informada de que la Policía había pedido -y obtenido- la autorización de Marlaska para desatar la operación. Ni siquiera el director de la Policía, ni mucho menos el máximo responsable de la Comisaría de Información, llamó a Camacho el día antes para comunicarle que la redada conjunta hispano-francesa ya estaba lista y que Levert había dado su visto bueno.
Por supuesto, tampoco nadie informó al ministerio el 4 de mayo de que se había pospuesto la operación tras el chivatazo. Interior no supo en tiempo real que un 'micrófono' había desvelado el chivatazo, por lo que ningún responsable de la cúpula de Interior pidió explicaciones a los operativos. Ni tampoco a los mandos franceses que, por su cuenta, decidieron paralizar las detenciones.
Siempre según la versión ya oficial del departamento de Rubalcaba, el ministerio no supo en tiempo real el rifirrafe entre agentes españoles y franceses a cuenta de la suspensión de la operación.
No hubo una sola comunicación al ministro o a Camacho cuando el 22 de mayo de 2006 Grande-Marlaska, en una decisión sin precedentes y que además se hizo pública en prensa, abroncó a Telesforo Rubio y le apartó de la investigación por no informarle del soplo.
