El juez busca motivos políticos para el caso del chivatazo a ETA. Pablo Ruz ha comenzado a interrogar en secreto a buena parte de los miembros de la cúpula del Ministerio del Interior entre 2006 y 2007 para conocer los pormenores de los contactos entre el Gobierno y la organización terrorista a fin de comprobar si, como aseguran documentos internos de la organización, enviados del Ejecutivo enmarcaron el soplo al aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006 como un gesto de buena voluntad en las negociaciones durante la penúltima tregua.
Según informaron ayer fuentes judiciales, el interés de Ruz por conocer de primera mano los detalles de esas 'tomas de temperatura' viene motivado por la comisión rogatoria de 645 folios que la juez antiterrorista gala Laurence Levert remitió, tras varias peticiones infructuosas, a principio de enero con las diligencias abiertas en Francia sobre la operación Faisán. En ese documento hay nueve folios, que el juez decretó secretos. En esas páginas, la magistrada da cuenta de las denominadas actas de Thierry, el resumen de los encuentros entre ETA y el Gobierno que hicieron los terroristas y que fueron incautadas al entonces jefe del aparato político de ETA y supuesto número uno de la organización, Xabier López Peña, 'Thierry', detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos.
En uno de esos informes, ETA asegura que el número cuatro de los negociadores del Gobierno, al que posteriores documentos de la organización identifican como el abogado José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, sacó a relucir el chivatazo como muestra de la buena voluntad del Gobierno cuando su interlocutor etarra se quejó de que las detenciones seguían y, en particular, mostró su enfado por la redada contra el aparato de extorsión que había ordenado Fernando Grande-Marlaska, del que ETA sospechaba que no actuaba de 'motu proprio', sino a instancias del Ejecutivo. Los terroristas advirtieron entonces a modo de ultimátum que el Faisán debía ser la última operación contra ETA.
Fue entonces, según los 'papeles' incautados en Francia, cuando el enviado del Gobierno recordó al negociador de los terroristas que incluso había «un policía de San Sebastián» imputado por el chivatazo, en realidad luego fueron tres los imputados, entre ellos el entonces director de la Policía Víctor García Hidalgo.
A la vista de estas revelaciones de Levert, Ruz, explicaron responsables de la Audiencia Nacional, ha decidido «reinstruir» (sic) buena parte de la causa que ya había dado casi por finiquitada su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón. Por este motivo, comenzó la pasada semana a interrogar, en absoluto secreto, a los entonces responsables de la seguridad del Estado para saber si recibieron directrices sobre si ejecutar o no la operación contra el aparato de recaudación que tenía su base en el bar Faisán de Irun. Declaraciones que todavía no han concluido y que podrían prolongarse algunos días más.
Entre los responsables de Interior llamados a declarar sobre los contactos entre el Gobierno y ETA de marzo de 2006 a junio de 2007 están, según el diario 'La Razón', el que fuera director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida; los entonces directores de apoyo operativo, el comisario Miguel Ángel Fernández, el general José Manuel García Varela, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, todavía destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario general Telesforo Rubio. Este último, ahora agregado de Interior en la Embajada de Moscú, está citado para hoy, a fin de que explique su tardanza en informar a la Audiencia sobre el chivatazo y de las contradicciones de sus entonces subordinados.
El nombre de Eguiguren
A esa lista se ha unido el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, quien tuvo un papel preeminente en las negociaciones de la pasada tregua y cuyo nombre aparece en varias de las conversaciones de personas detenidas en la operación Faisán.
El juez sopesa abrir nuevas diligencias a la vista de las acusaciones cruzadas entre los policías que intervinieron en la investigación de la trama de extorsión y en las posteriores indagaciones sobre el chivatazo. Las acusaciones populares quieren careos. Sobre todo el del jefe de la investigación, Carlos G., con su superior, el comisario José C., quien el martes aseguró que Carlos G. llegó a proponerle destruir la prueba de cargo del soplo -las cintas grabadas en el coche del dueño del Faisán- para no empantanar el proceso de negociación abierto con ETA. Las acusaciones ven sorprendente que el comisario durante más de cuatro año no mencionara este episodio en sus informes.
