La Diputación ha movido ficha. El departamento foral de Movilidad ha enviado al Gobierno Vasco un documento en el que fija su postura respecto a la financiación del Metro de Donostialdea. Las dos instituciones firmaron en septiembre un protocolo en el que se describían las líneas generales de colaboración financiera. En las últimas semanas, desde el Ejecutivo autónomo se ha reclamado a la Diputación que concrete el presupuesto que está dispuesto a asignar para llevar a cabo el proyecto. Es decir, pasar de un protocolo a un compromiso en firme.
La respuesta foral ha sido un «sí, pero». Es decir, muestra su apoyo económico al proyecto, siempre que se cumplan una serie de requisitos. El primero y fundamental radica en definir qué es lo que la institución foral va a cofinanciar.
El Gobierno Vasco solicita a la Diputación que aporte el 50% del coste de la mejora del corredor guipuzcoano de Eusko Tren. Es decir, 700 millones de euros, a dividir entre las dos instituciones, para construir el Metro de Donostialdea, desdoblar parte de las vías en el trazado entre Eibar e Irun, y la conexión entre esta localidad y Hondarribia. De estos 700 millones, 185 corresponden al Metro de la capital.
Enlace de Altza
La institución foral ha decidido que colaborará en sufragar sólo una parte de esos 700 millones, los correspondientes al Metro de Donostia (el soterramiento por el centro de la capital), el enlace de Altza y el ramal que conectará Irun con el aeropuerto y Hondarribia. El resto, es decir, los desdoblamientos de las vías desde San Sebastián hasta Eibar y, en el otro sentido, hasta Irun, quedarían fuera del acuerdo.
La Diputación considera que sólo tiene que aportar dinero para las obras nuevas, básicamente aquellas que tienen que ver con el Metro. Las demás son consideradas como un «desdoblamiento del trazado del actual tren de cercanías». Según se subraya en el documento enviado al Gobierno Vasco, los desdoblamientos disponen de una partida de 1.212 millones de euros, reservada por el Ejecutivo autónomo en el Plan EuskoTren XXI.
En la carta enviada al departamento de Transportes se critica que éste adopta «decisiones que le competen de forma exclusiva pero, por otra parte, no asume las obligaciones financieras que conllevan». Se pretende, añade el texto, que la Diputación «pague dos veces la infraestructura ferroviaria: mediante la Ley de Aportaciones y mediante una exigida financiación global del 50% en todo el tramo entre Lasarte-Hondarribia y su posible extensión a Zumaia».
El «sí, pero» de la Diputación guarda más condiciones de calado. La institución foral señala que los ayuntamientos de San Sebastián, Irun y Hondarribia deben participar en la financiación, en tanto que se beneficiarán de la construcción del Metro. En el caso de Donostia, se especifica que el soterramiento de la estación de la plaza Easo «generará diversas plusvalías al liberarse el terreno correspondiente a la playa de vías».
La Diputación señala que la colaboración municipal no es algo nuevo. El Ayuntamiento de Oiartzun aportará el 15% del coste de la mejora del tramo entre Fanderia y esa localidad, en base a la regeneración que supondrá para el barrio de Arragua.
La propuesta de financiación foral, por tanto, contempla que los ayuntamientos paguen una fracción de la obra. La Diputación y el Gobierno Vasco se harían cargo a partes iguales del resto. Es decir, estas dos últimas instituciones no se dividirían el coste al 50%, sino en un porcentaje inferior, al sumarse los ayuntamientos a la operación.
Una tercera condición foral se basa en la extensión del Metro hasta la estación de Atocha (Renfe). La Diputación entiende que no es posible «diseñar una solución de Metro y no plantear la intermodalidad completa».
El Tren de Alta Velocidad llegará a Atocha y, en una espacio subterráneo colindante, se ubicará la terminal de autobuses. «Se trata de una obra complicada pero, al igual que en Altza, esta institución estima que la prolongación a Atocha debe incluirse en el proyecto».
La Diputación considera que los aspectos mencionados deberían ser analizados, acordados y elaborados en el seno de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.
«Propaganda»
El documento enviado por la Diputación al departamento de Transportes incluye críticas duras. Así, afirma que el Ejecutivo autónomo se ha embarcado en «una campaña de propaganda» al emplazar a la Diputación a financiar «el 50% de una idea, de un proyecto y, por ende, de un presupuesto inexistente».
La institución foral subraya que le falta información básica para que «además de comprobar la viabilidad del proyecto, podamos analizar aquellos conceptos susceptibles de ser financiados desde la lógica interna de sus competencias o de cumplimiento de sus objetivos».
Entre esta información cita el estudio de la demanda, así como de los costes de operación y mantenimiento o el desglose de las diferentes partidas presupuestarias.
