Las trabajadoras del servicio de asistencia domiciliaria protagonizaron ayer una protesta contra el Ayuntamiento para reclamar un papel activo de la institución que favorezca la negociación de su convenio laboral. Son cuatrocientas personas que trabajan para la empresa Clece, a la que el Ayuntamiento adjudicó este servicio que se presta, sobre todo, a personas mayores.
La movilización ante la Casa Consistorial era parte de su jornada de huelga, dos horas de 11 a 13 horas en las que sólo se cubrieron los servicios mínimos estipulados por el Gobierno Vasco. Las cinco fuerzas sindicales presentes en el comité de empresa anunciaron que, si no se firma el convenio, si ni tan siquiera comienza la negociación, estos paros seguirán. Se calcula que hay 1.500 mayores afectados
No se anunció la fecha de la próxima huelga, pero sí se dijo que tendrá lugar en diferentes días hasta final de año y también a distintas horas que se irán fijando durante las próximas semanas. Las trabajadoras de Clece, respaldadas por ELA, UGT, CCOO, LAB y Asade, dijeron también en su momento que, si no se llega a una solución, intervendrán en los actos electorales que se celebren de cara a las elecciones del próximo mayo. «No podemos seguir así», se lamentan.
Las trabajadoras, que ayer pidieron la dimisión del alcalde y su intervención directa en el conflicto, reclaman que se les escuche y recuerdan que se les prometió un nuevo convenio hace seis años. Se quejan de «salarios de miseria, precariedad y jornadas abusivas» y reclaman incluso una mejor organización del servicio para impedir que la mayor parte de la jornada se utilice para desplazarse de un barrio a otro sin que ese tiempo cuente como horario de trabajo.
La concejala de Bienestar Social, Alicia González, de la que depende el servicio, aseguró que el Ayuntamiento ha hablado con la empresa para que se sienten a negociar con estas trabajadoras. «Otra cosa es que le podamos obligar legalmente a hacerlo. Esto es un conflicto interno entre Clece, que es la adjudicataria del servicio de asistencia domiciliaria, y quienes trabajan en la empresa. No podemos hacer nada, porque no se ha incumplido ninguna claúsula de las estipuladas en el pliego de condiciones».
«Somos trabajadoras, no esclavas», rezaba en las octavillas que se lanzaron en la calle Igentea y en el Boulevard. Alicia González matizó que el Ayuntamiento es el máximo interesado en que se llegue a una solución a este conflicto. Las trabajadoras estiman que los afectados por esta movilización son 1.500 familias, mientras que la concejala de Acción Social prefiere esperar para dar datos, «porque hay servicios mínimos y es pronto para hablar de la incidencia que ha podido tener este paro».
Las movilizaciones seguirán hasta fin de año.
