El SOS lanzado a principios de verano por los ayuntamientos vascos ha sido atendido. El Gobierno Vasco inyectará 6,7 millones de euros extra a las arcas municipales para poder cubrir las peticiones de ayudas de emergencia social (AES), aquellas que piden los hogares en riesgo de exclusión para afrontar pagos imprevistos como el arreglo de un electrodoméstico, el pago de la hipoteca o el recibo de la luz. Así, se pasará de los 17,3 millones de euros presupuestados para este año a los 24, una cantidad con la que el Ejecutivo vasco cubrirá el 75% de las necesidades de AES previstas por los municipales, que completan el resto del gasto con recursos propios o bien reducen la cantidad a percibir por cada beneficiario para no dejar desatendida a ninguna familia.
La noticia ha sido recibida «como agua de mayo» en los consistorios, muchos de los cuales estaban abocados a hacer un ejercicio de prestidigitación financiera los próximos meses, en forma de modificación presupuestaria porque los recursos se estaban acabando. Según datos ofrecidos por el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, el pasado mes de julio, más del 70% de las localidades vascas ya habían agotado en el primer semestre la partida económica asignada para todo el año para este capítulo, lo que les dejaba en una situación límite. Entre ellos figuraban Zarautz, Pasaia y Bilbao. La financiación adicional, por otra parte, no podía demorarse mucho más tiempo porque septiembre suele ser un mes de avalancha de peticiones en los servicios sociales de base y las cuentas no cuadraban.
Hace escasamente un mes, los alcaldes de los diez municipios de mayor población del País Vasco trasladaron en persona su preocupación a la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en una reunión en la que expusieron detalladamente su situación financiera para atender las cada vez más numerosas solicitudes de AES.
De aquel contacto salió la voluntad del departamento de estudiar cada una de las peticiones, pero a cambio la consejera pidió a los responsables municipales «corresponsabilidad» y que administren los fondos que les envía el Gobierno Vasco de forma austera, siguiendo los mismos criterios en todas las localidades. La primera parte de la promesa ya está comprometida. Zabaleta detallará a los alcaldes el reparto de la tarta en un encuentro en Lakua el próximo miércoles, 1 de septiembre.
«Debajo de las piedras»
Pero no es ésta la única vez que el departamento ha tenido que tomar cartas en el asunto para intentar cubrir las necesidades de las familias azotadas por la crisis, que ha cambiado por completo el perfil del solicitante de este tipo de subsidios: desde parados que se quedan sin la prestación por desempleo a jóvenes que no pueden pagar la hipoteca o trabajadores en expediente de regulación de empleo.
Nada más tomar posesión de su cargo, la consejera Zabaleta ya tuvo que aportar el año pasado 20 millones de euros adicionales para las ayudas de emergencia, elevando hasta 54 millones el presupuesto anual para esta partida. El «esfuerzo que viene realizando el Ejecutivo vasco», señaló ayer la consejería en una nota de prensa, se ve reflejado en las aportaciones anuales para este capítulo. En dos años ha pasado de 38 a más de 67 millones de euros, incluida la prestación complementaria de vivienda (PCV), el nuevo subsidio que ahora es independiente pero que antes se concedía a través de las AES.
Hay que tener en cuenta que las ayudas de emergencia social no son un derecho subjetivo y, por lo tanto, la Administración no está obligada por ley a aumentar los fondos para llegar a todas las solicitudes. No obstante, la responsable de Asuntos Sociales se comprometió a buscar dinero «debajo de las piedras» para cubrir todas las necesidades y contribuir a paliar las consecuencias de la crisis. De momento, los ayuntamientos, que son los que gestionan las solicitudes, saludan al nuevo curso sin el miedo de no llegar a fin de año.
