No recibió muy bien José Luis Rodríguez Zapatero las críticas de los sindicatos a su reforma laboral. Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) la tildaron de «auténtica aberración». El presidente del Gobierno les reprochó que recurrieran a «palabras gruesas». Se trata, dijo, de una errónea «interpretación» de lo acordado. El texto dice que se podrán alegar «pérdidas actuales o previstas» para despedir trabajadores, pero según el jefe del Ejecutivo no se ha presentado suficiente atención al hecho de que esas pérdidas deben poner en riesgo la «viabilidad» de la empresa y además ser «justificadas documentalmente» ante el juez.
Zapatero defendió que el marco laboral actual se ha demostrado ser inútil porque en tiempos de crisis España destruye más puestos de trabajo que nadie. Por eso, puso el énfasis en que ahora se dará flexibilidad a los empresarios para que, «ante circunstancias económicas adversas, puedan tomar otras medidas antes de llegar al despido, algo que antes no pasaba».
«Reitero, mantengo y defenderé donde haga falta que lo que buscamos es evitar despidos y que se repitan situaciones como la que hemos vivido ahora», en la que el paro supera el 20%, insistió.
Por su partre, las patronales CEOE y Cepyme se mostraron ayer escépticas sobre uno de los puntos clave de la reforma laboral, la posibilidad de que las empresas con dificultades realicen despidos procedentes con una indemnización de 20 días por año trabajado, ya que consideraron que esos motivos económicos son «imprecisos». «Las causas económicas para el despido procedente continúan siendo imprecisas, ambiguas y, por lo tanto, de difícil interpretación», señalaron las patronales en un comunicado, en el que avisan que ese punto de la reforma puede resultar «estéril».
Negociación colectiva
Una vez aprobada la reforma laboral como proyecto de ley, la negociación colectiva que marca las normas internas de las empresas (salario, jornada, categorías profesionales, vacaciones, etc.) se situará en el punto de mira de los cambios perseguidos por el Gobierno, partidos y agentes sociales. Y para que el proceso concluya dentro de un periodo de tiempo corto, el Ejecutivo ha recibido un mandato del Parlamento. En un plazo de seis meses, el gabinete de Zapatero «deberá adoptar las medidas que correspondan» para modernizar y adaptar las relaciones empleador-empleado a las necesidades actuales.
El mensaje para el Gobierno figura en una enmienda de CiU al proyecto que cambiará la normativa laboral. La propuesta aclara que la actuación del Ejecutivo se llevará a cabo siempre «en defecto de un acuerdo» entre patronales y sindicatos.
