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Interior acerca a otra etarra con más de 2.800 años de cárcel de Murcia a Palencia

POLÍTICA

Interior acerca a otra etarra con más de 2.800 años de cárcel de Murcia a Palencia

Inés del Río, activista del comando Madrid en los 80, nunca estuvo interna en la mitad norte peninsular en sus 23 años en prisión

30.07.10 - 02:53 -
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Interior acerca a otra etarra con más de 2.800 años de cárcel de Murcia a Palencia
Idoia López Riaño, 'La Tigresa', no ha sido la única conocida terrorista acercada por el Ministerio del Interior en las últimas semanas. Inés del Río Prada, condenada a 2.803 años de cárcel y compañera de 'La Tigresa' en el sangriento comando Madrid de la década de los ochenta, ha sido traslada de Murcia a Palencia, a pesar de que ella, a diferencia de López Riaño, no ha firmado la carta de arrepentimiento ni ha dicho que ha roto con la organización terrorista. A sus espaldas pesan 24 asesinatos, uno más que 'La Tigresa'. Del Río, en sus 23 años de cárcel, nunca había estado en una de las prisiones de la mitad norte peninsular.
Según han desvelado mandos de la lucha antiterrorista, Del Río, más conocida como 'Nieves' o 'Pequeña', fue llevada a mediados del pasado junio desde la cárcel de Murcia -a casi 700 kilómetros de su Tafalla natal- hasta el centro palentino de Dueñas, a poco más de 300 kilómetros de su casa. Nunca antes, desde que fuera detenida en julio de 1987 en Zaragoza, Del Río había estado tan cerca de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. En los últimos 23 años había sido mantenida especialmente alejada del norte de la península en centros de Córdoba, Puerto II (Cádiz), Algeciras (Málaga) o Albacete, ya que se le consideraba una irredenta de la organización. Desde agosto de 2007 estaba en Murcia.
Fiel al 'frente de makos'
Su actitud, explican responsables penitenciarios, no ha cambiado. 'Nieves', que tras la entrada en vigor de la 'doctrina Parot' no saldrá de la cárcel hasta junio de 2017, ha seguido fiel a las directivas del 'frente de makos' y «en ningún momento ha dado muestras de arrepentimiento ni de participar en la vida carcelaria».
Cinco son las condenas que pesan sobre esta activista, todas ellas como miembro del comando Madrid: 58 años por el asesinato del coronel Vicente Romero, su chófer y a un policía nacional; 2.232 años por el atentado de la Plaza República Dominica contra un convoy de la Guardia Civil en el que murieron 12 funcionarios y en el que también estuvo involucrada López Riaño; 87 años de cárcel por el atentado contra el comandante Sáenz de Ynestrillas y otros dos militares, en el que igualmente participó 'La Tigresa'; 378 años por el asesinato de cinco guardias civiles con un coche bomba en la calle Príncipe de Vergara en compañía de Idoia López; y 48 años más por el atentado que costó la vida contra el vicealmirante Escrigas.
«Prematuro»
El acercamiento a Nanclares de Oca de Idoia López Riaño, 'La Tigresa', la más sanguinaria terrorista de ETA, ha sido demasiado para el Partido Popular, que desde el principio de la actual legislatura ha apoyado sin fisuras la política antiterrorista del Gobierno, incluidos los acercamientos selectivos de activistas, muchos de ellos con delitos de sangre. La dirección nacional del PP, en privado, se quejó de que ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni nadie de su departamento les informó de que el Gobierno había aprobado este polémico traslado.
La dirección de la calle Génova no quiso hacer declaraciones sobre un acercamiento que reconocen es legal, pero que creen «prematuro» y cuyo secretismo podría debilitar el pacto antiterrorista. Sólo Soraya Sáenz de Santamaría pidió explicaciones. «Todavía estamos esperando a que el ministro dé explicaciones voluntariamente sobre esos movimientos y esas decisiones y que no tengamos que pedirlas en otras instancias», apuntó.
El peso de la ofensiva se dejó en manos del PP de Euskadi. Su presidente, Antonio Basagoiti, afirmó que «no me gusta un pelo y entiendo que las víctimas del terrorismo se sientan dolidas». Además, recordó que López Riaño tiene «muchos asesinatos encima», de víctimas a las que, según recalcó, «no se puede acercar a casa». Por eso el líder del PP vasco reclama que la política de traslados de presos tenga «garantías plenas» de que se «cumpla la ley».
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