No habrá multas a los comercios por incumplir el decreto de uso del euskera. La viceconsejera de Política Lingüística, Lurdes Auzmendi, descartó ayer cualquier tipo de 'castigo' y apostó por el camino del «convencimiento, nunca por la vía de las imposiciones» para avanzar en la utilización de la lengua vasca. Con el anuncio de ayer, Auzmendi pretendía «ahuyentar las dudas y temores» que le han trasladado «numerosas empresas» que, según sostiene, se han confesado incapaces de ajustarse en el plazo establecido a los requisitos del decreto de uso del euskera en las relaciones comerciales impulsado por el Gabinete Ibarretxe.
El Gobierno Vasco había aprobado esta misma semana una modificación del decreto con el fin de prorrogar en un año el período fijado para cumplir las obligaciones estipuladas en aquel texto legal, que sacó adelante en 2008 la consejera peneuvista Miren Azkarate. El Ejecutivo de Patxi López evitaba de ese modo imponer multas a los comercios que no se habían adaptado aún a esta normativa, ya que el plazo para hacerlo terminaba el pasado 17 de julio.
Con esa moratoria de un año, el Ejecutivo socialista lograba también el tiempo suficiente para reformar la ley del Estatuto del Consumidor, paso obligado antes de eliminar del decreto todas las sanciones previstas por incumplir las obligaciones de atender y rotular en los dos idiomas que se establecían, en general, para los grandes comercios y empresas de servicios. La responsable del área de Política Lingüística subrayó ayer que, aunque se van a modificar algunos artículos, el decreto seguirá en vigor.
Auzmendi reconoció que había una «gran preocupación» entre los negocios afectados por la normativa, cerca de 2.000 en Euskadi, y que con su comparecencia de ayer quería transmitir un «mensaje de tranquilidad». Relató que su equipo había recibido numerosas llamadas de empresas que querían saber si finalmente se iba a aplicar la normativa. «Muchos comercios que veían que se acercaba la fecha se pusieron en contacto con nosotros para preguntarnos si íbamos a seguir adelante. Con algunos de ellos hemos mantenido entrevistas personales y tenemos que decir que sintieron un gran alivio tras conocer no se aplicará ninguna sanción», comentó la viceconsejera
Destacó que incluso grandes empresas punteras por haber dado muchos pasos hacia la normalización del euskera les transmitieron «que si se hubiera seguido adelante con el régimen sancionador, ni siquiera ellos se habrían librado de las multas». Auzmendi comentó, además, que en tiempos de crisis económica como el actual «no estamos en la mejor coyuntura para aplicar sanciones, sino que es momento de trabajar en equipo».
«Atracción»
La viceconsejera quiso dejar claro que el Gobierno vasco «defiende los derechos lingüísticos de la ciudadanía y está a favor de la normalización del uso del euskera». En lo que no cree es «en las imposiciones». «Consideramos que desde el convencimiento y la atracción se puede seguir avanzando también en la difusión y el fortalecimiento del uso del idioma».
La normativa diseñada por el anterior viceconsejero, Patxi Baztarrika, obliga a rotular y a atender en euskera a los establecimientos con más de 250 trabajadores y con un volumen anual de negocio superior a los 50 millones de euros, o con una superficie mayor de 400 metros cuadrados que estén ubicados en capitales o municipios con más de un tercio de ciudadanos bilingües. También exige personal euskaldun a centros comerciales con más de 15 trabajadores que presten atención al público. En la práctica, afecta a grandes cadenas, bancos, operadoras de comunicación, empresas de transporte y suministradores energéticos.
