El Gobierno Vasco va a retrasar un año la polémica aplicación del decreto que obliga al comercio vasco a atender y rotular en euskera. Ayer martes modificó dicho proyecto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias con el objeto de que el cumplimiento de estas obligaciones se retrase.
Este decreto iba a entrar en vigor el pasado día 17, después de que hubieran transcurrido dos años de plazo desde que el Gobierno Vasco del PNV, EA e IU aprobara el decreto el 1 de julio y se publicara en el Boletín Oficial del País Vasco el 16 de julio de 2008. La nueva normativa afectaba a las grandes cadenas y superficies, además de negocios con más de 15 empleados que se ubicasen en municipios con más de un tercio de vecinos bilingües. Fue contestado duramente por PSE y PP, que están ahora en el gobierno, el mismo que ha establecido una moratoria de un año en la aplicación del derecho de los clientes a ser atendidos en euskera, si así lo solicitan.
El Consejo de Gobierno considera que «en estos momentos no se dan las condiciones adecuadas» para aplicar un régimen sancionador a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, «teniendo en cuenta la realidad sociolingüística actual de Euskadi».
El decreto obliga a rotular y a atender en euskera a los establecimientos con más de 250 trabajadores y con un volumen de negocio anual superior a los 50 millones de euros, o con una superficie mayor de 400 metros cuadrados que estén ubicados en capitales o municipios con más de un tercio de ciudadanos bilingües. En cuanto a los centros comerciales, el decreto obliga a contar con personal euskaldun cuando haya más de 15 empleados que presten atención al público.
El Parlamento Vasco, a través de una iniciativa del PSE y el PP, instó el pasado mes de junio al Gobierno autónomo a impulsar los cambios normativos necesarios para eliminar las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que en algunos casos, llegaban a los 600.000 euros. El mínimo de la cuantía sancionadora se cifraba en 3.000 euros. El texto recibió el rechazo de las formaciones nacionalistas y EB, y la abstención de UPyD.
A propuesta del consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, y de la consejera de Cultura, Blanca Urgell, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto «porque actualmente no se dan las condiciones para su aplicación, por lo que vamos a establecer el plazo de un años para analizar la situación».
Verdadera normalización
Según explicó ayer la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, «se debe continuar dando pasos para alcanzar una verdadera normalización del uso del euskera en todos los ámbitos de la sociedad, y también es necesaria una actividad de fomento por los poderes públicos».
Sin embargo, el Gobierno de López considera que, «hoy en día, no se dan las condiciones adecuadas para poder aplicar un régimen sancionador en el ámbito de aplicación del Decreto 123/2008, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística actual en la Comunidad Autónoma Vasca».
Por ello, la modificación establece una moratoria de un año en el cumplimiento de las obligaciones previstas, de manera que las empresas tendrán un plazo adicional de 12 meses para adaptarse a las exigencias contenidas en el Decreto.
Mendia avanzó que este año, atendiendo al mandato parlamentario, se estudiarán qué modificaciones legales hay que llevar a cabo para «adaptar» el decreto. Así se estudiará la realidad socio-lingüística de la Comunidad Autónoma Vasca.
