Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer el nuevo modelo de servicios sociales que marcará el curso de las políticas de asistencia a los ciudadanos durante los próximos años. El documento que refrendaron los junteros -salvo EB y Aralar, que lo rechazaron- traerá consigo un cambio de mentalidad a la hora de gestionar los servicios sociales. Por un lado, la asistencia deja de ser un recurso destinado a los colectivos más débiles o indefensos para convertirse en un derecho que implicará a toda la sociedad. Por otro, se avanzará hacia un sistema de gestión concertada con el tercer sector y el tejido empresarial.
No son los únicos cambios. El nuevo modelo ya no considera a los servicios sociales como un gasto. A partir de ahora serán vistos como «un valor en lo económico que proporciona riqueza», como una «inversión con efecto multiplicador que proporciona renta para los residentes, recaudación para las arcas forales, contribución al PIB y creación de empleo».
Para llegar a este punto ha habido que recorrer un camino que comenzó en septiembre de 2008. Ese mes se abrió un proceso de reflexión cuyo fruto es un documento que presentó el pasado lunes la diputada foral de Política Social, Maite Etxaniz, y que las Juntas han debatido esta semana. El texto fue refrendado ayer después de que se aprobaran 24 de las 36 mociones presentadas por los distintos grupos políticos.
Tras el debate y votación de las mociones, Etxaniz se felicitó por «el amplísimo consenso político alcanzado, lo que aportará sin duda serenidad y tranquilidad para quien tenga que gestionar las políticas sociales en el futuro inmediato». El nuevo modelo nace con la vocación de perdurar en el futuro con independencia del partido político que gobierne la Diputación, de ahí la importancia del acuerdo conseguido ayer.
Los dos ejes
La diputada de Política Social destacó «la plena unanimidad de todas las fuerzas políticas al considerar el enfoque comunitario, centrado en la persona, como eje del nuevo modelo, además del amplio acuerdo alcanzado en cuanto a la gestión concertada». Estos dos consensos serán los dos pilares de los servicios sociales del futuro, que se asentarán sobre la base de la cohesión social y la sostenibilidad del sistema.
Los servicios sociales abarcan la atención a las personas dependientes, a las que sufren alguna discapacidad, a ciudadanos en situación de exclusión social y a menores. Atender a estas cuatro categorías de ciudadanos desde un enfoque comunitario implica fortalecer las redes y lazos tanto familiares como comunitarios de los beneficiarios de los servicios sociales. Lo que se pretende es que los usuarios puedan permanecer si lo desean en su entorno familiar y convivencial original, sin que esta decisión suponga una carga para las familias. Las Juntas potenciarán para ello medidas como la rehabilitación y adaptación de viviendas con subvenciones públicas.
El nuevo modelo considera que la Administración «debe tener un papel tractor, garante, innovador, no necesariamente proveedor». Este papel lo llevará a cabo de forma concertada con el tercer sector -organizaciones de voluntarios y entidades sin ánimo de lucro- y el tejido empresarial, «considerándolos a todos los efectos como parte de la red pública». Se trata de tejer una red de responsabilidad pública «que sea identificada con imagen propia por la ciudadanía como sistema vasco de servicios sociales».
En el apartado de la relación entre el sector público y el privado, la Diputación también estudiará «aplicar los principios de cláusulas sociales y mercados reservados como vehículo de fortalecimiento de organizaciones que trabajan con personas con dificultades añadidas para su incorporación en el empleo ordinario».
Sostenibilidad
Garantizar la sostenibilidad del sistema es fácil de decir pero difícil de hacer si no se cuenta con la suficiente financiación. El nuevo modelo aprobado ayer admite que a la hora de pensar en el dinero «la presión sobre el sistema es indiscutible y los compromisos derivados del reconocimiento del derecho subjetivo a recibir atención también».
Para reducir esta presión, las Juntas plantean medidas como instar a las administraciones públicas a que prioricen los servicios sociales en sus presupuestos o acordar una nueva redistribución competencial entre los tres niveles de la Comunidad Autónoma Vasca con su correspondiente ajuste financiero.
Tras la votación, la juntera del PP Asunción Guerra se mostró convencida de que la reforma «dará sus frutos». «En un plan tan ambicioso es primordial establecer las prioridades de actuación y el tiempo para su puesta en marcha», afirmó.
Por su parte, Arantza González, de EB, lamentó que PNV, Hamaikabat y PP hayan impedido la aprobación de la reforma fiscal que proponía «para que pague más quien más tiene y se garantice así una financiación suficiente de los servicios sociales».
