El PSE y el PP lograron sacar adelante ayer una iniciativa en el Parlamento Vasco en el que instan al Gobierno Vasco a que modifique la normativa que obliga a varias empresas a prestar sus servicios en euskera y en castellano, con el fin de eliminar de la misma las medidas «coercitivas y sancionadoras».
El decreto 123/2008 sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias fue aprobado en julio de 2008 por el Gobierno Vasco y establecía una serie de sanciones para las empresas que incumplieran varias de las obligaciones recogidas en el mismo, que se tendrían que aplicar a partir del próximo 17 de julio.
Entre otras cuestiones, el decreto establece la obligatoriedad de las grandes empresas y establecimientos abiertos al público de rotular y atender en las dos lenguas oficiales, en base a la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias, que reconoce a los ciudadanos del País Vasco el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios. Están afectadas las firmas que emplean a más de 250 trabajadores con un volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros y establecimientos que disponen de una superficie de venta al público superior a 400 metros cuadrados ubicados en Bilbao, Vitoria y San Sebastián o en municipios con un porcentaje de bilingües superior al 33%. También atañe, entre otras, a las empresas con más de 15 trabajadores que presten atención al público.
El Departamento vasco de Cultura anunció recientemente que modificará este decreto con el fin de retrasar la aplicación de las sanciones «hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje», aunque la iniciativa parlamentaria aprobada ayer pide que se impulsen las «modificaciones normativas necesarias que permitan amparar y fomentar los derechos lingüísticos» de los consumidores «eliminando las medidas coercitivas y sancionadoras».
Hasta 600.000 euros
Mientras se proceda a la modificación de la legislación, la resolución aprobada, que contó con los votos negativos de PNV, Aralar y EB, y con la abstención de UPyD, también pide que el Gobierno Vasco establezca «una moratoria de un año» en la aplicación de las sanciones, fijadas entre los 3.000 y los 600.000 euros, en función de su gravedad.
El debate fue llevado al pleno por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien defendió una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno Vasco a la «inmediata derogación» de dicho decreto porque «no se puede imponer el uso de una lengua en la sociedad con medidas coercitivas e imposiciones». Esta iniciativa fue rechazada por todos los grupos, mientras que otra enmienda del PNV en la que solicitaba al Ejecutivo que cumpliera dicha normativa «mediante la aplicación» del decreto tampoco salió adelante.
