El Gobierno Vasco firmará el Pacto por la Vivienda sin los ayuntamientos

El documento definitivo del Pacto Social por la Vivienda, que fija las principales líneas urbanísticas para los próximos quince años, se firmará este miércoles con el apoyo de setenta entidades sociales y económicas. En esa nutrida lista, que el departamento de Iñaki Arriola no quiso adelantar ayer, no aparece Eudel, la asociación de municipios vascos. La presencia de las diputaciones vascas tampoco está prevista.

Los ayuntamientos, con competencias en materia de vivienda, aludieron ayer a una cuestión de plazos para explicar su ausencia en la rúbrica oficial. Fuentes de Eudel indicaron que se creó un grupo de trabajo para estudiar la nueva política que ha emprendido el consejero Iñaki Arriola y que, de momento, sus aportaciones no han sido aún remitidas a la comisión ejecutiva de la entidad, que sería la que diera o no el visto bueno al citado pacto. Desde Vivienda subrayaron, por su parte, que no han querido demorar más la firma del texto, en el que han estado trabajando desde el pasado mes de noviembre, pero que dejan la vía abierta para seguir recibiendo las aportaciones de los ayuntamientos.

El papel otorgado a los municipios en el documento es, sin embargo, sustancial. El pacto se estructura en cuatro retos, quince líneas de actuación y 87 acciones concretas, muchas de las cuales «refuerzan» las decisiones municipales en las políticas de vivienda.

Conseguir suelo para la VPO. El Gobierno Vasco es consciente de que para satisfacer la demanda actual de vivienda -96.000 inscritos en Etxebide, de los cuales 34.000 son de Gipuzkoa- hace falta construir más. El problema, además de la falta de suelo, es que «se necesitan buscar mecanismos que permitan rentabilizar las operaciones urbanísticas, dando a la VPO mayor protagonismo en los costes de urbanización. Para ello se citan varias medidas que señalan directamente a los municipios. Entre ellas, se les otorga «capacidad de decisión y garantía jurídica a la hora de fijar porcentajes adecuados» de VPO y vivienda libre en cada operación urbanística, «dentro de los límites que se establezcan en la normativa». También se habla de otras fórmulas como «la posibilidad de incrementar la edificabilidad», «la revisión para rescate de la plusvalía urbanística» y «la modificación de los precios repercutibles por suelo urbanizado», es decir, se abre la posibilidad de que se impute más coste a las viviendas públicas de lo que ahora se está haciendo.

En este sentido, el departamento de Arriola considera necesario «implementar herramientas y mecanismos legales que permitan a las administraciones locales una mayor flexibilidad para adecuar los recursos propios a su necesidad económica y social del momento».

El 50% de las VPO en alquiler. Fomentar el régimen de alquiler con carácter preferente es una de las líneas estratégicas de la política de Arriola desde que empezó la legislatura. El plan de cómo se va a hacer más atractiva esta modalidad pasa por promover el acceso a este régimen de 40.000 familias en quince años, con el objetivo de que en 2013 las viviendas públicas promovidas en alquiler representen el 40% del total de nuevas VPO y en 2025, el 50%.

Otra de las cuestiones que se quieren reformar es el actual sistema de sorteos. El Pacto por la Vivienda plantea «revisar la regulación actual de cupos a fin de conseguir un modelo de sorteo con baremación previa en el que primen criterios de necesidad objetiva de vivienda por encima de los de pertenencia a un determinado grupos social, sin perjuicio de la excepcionalidad de establecer determinados cupos sociales ante problemas especialmente sensibles».

En lo que respecta al régimen en propiedad, Vivienda se marca el reto de promover el acceso a estos pisos de 50.000 familias en 15 años. Cuestión clave es el precio que haya que pagar por estos alojamientos. Arriola defiende un nuevo modelo de tarifas para aplicar «precios diferenciados en función de los niveles de renta de los compradores», o lo que es lo mismo, subir el precio a las rentas más altas.

Rehabilitar 250.000 viviendas. Uno de los ejes estratégicos del Pacto por la Vivienda es el impulso a las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. En la actualidad Euskadi dispone de un parque edificado de más de 900.000 viviendas, de las que casi el 80% son anteriores a 1980. El horizonte pasa por rehabilitar y mejorar 250.000 de ellas en el plazo de 15 años. «Hay que asegurar el respeto a los recursos existentes, mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir el consumo de materias primas, poner en valor el parque de vivienda existente y fomentar la cohesión social».

Instituciones. El cuarto reto del departamento de Vivienda pasa por mejorar la corresponsabilidad entre las instituciones y por potenciar la colaboración público-privada. El objetivo es acabar con la rigidez de la legislación actual, de forma que cada municipio pueda dar solución a sus intereses. Entre las propuestas está la posibilidad de delegar progresivamente en los ayuntamientos la gestión y concesión de ayudas para la rehabilitación de pisos, a fin de agilizar trámites y evitar duplicidades. Se propone también la idea de consensuar una ordenanza tipo que regule las condiciones para la conversión de locales en viviendas.