El aterrizaje del plan de educación para la paz en el Parlamento Vasco reabrió ayer las diferencias entre el Gobierno Vasco y el PNV, y volvió a sembrar la confusión sobre el grado de acuerdo alcanzado por ambos en torno al mismo después de dos meses de duras negociaciones.
Mientras la consejera de Educación, Isabel Celaá, insistió en que, pese a las discrepancias, los avances negociados con el PNV son «importantes» y «suficientes» para que eche a andar el plan, los jeltzales insinuaron que de haber tenido que votar la propuesta en pleno no le hubieran dado el 'sí'. A ello se sumó la dura crítica vertida por el presidente del partido, Iñigo Urkullu, que, en un artículo en su blog, denunció que el plan se ha utilizado «como instrumento político al servicio de la imagen del lehendakari» y criticó que antes de llevarlo a la Cámara lo presentara en solitario en el Consejo de Gobierno.
Celaá llevó finalmente el peso de la comisión después de que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la de Justicia, Idoia Mendia, cuyos departamentos también están implicados, decidieran ausentarse finalmente por razones de operatividad en la exposición de ayer. No hubo votación, pero el debate, con el que finaliza la tramitación parlamentaria, dejó una fotografía clara de la situación: respaldo de PSE-EE, PP y UPyD; apoyo «crítico» de EB, y rechazo rotundo de Aralar y EA.
¿Y el PNV? El plan de educación se desbloqueó el pasado 31 de mayo tras el presunto acuerdo entre Gobierno y peneuvistas. Pero ayer, la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, incidió más en las discrepancias que en las coincidencias. Así aseguró que «no es nuestro plan», que el Ejecutivo «no tiene nuestra adhesión», que los acuerdos logrados «no son suficientes» y que si hubiera sido sometido a votación sólo contaría con el apoyo de PSE-EE, PP y UPyD, lo que desmentiría, según la parlamentaria, la tesis de Celaá de que el texto del actual Gobierno concita más apoyos que el anterior plan de educación del ex lehendakari Ibarretxe. Tras denunciar que el texto «sigue careciendo de la visión multilateral de los Derechos Humanos», Vaquero advirtió de que el PNV estará «vigilante» con su desarrollo.
Estas palabras no variaron la tesis de Celaá, que emplazó a la representante jeltzale a reconocer que hubo «avances importantes» que para el Gobierno Vasco son «suficientes», teniendo en cuenta que al principio de la negociación el PNV llegó a pedir incluso la devolución de todo el texto, que reformula el anterior plan de Ibarretxe.
Esta diferente interpretación, que ya se dio al finalizar la negociación, permite a los socialistas esgrimir que el controvertido plan sale adelante con una mayoría suficiente y transversal, y sin cambiar los principios básicos. Mientras, el PNV logra marcar un perfil propio frente a un plan que no les terminaba de gustar, sin aparecer como contrarios a una iniciativa muy sensible para las víctimas del terrorismo.
El único dato novedoso que aportó la consejera en las casi tres horas que duró la comisión fue el del presupuesto con que contará el plan de educación para la paz para su aplicación a partir del próximo curso escolar, en septiembre. Serán 6,7 millones de euros para 2010 y 2011.
Por lo demás, Celaá resumió la filosofía y los principios básicos de una iniciativa que responde al objetivo de profundizar en la deslegitimación del terrorismo y «evitar actitudes difusas o silencios clamorosos en relación con la violencia ilegítima».
Tras recordar que el nuevo documento es una reformulación del Plan de Educación para la Paz de 2008, impulsado por Ibarretxe, destacó que el texto refundido incorpora aportaciones de otros partidos, como el PNV, y de la comunidad educativa, en especial el Consejo Escolar de Euskadi.
Celaá defendió uno de los pilares del plan, la presencia física de las víctimas en las aulas, como «un recurso pedagógico valioso», respetando la autonomía de los centros. Ante la insistencia de los nacionalistas de que no se centre el foco sólo en las víctimas de ETA, la consejera garantizó que se permitirá la presencia «de todas las víctimas reconocidas por la ley», como las del GAL, Batallón Vasco-español y Triple A. Los departamentos de Interior y Educación se encargarán de seleccionar a las personas que finalmente vayan a las aulas.
«Mal comienzo»
No obstante, las discrepancias entre Gobierno Vasco y PNV se había activado desde la mañana, horas antes de la comisión. Iñigo Urkullu denunció en su blog que el Plan de Convivencia y Deslegitimación del Terrorismo ha tenido «un mal comienzo» porque se ha utilizado «como instrumento político al servicio de la imagen del lehendakari López».
Urkullu se refería al acto de presentación del plan en Gernika, realizado con «la solemnidad de siempre», con «el despliegue mediático al que nos tiene acostumbrados quien cree tener un problema de comunicación, las 'dejadas al ancho' típicas, y ya tópicas, en sus discursos sobre la necesidad de hacer todo esto porque los demás no lo hicieron, o no lo hicimos».
En este sentido, el dirigente nacionalista reprochó que López hablara sobre que «el fin de ETA está cerca». «¿No será mejor estar callado en cuanto a vaticinios arriesgados?», se preguntó el presidente del Euzkadi Buru Batzar.
