El PNV, partido que ha gestionado la Hacienda Foral de Gipuzkoa hasta 2007, reconoció ayer junto al resto de grupos que la «particular» aplicación del régimen tributario especial de las SPE que hizo el fisco durante la etapa en la que Víctor Bravo fue director del fisco (1991-2003) se convirtió en un «coladero» para decenas de empresas que se beneficiaron de cuantiosos beneficios y devoluciones fiscales aportando «muy poca cosa a la economía guipuzcoana». Todos los grupos que forman parte de la comisión de investigación del caso Víctor Bravo aprobaron ayer por unanimidad un informe de conclusiones, avanzado hace un par de semanas por este periódico, que subraya las «grandes quiebras» que se dieron en el funcionamiento de Hacienda al menos hasta 2003.
Tras más de siete meses de trabajo, la comisión que investiga las responsabilidades políticas del caso Víctor Bravo -al que la Fiscalía acusa de conceder a la empresa catalana Glass Costa Este Salou, de la que era socio, beneficios fiscales reservados sólo a empresas del territorio- dio ayer luz verde a la primera parte de las conclusiones, centradas principalmente en el análisis de los hechos. Apenas hubo discrepancias. Todos los grupos respaldaron un informe que se completará, en una próxima sesión, con las posibles responsabilidades políticas. Es precisamente en este punto donde la unanimidad que ayer se vivió podría resquebrajarse. La incógnita no durará mucho. La comisión tiene previsto aprobar la segunda parte de las conclusiones a finales de mes, para ratificarlo en Pleno en junio.
De cualquier manera, fuentes de la comisión recuerdan que, pese a la unanimidad lograda ayer, algún grupo puede plantear algún voto particular en la votación del Pleno. Las discrepancias no tendrían por qué centrarse exclusivamente en el establecimiento de las responsabilidades políticas. El PNV, por ejemplo, quiere dejar claro que las irregularidades en la gestión no se pueden extrapolar a todo el departamento de Hacienda, sino que se focalizarían en la concesión del régimen tributario de las SPE.
Mientras las posturas se acaban de fijar, el informe de antecedentes y hechos aprobado ayer viene a ratificar las conclusiones que ya adelantó este periódico hace un par de semanas y que recoge, con bastante detalle, las enormes carencias de «control» y «transparencia» que existían en la Hacienda foral de Gipuzkoa, al menos hasta 2003.
En el texto consensuado ayer, la comisión censura la peculiar aplicación del régimen especial tributario Sociedad de Promoción de Empresas (SPE), una figura fiscal que se creó para animar a los empresarios a reinvertir en el territorio los beneficios de su empresa a cambio de cuantiosas ventajas fiscales y de la que se benefició la empresa de la que era socio Víctor Bravo: Glass Costa.
Tal y como recogía el borrador adelantado por DV, la comisión censura que el artículo 60 del Impuesto de Sociedades, que regula este régimen, «ha sido un coladero para actividades que han aportado muy poca cosa a la economía guipuzcoana, en términos de reforzamiento de su tejido económico y empresarial y que se han beneficiado de cuantiosos beneficios y devoluciones fiscales». La comisión no escatima en calificativos a la hora de cuestionar la claridad del régimen de las SPE: «sin apenas garantías de transparencia, sin obligaciones de auditoría, sin posibilidades seguras de revisión temporal, que obliga de manera inmediata (aun sin justificar el cumplimiento de los requisitos de la autorización), que facilita el endeudamiento sin límite, con la puerta abierta a la participación en paraísos fiscales».
89 sociedades
Lo cierto es que no son pocas las empresas que se beneficiaron de este régimen. Hasta 2006, 89 sociedades mercantiles obtuvieron unos beneficios fiscales de 389 millones de euros, de los cuales 276,5 correspondieron al sector inmobiliario.
Bajo este escenario, el informe de conclusiones reprocharía a Víctor Bravo no haberse abstenido en el procedimiento, pese a estar «obligado» a ello al ser socio de Glass Costa; le recriminaría su actitud «poco transparente» al no haber informado a sus superiores de su condición de socio, y subrayaría las enormes deficiencias en el protocolo de concesión de las SPE. Entre ellas, la comisión subraya que la orden foral de concesión de los beneficios fiscales especiales a Glass Costa carecía de un informe escrito donde se explicaba si la empresa reunía los requisitos, una comprobación que, según el texto, se realizaba a posteriori.
Por todas estas razones, la comisión de investigación ha sostenido que el «procedimiento de concesión» de las SPE era «muy poco riguroso y falto de control». A su juicio, los responsables de Glass Costa «conocieran el régimen especial de Sociedad de Promoción de Empresas, valoraran el atractivo y las ventajas de esta figura fiscal, y optaran a su concesión teniendo en cuenta que uno de los socios era el director general de Hacienda en el mismo momento de la solicitud».
