La incineradora de Zubieta ha superado el trámite más delicado, en el que tenían puestos sus ojos tanto las instituciones que la apoyan como los grupos opositores. El Gobierno Vasco ha concedido la autorización ambiental integrada al Centro de Gestión de Residuos que se construirá en el citado enclave donostiarra. La obtención de este permiso garantiza que las instalaciones que el Consorcio de Residuos tiene previsto construir en Zubieta cumplirán los requisitos técnicos para minimizar el impacto en el entorno.
La autorización supone que el Consorcio de Residuos ha aprobado un 'examen' imprescindible desde el punto de vista legal. Pero no sólo es eso. La incineración resulta polémica allí donde se plantea. En Gipuzkoa también ha surgido una cierta contestación social en contra del proyecto de Zubieta. La obtención del permiso dará argumentos al Consorcio (entidad que reúne a todas las mancomunidades) a la hora de explicar que la actividad de la planta no será dañina para el entorno.
No es extraño, por tanto, que Carlos Ormazabal, diputado foral de Desarrollo Sostenible y presidente de la entidad, se mostrara ayer satisfecho cuando anunció públicamente que se había superado el trámite. «La acreditación del Gobierno Vasco supone el reconocimiento oficial de que la incineradora dispondrá de la tecnología adecuada para reducir al máximo el impacto de la gestión de residuos y eliminar los riesgos para la salud y el medio ambiente». En este sentido, señaló que de los 260 millones de euros que costará la planta, 15 corresponden a los filtros para el tratamiento de las emisiones.
Una vez obtenida la autorización, queda expedito el camino para iniciar las obras. El objetivo fijado es poner en marcha la incineradora a finales de 2013.
Plataforma
Dentro de aproximadamente dos semanas arrancarán los trabajos de construcción del vial de acceso a la plataforma donde se levantarán la incineradora y el resto de instalaciones. La carretera estará terminada en seis meses. A su vez, en breve se licitarán las obras del túnel que unirá la plataforma con el vial.
Ormazabal señaló que la incineradora «no tiene marcha atrás». Añadió que el objetivo de 2013 es irrenunciable y que no cabe por tanto la moratoria pedida por los opositores. «Los vertederos no dan más de sí. En un ejercicio de solidaridad, las comarcas que reciben la basura de Donostialdea prorrogaron la vida de sus vertederos de 2009 a 2013, pero no es posible alargar su actividad más allá de ese año».
El presidente del Consorcio concluyó que con el inicio de los trabajos para la construcción del Centro de Gestión de Residuos de Zubieta «vamos a afrontar la última etapa para la creación de la red de infraestructuras previstas en el Plan Integral de Gipuzkoa. Se hará realidad el cambio de la era del vertido a la del tratamiento moderno acorde con los criterios que emanan de la UE: reducir la generación, reciclar los residuos que sean aptos para ello y recuperar la energía que contiene la fracción resto mediante su valorización (incineración)».
400 millones
Superado el examen ambiental, queda pendiente el económico. El presidente del Consorcio precisó que el conjunto de infraestructuras previstas en el Plan de Residuos de Gipuzkoa requerirá una inversión de 400 millones de euros, de los que entre 300 y 320 se destinarán al Centro de Gestión de Zubieta (260 millones corresponden a la incineradora y 15 a los filtros).
Los entre 80 y 100 millones de euros restantes se invertirán en otras infraestructuras complementarias que se distribuirán por el resto del territorio, entre ellas, las estaciones de transferencia de las distintas mancomunidades y las plantas de compostaje.
Ormazabal explicó que ya se ha presentado la solicitud para la financiación del 50% del presupuesto total de 400 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Diputación aportará 127 millones más en cinco años y el resto se negociará con la banca privada. El responsable foral señaló que la semana pasada se mantuvo una reunión con miembros del BEI. «Las expectativas son favorables para esa línea de crédito de 200 millones», indicó Ormazabal.
