Las cajas de ahorro viven un complejo proceso de metamorfosis que se está encontrando con muchas más resistencias y dificultades de las que nunca hubieran esperado sus impulsores. La reordenación de este estratégico sector ha derivado en un campo de batalla cuyo último episodio ha sido el grandísimo lío vivido esta semana en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
Los convulsos acontecimientos registrados en el seno de la organización, que tienen mucho que ver con los planes diseñados por el Gobierno para tratar de cerrar la hasta ahora imposible reconversión, se saldaron el miércoles con la dimisión de su hasta ahora presidente, Juan Ramón Quintás. Y con la confirmación de que el máximo responsable de La Caixa, Isidro Fainé -apoyado por el Gobierno, por la oposición y por algunas de las grandes cajas-, cuenta con todas las papeletas para pilotar la transformación y cambio de modelo del sector, acuciado por una cada vez más asfixiante necesidad de capitalización y una creciente morosidad. De cumplirse el guión, la industria 'cajera' del futuro más inmediato tendrá poco que ver con la actual. Tanto en el fondo, como en la forma.
Desde que a mediados del pasado año arrancara oficialmente la reordenación de las cajas -la idea original pasaba porque las más sanas y potentes absorbieran a las más enfermas-, las numerosas piedras desparramadas por el camino -la mayor parte, si no todas, por partidos y autonomías- han impedido cumplir los objetivos diseñados por el Banco de España. Ante la falta de la necesaria cobertura política para llevar la nave a buen puerto, la institución presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ve con impotencia cómo este tortuoso proceso está minando su hasta hace poco inmaculado prestigio internacional.
Los SIP entran en juego
Después de asumir que los intereses partidarios han impedido el gran objetivo de generalizar las fusiones interterritoriales -es decir, entre cajas de distintas comunidades-, el Banco de España apostó por una vía que, manteniendo los delicadísimos equilibrios a los que está sometido el proceso, permitiría, en teoría, proceder al necesario redimensionamiento en los plazos previstos.
Se trata de las llamadas fusiones virtuales a través de un SIP (Sistema Institucional de Protección). ¿Cuáles son las ventajas de esa figura? La básica, que permite integrar áreas como la actividad financiera, la tesorería, las participaciones industriales o la gestión de riesgos, y consolidar balances. Todo ello manteniendo la sede, la marca, la obra social y los consejos de administración de cada una de las cajas que lo conforman. En suma, quienes lo utilicen refuerzan su liquidez y solvencia, pero conservando su identidad y personalidad jurídica. Esa característica hace que muchos expertos y entidades hayan apostado por esa figura como alternativa.
Tras largos y complejos meses de negociaciones entre cajas, el trabajo realizado se plasma en la puesta en marcha de nueve procesos, muchos de ellos bajo el paraguas de un SIP, en los que participan más de la mitad de las 45 cajas que componen el sector.
Pero la realidad es tozuda, y la mayor parte de esas operaciones estás sumidas en una fase de indefinición y aún tienen mucho por atar y concretar antes de cerrar un acuerdo.
En la génesis de esta situación de 'impasse' se encuentra, en la mayor parte de los casos, la gran indefinición legal existente en torno a los SIP. Tal y como explica un responsable financiero de primera línea, «esa figura no está diseñada en absoluto para lo que se quiere hacer con las cajas y la falta de regulación provoca una total inseguridad legal, jurídica, fiscal y contable que hace muy difícil que se pueda cerrar cualquier operación». A su juicio, mientras no se regulen por ley los aspectos sustanciales, fiscales, técnicos y contables, «muchos de los procesos puestos en marcha están abocados a no ver la luz».
Un dictamen jurídico elaborado por el despacho de abogados Garrigues, a petición de la CECA, llega a la misma conclusión. Señala textualmente que «la regulación de los SIP es escasa, pues se limita a aspectos estrictamente ligados a la gestión de la solvencia, liquidez y la garantía recíproca entre las entidades participantes, lo que está generando un retraso en la conformación de SIP entre cajas de ahorro. Por ello, sería necesario una regulación que cubriese las lagunas en las materias contables, fiscal y de gobierno de los SIP integrados por cajas de ahorro».
En suma, llenar los enormes vacíos legales de los Sistemas Institucionales de Protección se sitúa como una de las asignaturas pendiente a solventar de forma inmediata para permitir que la reordenación siga avanzado.
Los plazos se agotan
Y es que los plazos aprietan. No hay que olvidar que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que liberará los recursos económicos necesarios para financiar el proceso, tiene fecha de caducidad, el 30 de junio. Con todo, el Gobierno ya ha admitido que contempla solicitar ante la Unión Europea una prórroga de ese instrumento ante la constatación de que las fechas previstas van a ser insuficientes.
La legislación sobre los SIP no es la única cuestión a resolver en el sector de la cajas. La limitación drástica de la influencia política y la superación de su gigantesca necesidad de capitalización son otro dos asuntos capitales a despejar. Ambas cuestiones quedarán plasmadas en la futura y esperada reforma de Ley de Cajas .
El modelo diseñado por el Gobierno para capitalizar las entidades ha estado en el origen de los acontecimientos vividos esta semana en la CECA. El gabinete de Zapatero defiende como imprescindible que las cajas pongan en marcha cuotas participativas con derechos políticos para lograr la tan necesitada captación de recursos.
Aún están a falta de definir las características de ese proceso y el alcance de los derechos políticos, pero esa opción implica una cierta bancarización del sector. Permitiría, en la práctica, la entrada de bancos y de otros inversores en las entidades. Pero también posibilitaría que las cajas potentes y saneadas tomaran participaciones en las más débiles, lo que permitiría a éstas última captar recursos y sanear su situación.
En suma, esa política contribuiría, junto con otras actuaciones, a impulsar definitivamente la reordenación. Y es en ese contexto en el que, según los medios consultados, encaja el anuncio del Gobierno de pedir la ampliación de los plazos del FROB. La idea pasaría por cerrar definitivamente el proceso en lo que queda de 2010.
A priori, la opción diseñada por el Ejecutivo cuenta con el apoyo, además del PSOE, del PP y de CiU. El PNV no decidirá su posición sobre las cuotas hasta que no conozca el planteamiento exacto del gabinete.
La alternativa Fainé
El hasta hace pocos días presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, ha sido un histórico defensor del modelo tradicional de cajas y un encendido detractor de su bancarización, al entender que supondría perder su personalidad histórica. El candidato propuesto por Quintás para sucederle, Amado Franco, presidente de Ibercaja, es considerado también un valedor de esa misma teoría.
Así que el Gobierno impulsó, con el apoyo de otras formaciones y de distintas entidades, la alternativa del presidente de La Caixa, Isidro Fainé, para presidir la CECA y liderar el proceso pendiente. Y la falta de apoyos de Quintás para frenar la opción del Ejecutivo y blindar a su candidato ha forzado su marcha.
El gestor catalán es un defensor del proceso de titulización de las cajas, al igual que el presidente de Unicaja, Braulio Medel, cercano al PSOE y cuyo nombre también ha sonado para relevar a Quintás. Pese a que Fainé genera recelos entre las cajas medianas y pequeñas -no hay que olvidar que en el sector está extendido que «La Caixa es la caja menos caja de todas las cajas»-, todo apunta a que logrará el consenso necesario para dirigir los designios de la patronal de las entidades durante los próximos dos años y pilotar la hasta ahora imposible reconversión de las cajas.
