El conflicto por la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) ha llegado ya a Estrasburgo. Un centenar de familias ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la primera demanda contra España por incluir esta asignatura como obligatoria, apelando a la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.
Estos padres, procedentes de Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia, han solicitado a la Alta Corte medidas cautelares que obliguen al Estado a no forzar la entrada de los niños en clase. La demanda invoca los artículos número 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), 9 (libertad de pensamiento conciencia y religión), y 2 del protocolo número 1 (derecho a la educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, el escrito expresa la queja por la violación del artículo 14 (prohibición de discriminación) y solicita una compensación equitativa, sin cuantificar, por «los daños morales causados». También solicitan que el tribunal exija al Gobierno que respete la «neutralidad ideológica» de la enseñanza.
El portavoz de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, confió en que Estrasburgo demuestre «más imparcialidad» que el Tribunal Supremo, que rechazó la objeción de conciencia a esta asignatura.
