La incineradora no tiene marcha atrás. A finales de año se comenzarán a ejecutar la plataforma donde se asentará y los viales de acceso. En los últimos meses de 2011 arrancará la construcción de la planta de Zubieta, con el objetivo de inaugurarla en 2013. Carlos Ormazabal, diputado foral de Desarrollo Sostenible y presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, reiteró ayer la validez de estos plazos con el fin de apuntalar un mensaje: la incineradora sigue adelante y, por tanto, de moratoria nada de nada.
Los destinatarios del mensaje son los firmantes del Pacto de Usurbil, que reúne a partidos políticos, plataformas y grupos ecologistas que proponen la recogida de la basura puerta a puerta como sistema alternativo a la incineración. El modelo está en marcha en Usurbil. Hernani y Oiartzun lo implantarán en mayo. Los firmantes del pacto reclaman una moratoria de seis años en la construcción de la planta.
Esta petición ha provocado un profundo malestar entre los responsables de los vertederos de Lapatx, Sasieta y Urteta. Estos tres basureros reciben los residuos que se depositaban en San Marcos, es decir, los generados por Donostialdea. Las tres mancomunidades se comprometieron a acoger los residuos a condición de que la incineradora funcione en 2013, fecha en la que se cerrarían sus vertederos.
Julián Eizmendi, alcalde de Azpeitia y presidente de la Mancomunidad de Urola Medio (vertedero de Lapatx); Lide Amilibia, presidenta de la Mancomunidad de Urola Kosta (vertedero de Urteta, Zarautz) y Patxi Albisu, alcalde de Lazkao y vicepresidente de Sasieta (vertedero de Beasain) reclamaron la semana pasada que se cumplan los plazos previstos en el acuerdo que se firmó en 2007.
Carlos Ormazabal convocó ayer en las instalaciones de Lapatx a los responsables de las mancomunidades citadas anteriormente con el fin de escenificar que los compromisos iniciales siguen adelante.
El diputado foral traía además una novedad en caliente. El Consejo del Consorcio de Residuos había aprobado esa misma mañana la adjudicación del proyecto de los viales de acceso a la zona de Zubieta en la que se construirá el Centro de Gestión de Residuos.
Al concurso se presentaron veinte licitadores, resultando ganador Altuna y Uría. El trabajo deberá ser entregado en seis meses.
«Hacemos los deberes»
Ormazabal explicó que el paso dado por el Consorcio «visualiza que estamos haciendo los deberes y que en breve empezarán las obras de la primera fase, los viales. Está claro que nuestro objetivo es cumplir los plazos». Recordó que la ejecución de la plataforma en la que se asentará el Centro de Residuos comenzará a realizarse a finales de este año y que la obra de la incineradora arrancará en el último trimestre de 2011, con el objetivo de ponerla en marcha en 2013.
Respecto a la petición de moratoria, el diputado se mostró claro. «El Consorcio cumple con las obligaciones que nos trasladaron las ocho mancomunidades cuando se firmó la constitución de la entidad. Se fijaron plazos y condiciones, y nosotros las vamos a cumplir».
El diputado añadió que Sasieta, Lapatx y Urteta se encuentran «próximos al límite de su capacidad. Estamos dando todos los pasos necesarios para que no se amplíe su vida ni un solo día más de los previstos».
De las 130.000 toneladas que se arrojaban al vertedero de San Marcos, 105.000 se depositan ahora en los otros tres basureros guipuzcoanos y 25.000 en Igorre (Vizcaya).
El diputado advirtió que en el convenio firmado en 2007 se preveía que si los plazos se retrasan, los tres vertederos pueden exigir que se reduzca la cantidad de residuos que reciben desde otras mancomunidades, con el fin de asegurar el servicio a la suya.
Ormazabal añadió que también se está llevando a efecto el Plan de Residuos aprobado en las Juntas en 2008, documento que contempla la incineración. El plan contó con el voto a favor de PNV, EA, PSE y PP, en tanto que EB y Aralar se posicionaron en contra.
Greenpeace denunció que con el anuncio de la construcción de los viales de acceso la Diputación «avala una política de hechos consumados que haga irrevocable» un proyecto que aún no ha sido aprobado.
