La sombra de la corrupción planea desde ayer sobre uno de los pesos pesados del PNV alavés, cinco significados 'fontaneros' y militantes, las esposas de dos de ellos y, por extensión, sobre el partido que gobierna la Diputación. El origen de la sombra no es baladí: la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia de Vitoria. Los posibles cargos en juego aún menos: cohecho (nombre que recibe el delito que comete un funcionario o una autoridad al cobrar o pedir dinero a cambio de algo), tráfico de influencias y blanqueo de dinero. En el fondo de las sospechas judiciales, el cobro de comisiones en operaciones, algunas relacionadas, al parecer, con el Parque Tecnológico de Miñano.
Se trata del caso de presunta corrupción en el que se ha visto involucrado un cargo público peneuvista de mayor rango, el diputado foral de Administración Local del Gabinete Aguirre. Pero es que Alfredo De Miguel es mucho más que el titular de la cartera que se encarga de 'mimar' a los pueblos, el principal granero de votos del PNV, que desde hace años apenas es la tercera fuerza política en Vitoria. Es el vicepresidente segundo de la Caja Vital, el hombre que ha negociado en representación de su partido el reparto de poder en SEA o la Cámara de Comercio y, por encima de todo, quien encabezaba todas las quinielas para suceder a Iñaki Gerenabarrena como líder territorial del partido. Ambos se alinearon con Egibar y contra Urkullu en la batalla interna, aunque esas posiciones podrían haberse atenuado en los últimos meses.
En medios políticos se venía especulando desde hace meses con un cierto distanciamiento entre De Miguel y su mentor político, Gerenabarrena. Lo que era vox pópuli en el Palacio foral es que el imputado no formaba parte del círculo interior de Xabier Agirre, integrado por su jefe de gabinete, Juan Carlos Peral, y el teniente de diputado general Claudio Rodríguez. Aún así nadie cuestionaba que era de largo el mejor situado para guiar al futuro PNV alavés.
Coincidencias
Entre los otros siete 'alderdikides' (militantes) que pasaron el día en el Palacio de Justicia de Vitoria destacan otros dos nombres: Alfonso Arriola y Aitor Tellería, ambos conocidos 'fontaneros'. El primero declinó hace una década ser el candidato del PNV a la Alcaldía de Vitoria (ocupó su puesto Mikel Martínez), pese a lo cual fue promovido luego a la dirección del Parque Tecnológico de Álava, donde llevó a cabo una política fuertemente expansiva que se tradujo en más terreno, más edificios y más empresas. El año pasado, tras la llegada del PSE a Ajuria Enea, el PNV le buscó acomodo como asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Además era columnista en un medio de comunicación local y resultaba habitual verle en actos públicos y fiestas junto a De Miguel. Seguro que en los últimos años fueron cientos las veces que estuvo con Tellería, ex juntero, ex concejal y director gerente de Ceia, una especie de semillero de pabellones para nuevas empresas también radicado en el parque.
Presunción de inocencia. Estas tres palabras encabezaron los discursos de todas las formaciones políticas hasta conocer el resultado de las indagaciones judiciales, desgranar al detalle los hechos y saber la fuerza de las pruebas contra los imputados. Lo constitucionalmente exigible, vamos, y lo que probablemente dicta la prudencia; en especial en una provincia que ha asistido en los últimos años a sonados casos judiciales que han terminado con la libre absolución de los imputados. El más reciente y el más conocido, el del antiguo teniente de alcalde del PP y ex concejal de Urbanismo de Vitoria, Jorge Ibarrondo.
Agirre, exigente
En este clima en modo alguno pasaron desapercibidas las palabras del diputado general de Álava. Xabier Agirre es todo un veterano de la política. De verbo preciso y trato afable, en su dilatada trayectoria pública se vio obligado a ser la voz del EBB en el duro trago de la escisión de la que surgió EA o el portavoz del Departamento de Interior en lo que se conoció como 'el escándalo de las tragaperras', la concesión anómala de miles de licencias para explotar este tipo de máquinas, que se vinculó a la financiación irregular del PNV.
Ayer, consciente de que la precampaña para las elecciones municipales y forales de mayo de 2011 ya está lanzada, y de que el gran debate jurídico, político y periodístico de los próximos meses girará en torno a si los hechos afectan sólo a personas o a personas y al PNV, arriesgó y movió pieza. Agirre invocó la presunción de inocencia de su diputado, pero advirtió de que si salía del Juzgado imputado con cargos lo correcto sería que presentara su dimisión.
De Miguel quedó anoche imputado con cargos. Se agolpan las preguntas para hoy. ¿Dimitirá? ¿Será cesado si no lo hace? Su otro superior, el presidente de la Vital, Gregorio Rojo, ¿lo destituirá también como 'número tres' de la entidad? ¿El PP volverá a la carga contra el Gobierno Aguirre? ¿Mantendrá Txarli Prieto la entente entre su partido, el PSE, y los jeltzales?
