El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido al Gobierno Vasco de que su proyecto de decreto sobre la renta de garantía de ingresos (RGI), que otorga subsidios de entre 650 y 930 euros mensuales a los ciudadanos en paro y sin ingresos, puede animar a algunas personas a no buscar trabajo, sobre todo cuando la cuantía de las ayudas «se aproxime a las retribuciones de algunos sectores laborales».
Las críticas del CES, que elabora informes sobre los proyectos legislativos del Ejecutivo autónomo, unas veces con carácter preceptivo y otras por su propia iniciativa, aparecen recogidas en un dictamen que fue publicado ayer y que fue consensuado por Confebask y los sindicatos, a excepción de ELA y LAB, que no acuden a las reuniones. El documento pide al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que, antes de aprobar el nuevo decreto, valore «la interrelación» que puede tener con el mercado laboral», una expresión 'negociada' por los autores que mereció un único voto particular: el del representante de la Universidad del País Vasco (UPV), Mikel de la Fuente, quien considera «extemporáneo» que el CES hable de las cuantías de la RGI (antigua renta básica), pues ese debate está zanjado en la Ley de Garantía de Ingresos que fue aprobada hace dos años por el Parlamento de Vitoria: el 88% del salario mínimo interprofesional para una persona sola, proporción que aumenta hasta el 125% para unidades de convivencia con tres o más miembros.
Prestación de vivienda
Fuentes del CES reconocieron que sobre los debates de ese órgano consultivo ha planeado otro decreto ya aprobado por la consejería de Zabaleta: el de la prestación complementaria de vivienda, que concede entre 250 y 320 euros mensuales adicionales a quienes ya cobren la renta básica y necesiten pagar un alquiler.
Sumando los dos subsidios, se pueden percibir entre 900 y 1.250 euros al mes. No obstante, de las casi 55.000 personas que percibieron la RGI en 2009, sólo la cobraron íntegra 19.200, muchas de las cuales tienen problemas sociosanitarios y no pueden trabajar. Otros 21.000 beneficiarios eran personas mayores que complementan sus pensiones mínimas con una parte de la renta básica. Y los 14.800 perceptores restantes eran trabajadores con salarios muy bajos a los que, igualmente, sólo se concede parcialmente el subsidio; en este caso para que les merezca la pena seguir con el empleo precario a dejarlo y pedir íntegra la ayuda.
Las discusiones del CES sobre la renta de garantía se han producido, precisamente, cuando la crisis económica amenaza con convertir a los trabajadores desempleados y con sueldos ínfimos en el colectivo más numeroso de los que reciben ayudas sociales. En este sentido, el órgano consultivo ha recogido, expresadas de una manera contenida, las reivindicaciones de Confebask, que acudió a las deliberaciones con un listado de 33 sectores económicos que tienen convenios laborales iguales e inferiores a la RGI: gasolineras, la siderometalurgia, la hosteleria, el comercio, las pastelerías, las empresas de seguridad...
El informe del CES reconoce que el futuro decreto del Gobierno Vasco exigirá a quienes cobren la RGI que asistan a cursos de formación laboral y acepten empleos. Sin embargo, los autores ponen en duda que ese control pueda ejercerse a través de convenios de inclusión y del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).
