La Comisión Especial de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó ayer, con los votos del PSE-EE, PNV, EA y Aralar-Alternatiba, una declaración que «hace suyas» las recomendaciones del relator de la ONU en favor de «erradicar la detención incomunicada», según reza el texto municipal. La decisión estuvo envuelta en cierta confusión por la distinta interpretación dada por socialistas, por una parte, y sus socios de Aralar, por otra.
La formación de izquierda aber-tzale hizo hincapié en el hecho de que había logrado un consenso para sumar a los socialistas contra las torturas y contra la detención incomunicada, incluida en la legislación antiterrorista. Por contra, desde la Alcaldía de San Sebastián y el PSE-EE rebajaron anoche el alcance del acuerdo y resaltaron que lo que se aprobó fue reafirmar la condena contra ETA e incluir, en este marco contra el terrorismo, unas recomendaciones generales del relator de la ONU en las que pide erradicar la incomunicación por su riesgo de que dé lugar a malos tratos. El PSE también cuestionó que la comisión municipal de Derechos Humanos fuera el marco idóneo para este debate.
No obstante, finalmente, el PSE y el resto de grupos llegaron a un consenso para poder establecer un criterio que pudiera ser compartido por todos sus componentes. Así, se dio luz verde a una declaración de tres puntos que pone como punto de partida la condena de ETA y el mantenimiento de la unidad para deslegitimar la violencia. El segundo punto expresa el respeto, «sin excepciones», a los derechos humanos.
En este contexto se enmarca el tercer y polémico apartado, que señala textualmente que la comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián «toma en consideración y hace suyas las recomendaciones 62 y 63 del relator de la ONU». Estas dos recomendaciones recogen la necesidad de «erradicar la detención incomunicada, por cuanto ese régimen excepcional no sólo supone el riesgo de que se inflija un trato prohibido a los detenidos, sino que también expone a España a denuncias de tortura y, en consecuencia, debilita la legitimidad de sus medidas antiterroristas». El PP fue el único grupo que votó en contra de la iniciativa.
La petición de elaborar una declaración institucional surgió, de la mano de Aralar-Alternatiba, tras una denuncia de torturas formulada por escrito ante el Ayuntamiento por un grupo de familiares de jóvenes detenidos en San Sebastián el 24 de noviembre de 2009 por orden de la Audiencia Nacional. Los familiares de los arrestados habían sido escuchados en la Comisión de Derechos Humanos en enero.
Nada más aprobarse el texto, el coordinador de Aralar en Gipuzkoa, Oxel Erostarbe, se apresuró a felicitarse por el hecho de que el PSE de San Sebastián hiciera suyo el posicionamiento de su partido «contra la detención incomunicada», y deseó que en el futuro «más personas de ese partido se sumen» a esta tesis.
Por su parte, el alcalde, Odón Elorza, consultado por este periódico, prefirió remitirse al texto de la comisión. Horas después, en declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde precisó que el texto no buscaba «descalificar» la política antiterrorista de ningún Gobierno, sino reconocer que se pueden «perfeccionar los mecanismos del Estado de Derecho» y las garantías de los detenidos, en la línea de lo marcado por el relator.
El PSE-EE guipuzcoano sí difundió una nota para aclarar todos los términos. Así, destacó que la representación socialista rechazó la intención inicial de Aralar-Alternatiba de hacer un «juicio político» sobre la legislación antiterrorista, «desenfocando el problema del terrorismo». Los socialistas insistieron en que lo importante del texto aprobado ayer es el rechazo expresado al terrorismo de ETA.
