La falta de convenios con los llamados países emergentes en la adopción, como Etiopía o Vietnam, obligó el año pasado a 76 familias vascas a 'mudarse' de comunidad autónoma para cumplir con todos los trámites. El proceso administrativo para acoger a un niño extranjero, ya de por sí largo y engorroso, se complica aún más en el caso de los menores que residen en países en los que no trabaja ninguna ECAI autorizada en el País Vasco, que son las agencias acreditadas para intermediar en todo el proceso de la adopción, desde que se solicita la acogida de un niño hasta que éste llega a su nuevo hogar. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales está trabajando para reformar el actual decreto que regula este procedimiento para sustituirlo por otro que contenga los nuevos escenarios del cambiante fenómeno de la adopción internacional.
Son las comunidades autónomas las encargadas de autorizar a las citadas agencias mediadoras. En Euskadi trabajan cinco que, a su vez, también están acreditadas en los países de origen de los menores, en este caso, Rusia, Colombia, Perú, China, Brasil y Bulgaria. Otros Estados permiten que sean las propias familias las que directamente se encarguen de la acogida del niño, pero son los menos. Rusia, por ejemplo, aceptaba esta vía hasta hace pocos años pero ahora sólo permite las adopciones de niños huérfanos a través de las agencias mediadoras.
El problema surge cuando una familia quiere adoptar a un menor en un país en el que no trabaja ninguna agencia autorizada en Euskadi. Hasta la fecha el Gobierno Vasco derivaba estos casos a otras comunidades autónomas donde sí estaban representadas estas entidades. El año pasado 76 familias tuvieron que tramitar su expediente de adopción fuera de Euskadi por este motivo, lo que supuso un 32% del total (236 peticiones de adopción). 19 de ellas eran guipuzcoanas, otras 46 vizcaínas y las once restantes, alavesas, según los datos aportados por el departamento encabezado por Gemma Zabaleta.
Etiopía, con 39 expedientes, y Vietnam, con 14, son dos de los países en auge a los cuales la Administración «mira con lupa para que se cumplan todas las garantías», subraya la consejera Zabaleta, ya que ninguno de los dos ha firmado el Convenio de La Haya, donde se establecen los derechos básicos de los menores que van a ser adoptados. En el caso de Vietnam, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha firmado un convenio para formalizar las adopciones y, en Etiopía, se está a la espera de un informe de Unicef para asegurar las condiciones de todo el procedimiento, explican fuentes del departamento.
La emergencia de estos 'nuevos' países ha desbancado a China, hasta hace poco destino de la mayoría de familias que querían acoger a un menor. El endurecimiento de los requisitos y la tardanza en la asignación de los niños hicieron caer en picado las solicitudes de adopción en el país oriental, lo que se tradujo en un descenso en las estadísticas. Si en 2007 se tramitaron 446 expedientes en todo Euskadi, un año más tarde fueron 331 (un 25% menos) y en 2009, 236.
Estas nuevas circunstancias ya motivaron un cambio de reglamento en 2003. El decreto que se redactó buscaba paliar las carencias de la anterior norma, aprobada en 1996, así como la supresión de aquellos aspectos que habían quedado obsoletos. Según explica Zabaleta, entonces ya se intentó resolver la situación de las familias que miraban hacia países fuera del catálogo habitual. Se convocó un concurso público que finalmente quedó desierto para Vietnam y Etiopía, por lo que no se pudo ofrecer el servicio a las familias.
Contrato común
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales retoma ahora esa idea aunque no se utilizará la figura del concurso público, sino que será la propia ECAI la que pida a la consejería la autorización para trabajar en determinado país, lo que en teoría facilitará los trámites y, por ende, el proceso a las familias que ya no tendrán que recurrir a otras comunidades autónomas.
Otra de las novedades será la incorporación de un contrato común para todas las entidades mediadoras en la adopción en el que se establezcan las condiciones, los plazos y el precio que las familias pagan por todo el proceso, que suele variar en función de cada ECAI. «A veces se suelen generar problemas y quejas de las familias, por falta de claridad. Con el contrato común para todas las ECAI eso se resolvería», explica Zabaleta, que también anuncia la puesta en marcha de un reglamento nuevo para todas las agencias mediadoras.
En esta nueva norma de funcionamiento se establecerán las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de contrato y de cualquier otra irregularidad, que podría acabar con una sanción económica y, en caso extremo, con el cese de la autorización de la ECAI. El hecho de que muchos expedientes se tramitan a a través de agencias radicadas en otras comunidades impedía al Gobierno Vasco tomar cartas en el asunto cuando se presentaba una reclamación, un vacío que ahora se quiere resolver ya que la Administración vasca podrá actuar directamente sobre la agencia autorizada.
Los cambios propuestos ya han sido presentados a las diputaciones, que son las que luego tramitan las solicitudes, por lo que se espera aprobar el decreto antes del verano a la vista del acuerdo inicial.
