Los adjudicatarios de viviendas protegidas en régimen de derecho de superficie están de enhorabuena. El Gobierno Vasco está dispuesto a vender la propiedad del suelo a los actuales inquilinos con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a la promoción de viviendas en alquiler. Los actuales adjudicatarios que estén interesados en obtener la propiedad de su vivienda deberán pagar una media de entre 9.000 y 12.000 euros, dependiendo del tipo de vivienda. Eso sí, el piso tendrá de por vida la calificación permanente de vivienda protegida. No se podrá especular con ella.
Las estrecheces de la crisis económica han llevado a la Consejería de Vivienda y Transportes a buscar alternativas para obtener fondos que pueda destinar a la promoción de viviendas en alquiler, la principal apuesta del departamento. Según sus cálculos, con que el 10% de los adjudicatarios respondiera afirmativamente a la oferta, ingresaría en su arcas 24,1 millones de euros.
La idea de vender la propiedad del suelo a los adjudicatarios ya la deslizó el consejero Iñaki Arriola durante el debate de Presupuestos pero es ahora cuando va tomando cuerpo. A lo largo de este año se desarrollará una normativa que concrete el procedimiento pero, en un principio, los planes del Ejecutivo pasan por empezar a ofrecer la propiedad del suelo a las viviendas más antiguas y seguir con el resto de forma escalonada.
En Gipuzkoa, existen actualmente 7.190 viviendas protegidas (tasadas, VPO y sociales) que fueron adjudicadas en su día en derecho de superficie, es decir, los beneficiarios adquirían el derecho de vivir en la vivienda durante 75 años, pero sin tener la propiedad del suelo. Pasado ese tiempo, la vivienda volvería a las manos de la Administración. En todo el País Vasco, la cifra de esas viviendas asciende a 20.388 (9.143 en Vizcaya y 4.005 en Álava), según se cita en una respuesta parlamentaria por escrito del consejero Arriola al grupo Mixto-EzkerBatua Berdeak.
En la actualidad, la práctica totalidad de viviendas protegidas que saca al mercado el Gobierno Vasco tiene el citado régimen de derecho de superficie. Se trata de un mecanismo iniciado en 1993 pensado para abaratar el precio de las viviendas protegidas mediante la no repercusión del coste de suelo y urbanización. El actual consejero de Vivienda considera que dicho «mecanismo ha quebrado» al haberse aplicado «por sistema los precios máximos posibles» con independencia de si se trataba de régimen en derecho de superficie o en propiedad. «Se ha vendido por sistema al mismo precio dos productos diferentes y con valores reales diferentes», asegura Arriola.
Calificación permanente
A esta tesitura se une el hecho de que, como hasta 2003 no se generalizó la calificación permanente de las viviendas protegidas, algunos pisos en derecho de superficie tienen esta limitación y otras no. Esta circunstancia provoca que estas viviendas -las más antiguas- tuvieran por un lado fecha de caducidad en su condición de VPO, pero no en la de derecho de superficie. Con lo cual, se podría dar el caso de que una adjudicatario vendiera el derecho de superficie en el mercado libre a un comprador que, pasados unos años, tendría que devolver el piso al Gobierno Vasco.
En la actualidad, de las 20.388 viviendas en derecho de superficie que hay en Euskadi, 12.058 disponen de calificación temporal con fechas de descalificación entre 2010 y 2028; y 8.020 tienen ya calificación permanente.
La nueva medida que quiere poner en marcha el Gobierno Vasco dará la oportunidad a los adjudicatarios de viviendas protegidas en derecho de superficie de lograr la propiedad del suelo. A cambio, aquellas que no tenían la calificación permanente de vivienda protegida pasarán a tenerla.
Para ello, los adjudicatarios deberán pagar el precio del suelo, establecido en el 20% del valor actual de las VPO, en el 25% en el caso de las tasadas y en el 15% en el caso de las viviendas sociales. Según fuentes del Ejecutivo, la media se sitúa entorno a los 9.000-12.000 euros. El procedimiento de la compraventa se concretará con una normativa a desarrollar a lo largo del año, aunque las ofertas se realizarán de forma escalonada, empezando por las viviendas más antiguas.
Con esto, la consejería de Arriola quiere además impedir que se den casos de deterioro de la vivienda. En los últimos años de concesión del derecho de superficie, «muchas veces no se arregla la casa y el departamento tendría que acometer a las reformas». También pretende evitar hacer frente a situaciones de desahucios. Pasados los 75 años del derecho de superficie, se puede dar el caso de inquilinos -hijos- sigan en la vivienda y que se nieguen a abandonarla.
