Los titulares de la RGI no estarán obligados a identificarse con la huella digital en Lanbide

Oficina de Lanbide del barrio donostiarra de Gros./LOBO ALTUNA
Oficina de Lanbide del barrio donostiarra de Gros. / LOBO ALTUNA

La fase piloto, que se puso en marcha en una oficina de Vitoria, ha recogido los datos de los usuarios de forma voluntaria, como marca la normativa europea

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

La huella digital para identificar a los trabajadores y usuarios de las oficinas de Lanbide, donde se tramita la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), no podrá ser obligatoria para los usuarios. Así lo advirtió hace unas semanas la Agencia Vasca de Protección de Datos y así lo está cumpliendo el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en la fase piloto puesta en marcha en una oficina en Vitoria, y que todavía sigue operativa, a las puertas de que se incorpore en diez oficinas más en los próximos seis meses.

El aviso a navegantes de la directora de la agencia, Margarita Uria, en su comparecencia en el Parlamento Vasco, provocó un pequeño seísmo en el servicio vasco de empleo, ya que la primera intención era extender la identificación digital, un método de control contra el fraude de las ayudas -como fue enmarcada la decisión de aplicar este método-, a todos los perceptores de la prestación, así como al resto de usuarios de Lanbide (los demandantes de empleo, por ejemplo), y a los trabajadores de las oficinas. Pero la normativa europea, que entrará en vigor el 25 de mayo, establece como regla general la prohibición del tratamiento de datos salvo que el interesado dé su consentimiento de forma previa y expresa. A este requerimiento deberán ajustarse los planes de Lanbide. El Departamento intentó despejar las dudas, aunque todavía no ha especificado cómo se hará ese control. «Esta exigencia se hará, en todo caso, respetando los derechos de la ciudadanía y cumpliendo escrupulosamente con toda la legislación», matizaron tras la advertencia lanzada por Uria.

Los datos

151.729
euros es el coste de la implantación de la huella digital en las primeras diez oficinas de Lanbide, tras la fase piloto.
Implantación
Dónde
Las primeras oficinas de Gipuzkoa que contarán con la huella digital serán las de Beasain, Gros (Donostia) y Lasarte-Oria.
Cuándo
Esta primera fase se completará en seis meses.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta de la representante del PP Laura Garrido, la consejería que dirige Beatriz Artolazabal da alguna pincelada más. Por ejemplo, explica que en la fase piloto «las personas usuarias que acuden a la oficina pasan voluntariamente a la toma de datos biométricos». En la aplicación posterior en el resto de oficinas, que se hará de forma progresiva este año, «se citará a las personas usuarias para que pasen por los puestos de recogida de datos biométricos», dando a entender que no será obligatorio, aunque no aclaran qué pasará si una persona se niega a tal requisito.

La idea de establecer la huella digital fue expuesta hace un año por la consejera Artolazabal, en una rueda de prensa en la que dio cuenta de las medidas que se iban a poner en marcha en Lanbide para mejorar la gestión y estrechar el control sobre el fraude, que alcanzó el año pasado el 0,7% del total de ayudas concedidas, con 442 casos sobre una cifra global de 60.405 perceptores en Euskadi, según los datos del departamento. «Este nuevo sistema permitirá acreditar de una manera efectiva la identidad de las personas que hacen uso de los servicios que ofrece Lanbide», justifica el departamento en su respuesta parlamentaria.

Beasain, Gros y Lasarte-Oria

Fue el PP, con Javier Maroto a la cabeza -entonces al frente de la alcaldía de Vitoria- quien reclamó en la pasada legislatura la implantación de este sistema, para evitar la suplantación de identidades a la hora de cobrar la RGI. Rodeada de polémica, la medida ha sido desenterrada ahora, aunque la consejería insiste en distanciarla del proyecto del PP, en el sentido de que no solo se aplicará a los perceptores de las ayudas, sino que se identificará también al resto de usuarios de Lanbide y a los trabajadores.

Para desarrollar su medida, el departamento de Artolazabal ha firmado un convenio de colaboración con Izenpe, sociedad pública encargada de la certificación electrónica. Tras la fase piloto en una oficina de Vitoria, durante los próximos seis meses se implantará en diez oficinas más del País Vasco, de las cuales tres estarán en Gipuzkoa. Serán las de Beasain, Lasarte-Oria y la del barrio donostiarra de Gros.

El coste total de esta segunda fase ascenderá a 151.729 euros, que incluye la contratación de diez auxiliares administrativos (123.452 euros) y el equipo de recogida de los datos biométricos (28.277 euros).

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