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DAVID S. OLABARRI
Martes, 6 de febrero 2018, 08:16
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Los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Bilbao emitieron un informe en 2012 en el que ya alertaban de las graves carencias y la desestructuración social que sufría uno de los dos supuestos autores materiales del asesinato del matrimonio de octogenarios de Otxarkoaga. El informe, redactado cuando el chico apenas tenía 9 años, aconsejaba tomar medidas más contundentes para tratar de aliviar los problemas de integración que padecía el menor, detectados por los trabajadores sociales que estaban en contacto con él y su familia.
En aquel momento el chico estaba todavía bajo la tutela de sus padres. El informe redactado por los servicios de base se elabora a partir de un test en el que se tienen aspectos como el comportamiento del menor, la atención que le prestan sus padres, las condiciones socioeconómicas... Con estos resultados en la mano, los trabajadores sociales pueden aconsejar qué tipo de medidas son las más adecuadas para reconducir a los chicos con los que trabajan. El problema al que se enfrentan estos profesionales es que muchas veces carecen de los recursos humanos necesarios para atender todos los casos, a menudo auténticos dramas personales.
En este caso, el acusado por el asesinato de Rafael y Lucía -que se encuentra internado en el centro cerrado de Zumarraga a la espera de que se celebre el juicio- presentaba ya signos evidentes de desestructuración social. De hecho, tiempo después la Diputación de Bizkaia asumió su custodia, como ocurrió también con el otro menor que supuestamente estuvo en el piso de Otxarkoaga. Es más, uno de estos jóvenes había protagonizado diversas ‘fugas’ del centro de menores de Laukiz en los últimos meses, justo en el periodo en el que supuestamente cometieron el doble asesinato. El tercer detenido, el que supuestamente pudo elegir a las víctimas, era el único que no había sido tutelado directamente por la institución foral.
La Policía municipal de Bilbao también les había identificado e imputado robos con violencia en el último trimestre del año. En al menos una de estas actuaciones, en las que se advirtió al centro foral de Laukiz del paradero del menor, a uno de los chicos -que trató de engañar a los agentes ofreciendo una identidad distinta- le encontraron un puño americano.
En este contexto de preocupación social por los últimos episodios de violencia, el propio diputado general, Unai Rementeria, anunció la pasada semana que están dispuestos a revisar los protocolos de actuación con los menores tutelados para que lo ocurrido sea algo «excepcional». «Lo que tenemos que hacer es mejorar en todos los ámbitos», admitió.
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