Condenan a un constructor de Donostia a 4 años de cárcel y 20 millones de multa por defraudar a Hacienda

El empresario donostiarra también estuvo implicado en el caso La Muela, la mayor trama de corrupción de Aragón. /ABC
El empresario donostiarra también estuvo implicado en el caso La Muela, la mayor trama de corrupción de Aragón. / ABC

El investigado ya fue sentenciado a otros cuatro años en 2016 por idéntico delito y estuvo también implicado en el pelotazo urbanístico de La Muela, en Zaragoza

JAVIER PEÑALBA

Un empresario de la construcción y promotor de viviendas de Donostia ha sido condenado por un juzgado de lo Penal de la capital guipuzcoana a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 20,9 millones de euros, tras haber sido declarado autor de un delito contra la Hacienda Foral de Gipuzkoa por haber defraudado 11,4 millones de euros. El delito se cometió en un solo año. El acusado ya fue sentenciado en 2016 a otros cuatro años y seis meses de prisión por otro delito idéntico. La empresa del imputado fue asimismo investigada como una de las que resultó beneficiada por el presunto «pelotazo» urbanístico en la localidad de la Muela, en Zaragoza.

La última de las resoluciones ha sido dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia, Santiago Romero Buck-Arstad. De acuerdo con la resolución, el acusado I.U., administrador único de varias sociedades, ejecutó diferentes operaciones que generaron ficticiamente intereses millonarios. De esta forma, intervino en operaciones de escisión de sociedades, creación de nuevas empresas y constitución de nuevas mercantiles que si bien individualmente estaban consideradas formalmente ajustadas a derecho, en su conjunto estaba «claramente destinadas a la elusión de impuestos», se indica en la resolución.

El magistrado considera que la defraudación se llevó a cabo mediante «ingeniería fiscal» y valiéndose de terceras personas que conocían los entresijos y las oportunidades que generaban las sociedades de promoción de empresas, lo que, a juicio del juez, «implica un doble fraude»: uno a la Hacienda foral toda vez que no ingresaba la cuota del impuesto correspondiente a los verdaderos beneficios, y en segundo lugar, «a la sociedad guipuzcoana, al presentarse como un promotor que apuesta por las nuevas empresas y la innovación, que era el verdadero espíritu de la legislación foral sobre este tipo de empresas», señala el magistrado en la sentencia.

El titular del juzgado concluye que, «con estos mimbres» cabe condenar al acusado a una pena de prisión de cuatro años. Asimismo, le impone una multa de 20.991.172 de euros y, de igual manera, establece que el acusado, o subsidiariamente una de sus mercantiles, ingrese 10.495.586 euros a las arcas de la Hacienda pública.

También fija una pena accesoria que consiste en la pérdida de toda posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas de la Diputación, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o a del Seguridad Social durante un periodo de cinco años. Esta sentencia del juzgado de lo Penal número 2 no es firme y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial.

Otras condenas

El mismo empresario ya fue condenado en 2016 a penas que sumaron cuatro años y seis meses de prisión. Entonces, la cuantía defraudada ascendió a casi un millón y medio de euros. Los delitos se cometieron entre 2004 y 2006 cuando el acusado desempeñó el cargo de administrador único de una sociedad mercantil, una constructora, con sede en San Sebastián. La resolución dictada entonces por la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital guipuzcoana «incumplió» las obligaciones de la entidad mercantil en relación al Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios, de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En el primero de los años incluyó en su declaración como gastos deducibles operaciones que consistieron en facturas de proveedores y acreedores por un importe de 2.294.072 euros.

Las cuentas de aquel ejercicio, sin embargo, fueron sometidas a una inspección por parte de los técnicos de Hacienda que constataron que el acusado había incluido de forma indebida gastos deducibles, sin justificación alguna, «dado que no acreditó la efectiva prestación» de los servicios por parte de quienes emitieron las facturas que resultaron ser falsas. De esta forma, Hacienda determinó que, excluidos los gastos no justificados, la base imponible real era de 1.993.566 euros, de manera que la suma defraudada fue de 647.909 euros. La situación volvió a repetirse en 2005 y 2006. Por lo tanto, la cantidad que las arcas guipuzcoanas dejaron de percibir en los tres ejercicios ascendió a 1.492.933 euros.

Aun cuando la empresa que el acusado gestionaba era de ámbito guipuzcoano, en los años del crecimiento inmobiliario se expandió en diferentes proyectos en la localidad de La Muela, en Zaragoza, donde se dedicaron a comprar y vender suelo, además de a construir. Precisamente una de sociedades que gestionaba I.U. fue una de las más beneficiadas por el supuesto «pelotazo» urbanístico de La Muela. El empresario fue juzgado por cinco delitos y condenado por dos de ellos. Las penas impuestas por la Audiencia de Zaragoza fueron de 3 años de cárcel y multas por valor de 859.466,35 euros.

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