Miradas sobre una sentencia contra 'La Manada' que trasciende lo jurídico

Tres jueces y una fiscal analizan si la legislación o la práctica judicial presentan lagunas para las víctimas | DV pulsa la opinión de distintos representantes judiciales a raíz de las reacciones suscitadas por la sentencia contra 'La Manada'

Miradas sobre una sentencia contra 'La Manada' que trasciende lo jurídico
Amaia Chico
AMAIA CHICO

Las reacciones sociales, políticas y jurídicas generadas por la controvertida sentencia dictada hace diez días contra 'La Manada' han abierto en canal debates que apelan directamente a los jueces, a su independencia, a la legislación vigente en delitos contra la libertad sexual, y a la perspectiva de género desde la que la Justicia, todos sus estamentos, aborda este tipo de casos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; la presidenta de la Sala de lo Social del alto tribunal, Garbiñe Biurrun; el magistrado de la Sala de lo Penal de San Sebastián y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Euskadi, Santiago Romero; y la fiscal adscrita en la Sala contra la Violencia contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, aceptan hablar sobre estos extremos, mientras el proceso judicial del caso de Pamplona continúa en el Tribunal Superior de Navarra, que debe resolver los recursos presentados por todas las partes. Los de la acusación insistirán en solicitar penas más severas para los cinco condenados bajo el tipo de agresión sexual, no de abuso; y las defensas, reiterarán su petición de absolución.

Las preguntas

1.
¿Con el actual Código Penal hay mimbres suficientes para que el tribunal hubiera dictado una sentencia distinta sobre 'La Manada'? ¿Cree necesaria su reforma para delimitar mejor los delitos contra la libertad sexual?
2.
¿Se siente interpelada/o por las manifestaciones ante los palacios de Justicia y por las críticas vertidas sobre la Judicatura? ¿Se entiende el voto particular a favor de la absolución?
3.
¿Qué le parecen las críticas del ministro de Justicia contra ese magistrado discrepante? ¿Cree que el CGPJ debe intervenir?
4.
¿Considera precisa una mayor formación en violencia de género de los jueces y de otras instancias jurídicas?

Juan Luis Ibarra.
Juan Luis Ibarra.

Juan Luis Ibarra «La justicia no es machista. Pero las leyes y el Derecho tienen sexo, y es masculino»
  • 1

El margen de interpretación está muy acotado, porque solo puede hacerse en beneficio del reo. El problema está en la definición de los tipos penales y en los elementos que dotan de sentido a esa definición. Y en el caso de los delitos sexuales, hay que tener en cuenta que desde 1848 hasta 1989 -es decir, casi siglo y medio- figuraban en el título del Código Penal referido a los delitos 'contra la honestidad'. En 1989, ese título pasa a ser 'contra la libertad sexual', pero no se cambia la regulación. Es en la reforma de 1995 cuando por primera vez desaparece la palabra violación del Código Penal español y aparece la de agresión sexual, lo cual es un avance porque en relación a la libertad, lo relevante es la agresión. Pero lo curioso es que la violación vuelve al Código en 1999, porque los estereotipos -'acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduccion de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías'- seguían siendo los que daban sentido a los delitos contra la honestidad. Es decir, estereotipos que nos remontan al Siglo de Oro y el Barroco, cuando pensábamos que la separación entre el delito y el pecado estaba conseguida. El problema surge cuando el Código Penal entiende violación como las agresiones más graves y, para definir el tipo más bajo, se mete con el consentimiento, la intimidación y la violencia. Y estos son elementos imposibles de analizar sin el contexto.

  • 2

Sí. No podemos dejar de sentirnos interpelados porque la Constitución dice que la Justicia emana del pueblo; de la sociedad. El juez no tiene que esperar a ver qué piensa la sociedad para juzgar, no. Es más, tiene que garantizar los derechos humanos frente a la mayoría social. Pero no es el caso. Lo que la sociedad nos está diciendo aquí es: su descripción de los hechos probados coincide con lo que nosotros vemos, pero ustedes llaman a eso abuso sexual y nosotros lo llamamos violación. ¿Esto quiere decir que la sociedad tiene razón? Para poder contestar a eso habría que haber estado en el juicio. Así que quien no haya visto las pruebas, creo que ha de tener respeto hacia la apreciación de quien sí las ha visto. Pero eso es una cosa y otra, el nombre que la sociedad le da a esto. La sociedad reclama que a esa víctima le han violado. En su universo simbólico, que se expresa a través de la palabra, abusar es otra cosa. Y aquí llega el tema más delicado, porque el mensaje que estamos recibiendo es que cuando el juez resuelve sobre casos de violencia sexual, el lenguaje que emplea, el Derecho, tiene que ser extremadamente cuidadoso con las víctimas. ¿Que si el voto particular no lo ha sido? No soy yo quien lo tiene que apreciar, pero sí me siento interpelado en que debemos tener particular cuidado ante sentencias en las que hay una víctima que puede sentirse ofendida.

  • 3

Los jueces -otra cosa son las asociaciones judiciales- tenemos expresamente prohibido dirigir halagos o críticas a los otros poderes del Estado. Sí diré que la independencia judicial tiene un sistema de garantías que debería evitar que un miembro del Poder Ejecutivo se manifestara sobre la capacidad de un miembro del Poder Judicial.

  • 4

En 2014, la ONU dictó una resolución condenatoria y vinculante contra el Reino de España. El caso era el de Ángela González, quien denunció el asesinato de su hija Andrea por su exmarido al que había denunciado 30 veces por agresión y amenazas. Es decir, el estereotipo era: '¿un maltratador puede ser un buen padre?'. La ONU condena a España en tres extremos. Los dos primeros se han cumplido. Pero el tercero era que los jueces y el personal administrativo recibieran la formación obligatoria sobre estereotios de género. Subrayo lo de formación obligatoria porque no lo estamos cumpliendo, excepto para los jueces titulares de juzgados especializados sobre violencia contra la mujer. ¿Eso quiere decir que tenemos un déficit? Yo, sinceramente, no puedo afirmar eso. ¿Y si la justicia es machista? No. Lo que sí creo es que las leyes y el Derecho tienen sexo, y es masculino.

Garbiñe Biurrun.
Garbiñe Biurrun.

Garbiñe Biurrun «Se evidencia la brecha entre la libertad de las mujeres y los mecanismos para protegerla»
  • 1

La sentencia hace un gran trabajo de valoración de la prueba practicada en el juicio oral y concluye creyendo sustancialmente el relato de la víctima. Los hechos, en los términos en que se han tenido por acreditados, constituyen, en mi opinión, una clara situación de intimidación, que anuló la libertad sexual de la víctima. Y en consecuencia, aprecio delito de agresión sexual -violación en el caso concreto- y no de abuso sexual con prevalimiento. Conclusión plenamente acorde con la regulación de los delitos contra la libertad sexual que contiene el Código Penal vigente.

Cuestión distinta es la valoración de la conveniencia de reformar esta norma, lo que debe hacerse con sosiego y desde varios parámetros. De un lado, previo análisis del resultado de la actual regulación desde su entrada en vigor en 1995; y de otro lado, respondiendo a las previsiones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres -Convenio de Estambul-, ratificado por España y vigente desde 2014, en el que se prevé tipificar como delito los actos de carácter sexual «no consentidos», tal como ya han legislado seis países europeos.

  • 2

Es imposible no sentirse interpelada. Entiendo que tales movilizaciones y críticas se dirigen directamente al poder judicial, pero también a los restantes poderes del Estado. Y ello, porque se está poniendo de manifiesto una brecha importante entre la ciudadanía y la justicia y, sobre todo, entre la libertad de las mujeres y los mecanismos para protegerla. En cualquier caso, ha habido algunas reacciones excesivas. La Justicia debe mantener su independencia tanto respecto de los dos restantes poderes del Estado como de cualquier otra presión, lo que no significa ignorar la realidad social de cada momento.

Y respecto al voto particular, se entiende desde una valoración de las pruebas practicadas que difiere radicalmente de la realizada por la mayoría del tribunal.

  • 3

Las críticas del ministro han sido unas claras y reiteradas insinuaciones que han generado la duda sobre la capacidad del magistrado firmante de dicho voto. Se trata de unas manifestaciones inauditas, verdaderamente insólitas, que suponen una clara intromisión del Ejecutivo en competencias del Consejo General del Poder Judicial. Pero, sobre todo, se trata de unas declaraciones que nada aportan al necesario debate y que eluden otros compromisos que sí le competen.

Ello en modo alguno supone que, a su vez, el CGPJ no deba asumir sus obligaciones con responsabilidad y transparencia, lo que, en este momento, requiere de aclaraciones y, en su caso, actuaciones, sobre todas las noticias que se han publicado acerca de este magistrado y del órgano judicial en cuestión.

  • 4

La libertad, la igualdad y la seguridad de las mujeres exigen mecanismos para su protección. Y, dentro de ellos, la incorporación imprescindible y obligada de la perspectiva de género en todas las actuaciones de los poderes públicos, incluido el judicial. Porque esto no es una ocurrencia al hilo de esta sentencia, sino que deriva de previsiones de la Constitución, de la Ley Orgánica de Igualdad y del antes citado Convenio de Estambul. De ahí que resulte imprescindible abordar la aplicación de tal perspectiva de género, para lo que la formación es obligada, para quienes integran el poder judicial y para todo el personal llamado a intervenir.

Santiago Romero «La víctima del delito es la 'gran olvidada' del Código Penal»

  • 1

Es difícil responder, porque no es tanto por la redacción del actual Código Penal sino por la prueba que se ha practicado en el juicio. Conviene recordar que el Tribunal sí ha creído a la víctima, prueba de ello es la condena. Lo que se discute es si hubo intimidación, siendo este concepto el más dudoso y que es difícil de diferenciar del prevalimiento, y por el que sí han sido condenados los miembros de 'La Manada' y que implica un agravamiento de la pena.

Respecto a la reforma, hace poco se volvió abrir, otra vez, el debate sobre si procede legislar 'en caliente' (caso Gabriel) y creo que la prudencia y debate pausado sobre cualquier reforma penal es necesario. Ahora bien, sí creo que no se puede seguir dando la espalda a la víctima del delito, que es la 'gran olvidada' del derecho penal, pues toda la historia, doctrina y jurisprudencia siempre ha girado sobre los autores y sus derechos y garantías.

  • 2

Me siento profundamente decepcionado por cómo se ha tratado mediática y políticamente este caso, pues no es entendible que quien no se ha leído la sentencia ni entendido qué es lo que se juzga salga a protestar contra los jueces, cuando lo único que hacemos es cumplir con las leyes. Entiendo a la gente bienintencionada que sale en defensa de lo que cree que es justo, pero me opongo a que se les manipule y se les utilice en contra de los jueces.

En este sentido, el voto particular se entiende perfectamente. Toda sentencia explica todo el proceso, desde que empieza con la denuncia hasta que finaliza tras el juicio con los razonamientos y argumentaciones del juez. Otra cosa es que se comparta su decisión, pero tenemos un sistema de recursos que están para revisar la sentencia, de ahí que lo sensato sea esperar a que el caso se resuelva definitivamente.

  • 3

Me parecen inadmisibles en un ministro de Justicia, por eso todas las asociaciones hemos pedido su dimisión o, al menos, que rectifique. El CGPJ afortunadamente ha intervenido, porque la gravedad de los hechos exigía una manifestación por parte del presidente, y así lo hizo el 27 de abril de 2018.

  • 4

Toda formación jurídica es buena y necesaria. Ahora bien, deberían aclarar los que proponen la formación en violencia de género en qué consiste realmente, pues cosa distinta es que quieran que ante cualquier asunto en el que haya una mujer como víctima el acusado esté ya condenado antes de entrar a juicio.

Teresa Peramato.
Teresa Peramato.

Teresa Peramato «La discrepancia está ligada a la perspectiva con que se enjuicia el hecho, no a deficiencias en la ley»
  • 1

Sin ninguna duda. Con el Código Penal en la mano podría haber prosperado la tesis del Ministerio Fiscal que entendió que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual agravada por actuar en grupo, tesis que seguimos considerando que es la adecuada.

Respecto a la reforma, ¿cada vez que se dicte una sentencia que no es conforme a nuestro entendimiento o posición se ha de efectuar una reforma del Código Penal? Esa es la primera pregunta que hemos de hacernos. Para decidir si es necesario o no modificar los delitos contra la libertad sexual, primero habría que examinar no solo esta sentencia sino otras muchas en las que se enjuician hechos de esta naturaleza. Si de la respuesta judicial y de la interpretación jurisprudencial se advierten vacíos o imprecisiones que puedan llevar a la impunidad o a una respuesta desproporcionada en relación a la gravedad de los hechos, entonces tendremos que plantearnos si es necesaria modificar el Código Penal y el sentido en que debería hacerse. Pero todo desde el sosiego y el estudio.

En este caso, en mi opinión, la discordancia con la sentencia no se basa en una inadecuada o insuficiente regulación de los delitos sino en la valoración de las pruebas, y en la incardinación de los hechos probados en un tipo penal u otro. La Fiscalía entendió desde el primer momento que por los acusados se ejerció una intimación suficiente para doblegar la voluntad de la víctima, a quien nunca se le pueden exigir comportamientos heroicos que le lleven a arriesgar su vida. Por ello la Fiscalía entendió que los hechos son una agresión sexual en grupo y continuada y seguimos pensando que así fue.

Dicho esto, en mi opinión debemos relacionar esa discrepancia no con deficiencias legislativas sino con la perspectiva con que se enjuicien estos hechos. Lo fundamental es incidir en formación en igualdad y en violencia de género, y en conseguir que todos los procedimientos en los que se vea implicada como víctima una mujer se investiguen y se tramiten con perspectiva de género. Es una obligación asumida al ratificar el Convenio de Estambul.

  • 2

La indignación de la sociedad ha de hacernos reflexionar a todos. Como ya se ha comunicado por la Fiscalía General, nosotros no compartimos la sentencia y se va a recurrir. Y si la sentencia se aleja de nuestra posición, mucho más alejado está el voto particular.

Se ha puesto en evidencia el riesgo de que asuntos como estos se resuelvan sin perspectiva de género, la cual se consigue únicamente con esa formación específica en igualdad y violencia de género. Por eso la Fiscalía reclama que estos delitos sean tramitados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y enjuiciados por los tribunales especializados. Dicho esto, lo que más me preocupa es el mensaje que con el voto particular se puede estar mandando a las víctimas. España es uno de los países de la UE en los que menos se denuncian los atentados contra la libertad sexual (estamos por bajo de la media) y también sabemos que ello es debido no solo al miedo al estigma social, sino y sobre todo, al miedo de las víctimas a un proceso que siempre es largo y doloroso, a que no se les crea, a que se les juzgue a ellas. Eso es lo que más me preocupa, que con los razonamientos del voto particular se contribuya a que las víctimas se inhiban aún más de denunciar estos hechos. Es nuestra responsabilidad transmitir otro mensaje bien distinto: que el procedimiento no ha terminado, que todavía se tienen que pronunciar otros tribunales, que la sentencia es condenatoria porque ha dado credibilidad a la víctima, y que confíen en la justicia.

  • 3

Asumiendo que las resoluciones judiciales pueden ser criticadas y discutidas, las declaraciones del ministro de Justicia no pueden admitirse en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que la separación de poderes es garantía de imparcialidad. Que un ministro, cualquiera pero en todo caso el de Justicia, se pronuncie como lo hizo supone una intromisión inadmisible en el poder judicial que es independiente.

En cuanto a si el CGPJ ha de intervenir o no, es una decisión que sólo ese órgano ha de tomar y nadie ha de interferir en esas decisiones, mucho menos el poder ejecutivo.

  • 4

A esta pregunta ya he respondido.

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