La Segunda Enmienda, un derecho sacrosanto

Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente a poseer y portar armas no será infringido». Así reza la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho de todo ciudadano del país de las libertades a portar armas. El sentido original de esta enmienda era garantizar que, si en un momento dado los poderes públicos se extralimitaran en el control de los derechos individuales, sus administrados tendrán la posibilidad de defenderse. Armarse, en definitiva, era una prevención contra la tiranía del Gobierno federal. Con la independencia del país recién conquistada, suponía también una garantía frente a la posibilidad de que Inglaterra tratara de recuperar por la fuerza su antigua colonia, así como para defenderse de los ataques de los indios en sus vastos territorios.

En realidad, este derecho se remonta a la Inglaterra medieval. En 1181 Enrique II promulgó una ley que obligaba a todo hombre libre a disponer de armas para el servicio del rey, y se convirtió en un derecho reconocido en 1689, aunque sólo para los protestantes. Las colonias inglesas asumieron este principio, que con la independencia de Estados Unidos adquirió carta de naturaleza.

Cambiar esta Segunda Enmienda sería prácticamente imposible: requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso, dos tercios del Senado y la aprobación por dos tercios de las asambleas de cada uno de los 50 estados. Por si fuera poco, está apoyada por la Novena Enmienda, que protege los derechos reconocidos antes de la Constitución, y en particular el de portar armas. En 2010, el Tribunal Supremo de EE UU blindó la Segunda Enmienda sentenciando que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas.

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