Rechazar un ascenso o practicar la mendicidad: motivos por los que se ha retirado la RGI

Rechazar un ascenso o practicar la mendicidad: motivos por los que se ha retirado la RGI

Lanbide detectó en 2017 un total de 442 casos de fraude, cincuenta más que el año pasado

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

Rechazar un ascenso en el trabajo si implica un aumento salarial o practicar la mendicidad son dos motivos por los que Lanbide retiró el año pasado la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a decenas de beneficiarios, según datos del propio organismo remitidos al Parlamento vasco a preguntas de Podemos. Las investigaciones emprendidas por el Servicio Vasco de Empleo permitieron detectar el año pasado 442 casos de fraude en la concesión de estas ayudas, 50 más de los 392 que se descubrieron en 2016. No obstante, este organismo realizó un total de 26.097 suspensiones -en las que se retira la RGI de forma temporal por haberse detectado algún tipo de irregularidad o por cambios temporales en la situación del afectado-. El año pasado se acogieron a estas ayudas un total de 60.594 ciudadanos.

Según las cifras enviadas a la Cámara vasca por Lanbide, las principales irregularidades por las que se ha actuado contra los beneficiarios de la RGI son, de forma genérica, las «actuaciones fraudulentas» y la ocultación de datos tanto de ingresos, de situación socioeconómica, familiar o laboral o de composición de la unidad de convivencia. En su información al Parlamento el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, del que depende Lanbide, no detalla cuál es la importancia estadística de cada uno de estos factores -y ofrece un listado global y sin refinar de todas las causas por las que se ha actuado contra los presuntos beneficiarios irregulares las ayudas.

Supuesto despilfarro

La estadística de la consejería, en este sentido, cita cuestiones que suponen un claro vicio inicial para paralizar las ayudas, como poseer una vivienda en propiedad; no tener 18 años en el momento de solicitar la RGI; no reintegrar el dinero de cantidades recibidas indebidamente o no cumplir el requisito del empadronamiento. Lanbide, además, se refiere de manera genérica a algunas causas para extinguir la RGI como «no administrar responsablemente los recursos», un supuesto despilfarro por parte de los beneficiarios que supondría «no actuar diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión». Un ejemplo de esta situación sería renunciar a una herencia en favor de otra persona.

Lanbide ha suspendido la RGI a personas que fueron despedidas de su trabajo por cuestiones disciplinarias

Lanbide también ha intervenido en aquellos casos en los que se ha empleado la picaresca para rechazar una mejora de las condiciones laborales que podría suponer, al incrementar los ingresos, la retirada de la RGI. Se trata de casos, por ejemplo, en los que se ha actuado contra quienes han rechazado, «sin causa justificada, una mejora en las condiciones de empleo». También se ha supendido la RGI de quienes, en una familia receptora de la renta, no han solicitado la vuelta al trabajo tras una excedencia, o contra personas que habían sido despedidas de su empleo por «cuestiones disciplinarias». También ha perseguido a quienes no han solicitado el derecho de alimentos que le correspondería por una sentencia de divorcio.

No escolarizar

Dentro de la estadística de cuestiones perseguidas, Lanbide también ha iniciado acciones en situaciones especiales. Según el listado oficial, ha suspendido la RGI por el ingreso en la cárcel superior a un mes de la persona que recibe esta ayuda. También se ha eliminado la renta por ingresar en un hospital por un plazo similar. La filosofía detrás de estas decisiones es que el ciudadano ya tiene cubiertas sus necesidades en prisión o en el hospital por lo que no necesita percibir la ayuda. Por otra parte, también se ha actuado contra preceptores por practicar la mendicidad o «forzar su práctica a otros miembros de la unidad de convivencia». El no escolarizar a los hijos también supone la suspensión de la renta.

En total, Lanbide realizó un total de 26.097 suspensiones temporales a lo largo de 2017. De ellas, 7.901 finalizaron en una extinción de la ayuda. Los ciudadanos presentaron un total de 8.017 recursos de reposición ante las denegaciones decididas por Lanbide y de ellos se estimaron favorablemente 1.163 casos. El año pasado, el Ararteko, Manuel Lezertua, mostró su preocupación por que más de un tercio de su trabajo consistiera en atender quejas por la RGI.

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