'Peajerik Ez' de Euskadi se suma a una plataforma estatal «contra la discriminación»

'Peajerik Ez' de Euskadi se suma a una plataforma estatal «contra la discriminación»

La reunión ha finalizado con una manifestación por las calles de Briviesca hasta el punto kilométrico N-I

EFE

Diversas asociaciones de afectados por los peajes de autopistas en Castilla y León, Cataluña y País Vasco han constituido esta mañana en Briviesca (Burgos) la denominada Unión de Plataformas por la Liberalización de las Autopistas de Peaje (UPLA), para luchar contra la discriminación.

Integran esta colectividad las plataformas de vecinos afectados por la N-I en Burgos (AP-1); la Ávila Libre de Peajes (AP-6, AP-51 y AP-61); la Prou AP-7 Gratuita Ja de Cataluña; y la AP-8 Peajerik Ez de Euskadi.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la N-I, Rafael Solaguren, ha explicado a los medios de información que esta unión surge «por las ganas que tenemos todos de que se acabe con la discriminación y con el incremento de inseguridad vial por culpa de los peajes».

«Vamos a hacer fuerza todos juntos», ha añadido Solaguren, quien ha recibido el interés de otros grupos interesados en adherirse a la unión, en concreto de La Rioja y de Cádiz.

Por su parte, Llorenç Navarro, presidente de la Asociación Prou AP-7 Gratuita Ja, ha manifestado que esta concentración de fuerzas «es necesaria y básica» y que trabajará para informar a la ciudadanía.

«Este país está dominado por unas grandes empresas que tienen sometidos a los partidos políticos», ya que hay «hay contratos con las concesionarias que no aparecen», ha reflexionado antes de pedir a los gobernantes que si una concesión ha finalizado «lo diga claro».

La discriminación también es la principal queja de la plataforma AP-8 Peaje No, cuya concesión finalizó hace ya catorce años y el Gobierno Central traspasó la propiedad al del País Vasco, quien permitió «que fueran las diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya quienes la gestionaran», ha recordado su portavoz, Juan Carlos Poderoso.

Esta situación provoca que una parte de esta carretera que discurre por esta comunidad autónoma sea de pago y la otra gratuita (A-8), lo que propicia el pago de un sobrecoste «en forma de peaje injusto».

Por último, Julio Huerta, portavoz de Ávila Libre de Peajes (AP-6, AP-51 y AP-61), ha indicado que la concesión de estas carreteras «es totalmente ilegal desde el pasado 29 de enero debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó al Gobierno a liberar el peaje».

La reunión ha finalizado con una manifestación por las calles de Briviesca hasta el punto kilométrico N-I, donde la UPLA y más de un centenar de vecinos de la zona han cortado dicha carretera para forzar que la AP-1 sea gratuita a partir del 1 de diciembre de este año.

Los organizadores se han emplazado a nuevas reuniones para seguir colaborando en futuras reivindicaciones, protestas y acudir juntos a posibles reuniones con el Ministerio de Fomento.

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