El Parlamento investigará el fraude de los comedores escolares dos años después

Los alumnos de un colegio almuerzan macarrones con tomate./AFP
Los alumnos de un colegio almuerzan macarrones con tomate. / AFP

EH Bildu, Podemos y PP aprueban hoy crear una comisión para buscar responsabilidades políticas

TERESA FLAÑOSAN SEBASTIÁN.

Ahora los números dan. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP se han unido para solicitar al Parlamento Vasco la constitución de una comisión de investigación en relación con las responsabilidades políticas relativas al proceso de adjudicación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco desde el año 2003. Si no hay ningún contratiempo, los tres grupos sacarán hoy adelante una proposición de ley para la constitución de dicha comisión. Además, Bildu ha presentado una enmienda de adición, que previsiblemente también se aprobará, para que se realice un diagnóstico de los comedores de las escuelas públicas.

Tanto la Autoridad Vasca de Competencia, en febrero de 2016, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, un año después, constataron que siete empresas de catering escolar se habían aliado para repartirse el mercado para llevarse año tras año contratos que sumaron 800 millones de euros. Tras su investigación, a raíz de una denuncia en 2014 de una empresa de la competencia, Aibak, la AVC resolvió establecer una multa de 18 millones por repartirse el servicio de menús, tras computar en 80 millones de euros la cantidad que habría gastado de más el Gobierno Vasco a lo largo de once años, debido al sobreprecio fijado por las adjudicatarias -Auzo Lagun, Magui, Goñi, Eurest, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica y Tamar Colectividades-.

El TSJPV ratificó la resolución, tras los recursos presentados por las empresas sancionadas -todavía faltan por conocer tres que implican a la guipuzcoana Auzolan que abarca a Auzolagun (6,1 millones de multa), Goñi (522.879 euros) y Magui (775.827)-, pero redujo la multa un 60% porque la dejación del Gobierno Vasco no solo no impidió los sobrecostes sino contribuyó a que las empresas entendieran que actuaban de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable. En el plano penal, el caso quedó archivado al entender la Fiscalía que no había indicios de delito.

«La idea es pedir responsabilidades políticas porque no podemos pedir de ningún otro tipo», señala Eva López de Arroyabe (EH Bildu), que en septiembre pasado solicitó la comparecencia en la comisión de Educación de todas las empresas implicadas para que explicaran cómo estaba el tema en el aspecto jurídico. Su petición fue desoída.

Los tres grupos parlamentarios recuerdan que el Gobierno Vasco subvenciona el 65% del coste de los menús y que el 35% corre a cargo de las familias. José Ramón Becerra, que defenderá hoy en el Parlamento los argumentos de Podemos Elkarrekin, señala que «queremos delimitar el daño patrimonial que se ha causado al Gobierno, a las arcas públicas y a las familias. La AVC hizo un cálculo que tras el cambio de sistema el Departamento de Educación había ahorrado siete millones anuales. Conociendo este dato, es necesario estimar cuánto han pagado de más las familias, unos 40 millones».

EH Bildu: «Las empresas adjudicatarias siguen siendo las mismas y van a seguir concursando»

Elkarrekin Podemos: «Es necesario calcular cuánto de más han pagado las familias en doce años»

PP: «La comisión no va a ser un arma política arrojadiza. Hay que saber qué pasó»

Becerra también señala que «hay que depurar responsabilidades porque se debe analizar porque en doce años no se ha hecho nada para que la situación no se produjera

López de Arroyabe explica que, en concreto, esta comisión no busca cambiar el modelo actual de los comedores escolares sino «mirar hacia atrás y ver qué es lo que sucedió. Ahora, las adjudicatarias son las mismas empresas y van a seguir concurriendo a los concursos. Si no sabemos qué es lo que sucedió difícilmente podremos mejorar el sistema».

Respecto a la enmienda de adición, comenta que «en principio no dice gran cosa, pero su propósito es hacer en tres meses una foto sobre todo el sistema» con aspectos como cuántas cocinas construidas son adecuadas para preparar comidas, qué empresas ofrecen servicios, qué coste tiene el servicio caso por caso, cuántas empresas se han presentado al último concurso, cuántas empresas han quedado fuera de la licitación, cuántos trabajadores dan servicio a cada empresa... «Si hablamos de transparencia, qué menos que conocer esos datos».

La portavoz de Educación del PP, Juan de Bengoechea apunta que «tras la sentencia se comprobó que el Gobierno Vasco también tiene parte de culpa por dejación. Ha sido un tema escandaloso y es necesario una comisión, pero no tenemos interés de que sea algo inquisitorial ni un arma política arrojadiza».

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