Primer paso para lograr un pacto de Estado sobre violencia de género

Ruth Ortiz, en el Congreso de los Diputados. / EFE

El Congreso aprueba, con 65 abstenciones, el texto para lograr un acuerdo global para luchar contra esta lacra; la Cámara baja acuerda incluir que las madres de hijos asesinados también serán víctimas de esta violencia

Daniel Roldán
DANIEL ROLDÁNMadrid

Ruth y José fueron asesinados por su padre el 8 de octubre de 2011. Su padre, José Bretón, fue condenado a 40 años de cárcel. David Oubel se convirtió el 7 de julio en el primer español condenado a prisión permanente revisable por asesinar el 31 de julio de 2015 a sus dos hijas, Amaya y Candela. Ninguna de estas cuatro víctimas habían superado los diez años.

Uno de los motivos que llevó a los progenitores a matar a sus propios hijos fue la venganza contra su madre, de la que estaban divorciados. Un tipo de violencia psicológica que golpea de forma salvaje a las madres, que serán consideradas como víctimas de violencia de género en el futuro.

Esta propuesta del PSOE fue consensuada ayer por todos los partidos, que este jueves han dado su respaldo al texto aprobado por la Comisión de Igualdad para lograr un pacto de Estado con 278 votos a favor y 65 abstenciones; dichas abstenciones han sido las de Unidos Podemos y de EH Bildu. Entre los invitados se encontraba Ruth Ortiz, a la que se dirigieron en varias ocasiones los portavoces y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

"Ruth, te quiero decir que el Gobierno no va a dimitir en la lucha contra la violencia de genero; es nuestro compromiso y una cuestión de Estado; por todas las Ruth de España, vamos a luchar contra esta lacra", ha dicho la ministra

Durante siete meses, los partidos negociaron un paquete de mejores que se plasmaron en 48 páginas el pasado 28 de julio. Son 213 medidas que abarcan todos los aspectos, incluyendo la ampliación del término violencia de género a otro tipo de agresiones contra la mujer, como la trata de blancas, la mutilación genital, el acoso sexual, el proxenetismo o el matrimonio forzado. Ya no será necesario presentar una denuncia para lograr todos los derechos y la protección que se otorgan cuando es reconocida como víctima de la violencia machista. Tendrán un seguimiento y atención personalizado tras los informes pertinentes.

Además, se implantará un subsidio para las víctimas que estén en situación de desempleo, la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados y asistencia jurídica gratuita garantizada y la intensificación de las campañas o la prevención en las escuelas.

Una de las grandes novedades es la ampliación de los ámbitos de actuación para luchar contra esta lacra social, que se ha cobrado este año la vida de 37 mujeres -cinco más que el año pasado a finales de septiembre- y que puede llegar a 40 si se confirman los tres casos que están en investigación. Los ambulatorios harán un primer cribado, pero el papel importante lo recuperan los ayuntamientos.

Volverán a tener las competencias para luchar contra la violencia machista y crearán equipos multidisciplinares para acompañar a la mujer en todo el proceso; desde la detección precoz hasta el acompañamiento en la toma de decisiones, la protección y el acceso a las ayudas y las prestaciones sociales que le correspondan.

Seis meses

Para vigilar el cumplimiento de estas medidas, el texto recoge la creación de una comisión similar a la del Pacto de Toledo para velar por el cumplimiento del acuerdo, que tendrá un presupuesto de unos 1.000 millones, a repartir entre el Gobierno -unos 400 entre todos los ministerios implicados-, las comunidades autónomas -500 millones- y los ayuntamientos -100 millones-. Un presupuesto a repartir en cinco años y que la Federación de Mujeres Progresistas ve "escaso".

Ahora, el documento será remitido al Gobierno que tiene dos meses para consultarlo con autonomías, ayuntamientos, organizaciones sociales y Poder Judicial. Después, tendrá cuatro meses más para proponer las reformas legales necesarias.

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