Oídos sordos al Ararteko

Oficina de Lanbide en Eibar. /Felix Morquecho
Oficina de Lanbide en Eibar. / Felix Morquecho

Las administraciones vascas desoyen la mitad de las recomendaciones del Defensor del Pueblo

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

Es una institución creada por el Parlamento Vasco, con la que se pretende garantizar el control democrático de las actuaciones públicas. Pero la palabra del Ararteko, una figura incómoda por naturaleza que vigila de cerca los derechos ciudadanos, no siempre se tiene en cuenta. Las administraciones vascas (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos) desoyeron la mitad de las recomendaciones emitidas por esta institución el año pasado, un porcentaje superior a anteriores evaluaciones.

Cuando el equipo del Ararteko observa que una administración no ha actuado de la forma correcta, o que, aún cumpliendo la legalidad, el procedimiento puede conllevar un perjuicio para los derechos ciudadanos, puede emitir una resolución o una sugerencia, dos figuras legales, pero no vinculantes, para solicitar a la administración correspondiente que corrija su actuación. Conviene matizar que no siempre es necesario llegar a ese punto. En la mayoría de las ocasiones, cuando una administración recibe un tirón de orejas del Ararteko, esta reconoce sin más problemas el error y lo corrige. Ocurrió en el 88% de los casos que pasaron bajo la supervisión del Defensor del Pueblo vasco.

Sin embargo, en otros asuntos hace falta una mayor insistencia.

En concreto, las oficinas del Ararteko emitieron en 2017 96 recomendaciones y sugerencias y concluyeron otras 35 que quedaron pendientes de 2016. Del total, 38 fueron aceptadas; 65 no fueron aceptadas y 28 siguen pendientes de respuesta o decisión definitiva, según consta en la memoria anual presentada recientemente en el Parlamento por el Ararteko, Manuel Lezertua. El aumento de recomendaciones no aceptadas se explica por el propio incremento de las actuaciones que derivaron en un expediente concreto y por el hecho también de que el volumen de resoluciones pendientes del anterior ejercicio también fue más abultado de lo habitual, señalan en el documento.

Lanbide, bajo el foco

En esa ‘lista negra’ de administraciones que no hacen caso a la demanda del Ararteko destaca Lanbide, el servicio vasco de empleo que gestiona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Como ya viene siendo habitual en los últimos años, tal y como refleja el informe del ‘ombudsman’ vasco, el mayor número de recomendaciones están relacionadas con temas de inclusión social, y más concretamente, con supuestas malas actuaciones en la tramitación del subsidio vasco, que ahora mismo cobran alrededor de 63.000 personas.

Sumadas las recomendaciones en este apartado de 2017 y las que se concluyeron de 2016, el resultado muestra que tan solo fueron aceptadas un 13%. Por el contrario, un 60% no fueron escuchadas y el resto sigue pendiente de respuesta por parte de Lanbide.

Sin embargo, y pese a la importancia que tiene el resultado de este examen público a las instituciones vascas, cabe subrayar que el 84% de los expedientes relacionados con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco cerrados en 2017, se solucionaron sin necesidad de dictar recomendación o sugerencia alguna, porque Lanbide como consecuencia de la intervención del Ararteko modificó su decisión inicial, destaca el informe anual.

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