Nuclenor mantiene la petición de reabrir Garoña sin llegar a un acuerdo

Este viernes ha vencido el periodo de alegaciones antes de que el Ministerio tome una decisión sobre el futuro de la planta nuclear, que desvelará el 8 de agosto

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El futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos) sigue pendiente de la decisión que tomará el Ministerio de Energía el 8 de agosto, pero este viernes ha finalizado el plazo de alegaciones, lo que ha permitido observar las posiciones encontradas ante la posibilidad de que se reabran las instalaciones, paradas desde diciembre de 2012.

Si algo ha quedado claro este viernes es que ni los propios socios de Nuclenor -empresa participada al 50% por Iberdrola y Endesa- se ponen de acuerdo sobre el posicionamiento, lo que ha hecho imposible que pudieran presentar alegación alguna. La junta general de Nuclenor, reunida el jueves, sometió a votación la propuesta de Iberdrola Generación Nuclear de desistir ante el Ministerio en la solicitud de reapertura hecha hace tres años. Endesa tampoco es partidaria de la reapertura, pero sí quieren conocer la opinión del Ministerio y, una vez escuchado el veredicto, tomar la decisión de reabrir o cerrar de forma definitiva. La postura de Endesa era la de que se presentaran unas alegaciones que incluyeran una serie de condiciones para que los propietarios pudieran seguir explotando la central y en caso de que no se aceptaran, desistir.

Sin embargo, Iberdrola sostiene que no hay otra alternativa al desistimiento, pues una posterior renuncia a la autorización no es viable jurídicamente y con ello se mantiene el riesgo de que el Ministerio renueve la autorización, a pesar de que la central sea inviable económicamente, como viene manteniendo esta compañía. El presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, ya dijo en marzo en la junta de accionistas de su compañía que es «inviable» reanudar la producción en la central nuclear de Garoña y pidió a Endesa que desistiera en la solicitud de permiso para retomar la actividad.

En cambio, la Junta de Castilla y León defiende la central «siempre que haya seguridad»

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había ya aprobado, el pasado 8 de febrero, un dictamen favorable a la reapertura de la central burgalesa, pero siempre y cuando Nuclenor cumpliera con las inversiones en seguridad que se le exigen. Aunque las empresas nunca han dado una cifra oficial, se calcula que podrían ascender a 200 millones. Garoña cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria, Nuclenor, pidió el cese de actividad en diciembre de 2012.

«Espectáculo»

La posibilidad de que pueda volver la actividad a la central, situada en Burgos a unos 40 kilómetros de Vitoria, ha encendido las alarmas entre ecologistas y también entre las instituciones vascas. El Parlamento Vasco ha anunciado este viernes que presentará alegaciones al Ministerio de Energía contra la reapertura, al igual que el Gobierno autonómico y la Diputación de Álava.

La Cámara vasca ha recordado en un comunicado que el pasado abril el pleno aprobó interponer un recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear que posibilita la reapertura de la central y contra los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que pudieran derivarse de esta decisión. El pasado martes tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava ya anunciaron que presentarían alegaciones para impedir que se renueve la autorización de explotación de la central burgalesa.

Desde Greenpeace se ha pedido al Gobierno central que acabe con el «espectáculo» sobre el futuro de la central. Para Raquel Montón, responsable nuclear de Greenpeace, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, deberá tener en cuenta la opinión del Congreso y el comportamiento de Nuclenor a fin de determinar su idoneidad para la explotación de la central debido a que «Iberdrola no quiere la reapertura y Endesa pretende sacar tajada». Da la sensación -incidió Motón- de que solo el Ministerio de Energía es el que quiere mantener la planta en funcionamiento».

La organización ecologista denunció en sus alegaciones, entre otros puntos, que las decisiones tomadas por el Gobierno y Nuclenor son «contradictorias» y que los cambios regulatorios han sido radicales y de gran envergadura. Como consecuencia, continúa el comunicad, Nuclenor ha podido llegar a tramitar una prórroga de la autorización de explotación al mismo tiempo que gestionaba otro procedimiento encaminado al cierre de la instalación.

El Parlamento Vasco ha vuelto a mostrar su rechazo a que la planta reanude su actividad

Quien está a favor del sí es la Junta de Castilla y León. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, subrayó que de cerrar de forma definitiva la planta «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles». «Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas», dijo Del Olmo, quien insistió en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento. Un argumento similar utilizó la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), en la que están englobados 63 localidades. «Mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad necesarios para garantizar la protección de las personas y del medioambiente».

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