Un juzgado de Bilbao investiga la supuesta estafa de un millón de euros a Lanbide con cursos ficticios

Centro formativo de Otxarkoaga donde se destaparon las irregularidades/DV
Centro formativo de Otxarkoaga donde se destaparon las irregularidades / DV

La Ertzaintza inició las pesquisas después de que el alumno de un centro de formación de Otxarkoaga denunciara que se le había incluido en un curso subvencionado que nunca realizó

DAVID S. OLABARRI

Un juzgado de Bilbao investiga un caso de estafa cometido supuestamente por varios centros de formación contra Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. La investigación se centra en determinar si se han producido suplantaciones de identidad de alumnos en cursos programados de la mano de la administración con el objetivo de cobrar subvenciones públicas de forma irregular, según ha podido saber DV. Portavoces oficiales de Lanbide insistieron en que han colaborado «desde el primer momento» con la Ertzaintza en la investigación del caso y apuntaron que ya han recuperado las subvenciones concedidas a tres centros investigados, que ascienden a más de 300.000 euros. En todo caso, según diversas fuentes, el importe que podría haber sido defraudado mediante este sistema -similar al que ya se ha producido en otras comunidades autonómicas- ronda el millón de euros por las ayudas de varios ejercicios.

El caso se destapó en el centro formativo de Otxarkoaga, que cuenta con una amplia oferta educativa: ESO, FPB, ciclos académicos y diversos cursos que imparte en colaboración con Lanbide, el ente público que depende de la consejería de Empleo dirigida por Beatriz Artolazabal. Según las fuentes consultadas por este diario, fue un alumno el que descubrió que su nombre y su firma aparecían en una materia en la que él no se había inscrito. Es decir, en ese registro figuraba que había recibido varias horas de clase en una de las ofertas formativas dirigidas principalmente a desempleados. El joven pidió explicaciones. Lo que escuchó no le convenció y puso los hechos en conocimiento de las instituciones. El grupo de estafas de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao comenzó entonces una investigación que, en un principio, partía de un delito de suplantación de identidad. Según confirman varias fuentes, la investigación de la Policía vasca, que puso los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción, se extendió después a otros centros.

El director del Centro Formativo de Otxarkoaga, José Ángel Mardones, insistió a este periódico que todos los cursos se han impartido de forma correcta. Reconoció que él mismo ha tenido que declarar por este asunto, pero insistió en que lo ha hecho en calidad de testigo y subrayó que ningún responsable del centro que dirige ha sido imputado. No obstante, prefirió guardar silencio sobre las materias que están siendo investigadas y el número de firmas de alumnos que habrían sido supuestamente falsificadas para cobrar las subvenciones. Según consta en la resolución de Lanbide en la que concede las ayudas para «acciones formativas», este centro ha recibido este año la adjudicación para impartir cursos de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y otro ciclo de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación.

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Siete planes cuestionados

Desde Lanbide aseguran que, al margen de la investigación en los juzgados, se ha abierto un procedimiento administrativo para reclamar a estas empresas las subvenciones «integras» que les concedieron. A este respecto, señalaron que son siete las «acciones formativas» cuestionadas y que se han llevado a cabo en tres equipamientos educativos. A estos centros -según Lanbide- les concedieron 307.877,85 euros para desarrollar las materias que tenían programadas. Ya han recuperado 309.705,13 euros, correspondientes al importe de la subvención concedida más los intereses, 2.827,28 euros. Estas siete materias estaban diseñadas para formar a 117 personas, de las que sólo 62 «terminaron el curso y obtuvieron su certificación profesional». Lanbide ha destinado este año 33 millones de euros a este tipo de acciones formativas para los desempleados.

Además, insistieron en que son las empresas las que, una vez recibida la adjudicación pública, se encargan de «desarrollar» y realizar el «control de asistencia» de los alumnos. En todo caso, desde el Servicio Vasco de Empleo recalcaron que siguen «con rigor el desarrollo» de estas materias.

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Desde que se produjo el cambio normativo hace dos años, Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, abre un concurso para que todas las empresas formativas puedan optar a impartir alguno de los cursos dirigidos, sobre todo, a los desempleados. Los centros presentan entonces sus credenciales y los responsables del ente público que depende de la consejería de Empleo y Políticas Sociales reparten las materias entre los solicitantes en base a una serie de criterios establecidos de antemano.

Las adjudicaciones contemplan diversas consideraciones, como horas de duración y número de alumnos. Una vez terminadas las acciones formativas, las empresas deben justificar que han cumplido con las condiciones previas para poder recibir el importe total de la subvención. Si, por ejemplo, no han conseguido atraer al número de estudiantes a los que se habían comprometido, se les recorta la ayuda.

Es aquí donde -según explican fuentes especializadas- se produce un fraude que, por otro lado, ya se ha dado en otras instituciones. Algunos centros presentan datos que no son reales. Es decir, falsifican registros para hacer ver que han tenido más alumnos de los que han tenido en realidad. ¿Cómo lo hacen? «Es fácil. Porque Lanbide no controla que realmente se estén impartiendo esos cursos. Se han dado casos en los que utilizan nombres y las firmas de jóvenes que han pasado por el centro para llegar así al cupo previsto», afirman fuentes de toda solvencia.

De hecho, los mismos expertos insisten en que también se han llegado a matricular sin su conocimiento a alumnos de FP que daban clases por las mañanas en materias programadas por Lanbide que se impartían a la tarde. «De esta manera las empresas reciben la subvención sin tener que afrontar costes económicos y, por supuesto, sin que los usuarios reciban ningún tipo de formación. Entre otras razones, porque así se ahorran lo que cuestan los profesores y los materiales», insisten los mismos medios.

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