El juez inadmite la denuncia contra los criterios para conceder o denegar la RGI

Beatriz Artolazabal, ayer, en el Parlamento Vasco. / BLANCA CASTILLO

La consejera Artolazabal señala que menos del 0,1% de las resoluciones de Lanbide son tenidas en cuenta en los juzgados

M. JOSÉ CARREROSAN SEBASTIÁN.

A la espera del proyecto de ley que reformará la actual normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Parlamento vasco sigue debatiendo sobre el texto vigente. La consejera de de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, compareció ayer en la Cámara de Vitoria para volver a hablar del 'Documento de criterios para resolver dudas interpretativas de la RGI y la PCV' (prestación complementaria de vivienda) a la hora de conceder o denegar una ayuda, un texto que está colgado en la página del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide desde el 7 de abril. La parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche requirió explicaciones para conocer si la aplicación de estos criterios acarrea modificar la legislación básica, una cuestión que la consejera negó tajantemente. «No ha habido ningún cambio normativo», recalcó.

En el transcurso de sus explicaciones, Artolazabal informó de que este lunes el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria ha dictado un auto de inadmisión de la denuncia presentada contra tres apartados del citado documento. La demanda había sido firmada en mayo por una persona en representación de diferentes colectivos sociales.

Frente a las reticencias de Guanche y de la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena respecto al documento de criterios porque «reduce las posibilidades» para acceder a las ayudas, la consejera señaló que su único objetivo es clarificar «una casuística compleja» a la hora de gestionarlas. En este sentido, señaló que «apenas un 0,1% de las resoluciones» que adoptan los empleados de Lanbide son tenidas en cuenta por los juzgados. El año pasado, Lanbide dictó más de 215.000. De ellas, 230 fueron impugnadas ante los tribunales de justicia por los afectados, pero finalmente solo 71 fueron estimadas.

Lanbide publicó en abril un texto con los criterios para conceder, denegar o suspender una ayuda VARIEDAD DE CASOS

Las representantes de los dos partidos de apoyo al Gobierno, la jeltzale Amaia Arregi y la socialista Alexia Castelo, señalaron que el documento de criterios «protege» a las personas en la medida que permite «interpretar la ley» ante la «variedad de casuísticas».

Por su parte, Laura Garrido (PP) consideró que «la gestión no es la deseada» y reclamó medidas para poner fin a «los empadronamientos ficticios o la venta de empadronamientos». Artolazabal replicó que cuando se tiene dudas respecto a si una persona reside realmente en Euskadi, pese a estar empadronada, se contacta con la Policía para comprobar que el receptor de la ayuda vive efectivamente en un municipio vasco.

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