Indemnizan a un hombre que fue al dentista por un problema en un diente y le sacaron once

Un tratamiento que no funcionó por no ser el adecuado para la dolencia por la que acudió. Por todo ello, el Juzgado número 1 de Primera Instancia condenó a la franquicia a indemnizarlo con 90.000 euros por lo que considera «una mala praxis» y por el «fracaso rotundo» del tratamiento aplicado al paciente, al que la sentencia se refirió como anómalo.

Lo novedoso de este fallo judicial, según explicó la letrada del paciente, fue que el tribunal estimó «íntegramente» toda la demanda. La franquicia «ya cuenta con muchas sentencias condenatorias pero es la primera vez que se logra una estimación íntegra de una demanda», señaló Pilar Muíño.

El calvario de este ovetense, que prefirió mantenerse en el anonimato, comenzó hace ocho años. Acudió a la clínica, que por aquel entonces estaba ubicada en la calle Uría, por un problema en un diente. «Cuando acude a la consulta le dicen que se le mueven muchas piezas, que tiene problemas en las encías y que necesita implantes», explicó la abogada. El paciente aceptó el diagnóstico y el presupuesto de más de 18.000 euros porque «confió en el criterio médico del odontólogo». Un criterio que le llevó a someterse a once extirpaciones dentales y colocarse ocho implantes.

Los problemas con las prótesis empezaron desde el primer momento y se prolongaron durante seis años. Roturas de los implantes, infecciones, caída de las prótesis... «Mi cliente se pasaba la mayor parte desdentado», expuso su abogada. Esto le produjo serios problemas psicológicos que derivaron en una fuerte depresión que le impedía salir de su casa. La clínica de Uría cerró pero los mismos propietarios abrieron una nueva bajo otro nombre, a la que continuó acudiendo el perjudicado sin que sus problemas dentales mejoraran.

Cansado de infecciones y de roturas de prótesis denunció los hechos. «Acudió a mí en 2016 e interpusimos una demanda a la clínica por mala praxis por lo que solicitamos una indemnización por daños y perjuicios», explicó Muíño. El Juzgado número 1 de Primera Instancia la estimó íntegramente. «El fallo judicial reconoció los daños morales sufridos por mi cliente por la mala praxis de la clínica así como del tratamiento médico aplicado para el problema con el que entró en la consulta, que calificó de fracaso rotundo», señaló Muíño.

La clínica argumentó que ese «fracaso» fue culpa exclusiva del paciente por no haber acudido a las consultas, algo que se logró desmontar durante el juicio debido al informe pericial presentado por el denunciante y que el magistrado «aceptó íntegramente». El juez entendió que la clínica actuó con «mala fe» y por ello la ha condenado a indemnizar al paciente con 90.000 euros.