La fiscal afirma que 'la manada' «iba a lo que iba, la obligaron a hacer lo que ellos quisieron»

El ministerio público y las acusaciones dicen que las pruebas de que la joven fue forzada en un portal en Pamplona «son contundentes»

CARLOS BENITO PAMPLONA.

«Las pruebas son absolutamente contundentes. Actuaron de forma conjunta y organizada. La obligaron a realizar las prácticas sexuales que ellos quisieron y, cuando acabaron, la dejaron tirada, semidesnuda y sin móvil. Iban a lo que iban». Así resumió ayer la fiscal Elena Sarasate la actuación de 'la manada', los cinco jóvenes sevillanos que están siendo juzgados en la Audiencia de Navarra por una presunta agresión sexual cometida en los sanfermines de 2016. Para la representante del ministerio público, «no hay ninguna duda de que la intimidación fue gravísima e impidió cualquier tipo de resistencia, defensa o huida», de manera que se reafirma en su escrito inicial y solicita una pena de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los acusados, por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad (grabaron los hechos con sus teléfonos) y otro de robo con intimidación (se llevaron el móvil de la víctima).

El juicio enfiló ayer su recta final con una novedad: fue la primera sesión abierta a la prensa y al público, aunque el aforo se completó en cuestión de minutos. La jornada se dedicaba a la exposición de conclusiones por parte de la Fiscalía, la acusación particular y las dos acciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra. Todos ellos coincidieron en rechazar las tesis de las defensas, que presentan lo ocurrido como un acto de sexo consentido.

Para Sarasate esta versión resulta «insólita e increíble» si se atiende al perfil de la víctima, que tenía 18 años en aquel momento: «Nunca había mantenido relaciones en grupo, ni anales, ni de beso negro. Sus relaciones sexuales entraban en lo estándar, una vida sexual de lo más normalita, y dicen que después de siete minutos decide irse con unos desconocidos de los que no sabía ni el nombre para mantener relaciones sexuales sin preservativo, a veces simultáneas».

«De forma sorpresiva»

El ministerio público entiende que los acusados ejercieron violencia sobre la víctima, aunque admite que se trató de una fuerza «mínima» al agarrarla de los brazos e introducirla en el portal de la calle Paulino Caballero. «Hay que tener en cuenta que la cogieron de forma sorpresiva: no podía imaginarse ni en sus peores pesadillas lo que iba a pasar», aclaró. Pero el factor decisivo fue la intimidación, la otra posibilidad recogida en la tipificación de la agresión sexual: la fiscal la achaca tanto a la superioridad física como al lugar, «una auténtica ratonera», un angosto «cubículo» situado al fondo de un portal. Sarasate considera que los 96 segundos de vídeo grabados por los acusados desmienten radicalmente toda posibilidad de que existiese consentimiento: «Ella dijo que optó por dejar hacer y eso es lo que se ve: varios varones con una mujer que en ningún momento mantiene una conducta activa. No hay una sonrisa, ni una mirada, ni una interacción, ni una sola palabra. Vemos una mujer utilizada». En las imágenes la chica aparece en todo momento con los ojos cerrados y hay momentos de especial crudeza, como cuando uno de los acusados «le abre la boca con dos dedos» para introducirle el pene. «Si alguien puede decir que eso es voluntario...».

La fiscal destacó que la joven ha mantenido «sustancialmente lo mismo» en todas sus declaraciones, sin contradicción ni exageración: «Habría sido muy fácil para la víctima exagerar. Si hubiera querido, podría haber dicho que la agarraron con fuerza, o que la amenazaron con matarla», apuntó. También recordó el estado en el que se la encontró una pareja («llorando desconsolada, con un llanto amargo») y que más tarde acreditaron varios agentes.

Sarasate también sometió a análisis el momento más inesperado del juicio: a pregunta de la defensa, la agente local que redactó la denuncia aseguró que la joven ya sabía en aquel momento que la habían grabado, algo que no constaba en la declaración que la propia funcionaria tomó. El hecho tiene su importancia porque podría interpretarse como un motivo espurio para denunciar lo ocurrido como violación, pero la fiscal tachó de «absolutamente increíble» el testimonio de la policía.

Pánico y desamparo

Miguel Ángel Morán, abogado de la joven, también ratificó su petición de pena (24 años y 9 meses) y rechazó como un «absurdo» la versión de los acusados, según la cual «la víctima, deslumbrada por su encanto y atractivo, acuerda mantener una relación grupal sin protección». Eso, a su juicio, no se ajusta «a ningún razonamiento lógico ni de experiencia». En una exposición breve, el letrado se refirió al «total desamparo» de la chica, que «no entendía lo que estaba sucediendo y entró en una situación de pánico». Más se extendió el letrado del Ayuntamiento, Víctor Sarasa, que pide 25 años y 6 meses de prisión. «Los vídeos resultan concluyentes, son la prueba palmaria: no se ve el mínimo atisbo de voluntariedad, reciprocidad ni participación.

Sarasa citó algunos detalles que iluminan aspectos del caso. Por ejemplo, sobre lo apartado del lugar donde transcurrió la presunta agresión, recordó que los policías permanecieron allí una hora investigando sin que ningún vecino acudiese a ver qué pasaba. «Estaba alejado del portal, en una zona sin tránsito. Cualquier intento de gritar u obtener auxilio no habría obtenido respuesta. Ella consideró que la actitud pasiva era su mejor defensa, y seguramente acertó». También se refirió a la tardanza de los acusados en prestar declaración, algo que solo ocurrió al cabo de sesenta días: «Se acogieron a su derecho, pero habrá que valorarlo: si se es objeto de una falsa denuncia y se cree tener una prueba (los vídeos), uno quiere declarar desde el minuto uno». Finalmente, el letrado mencionó una de las pruebas más escabrosas: la fotografía en la que la víctima practica un beso negro (estimulación del ano con la boca) a uno de los acusados. «Eso no era una práctica sexual, era el corolario de la humillación».

El último turno correspondió a Ildefonso Sebastián, representante del Gobierno de Navarra, que solicita 25 años y 9 meses de prisión. A su juicio, «el relato de los acusados carece de la mínima credibilidad».

Agustín Martínez, el abogado que representa a tres miembros de 'la Manada', criticó después que las acusaciones hubiesen realizado «una repetición reiterativa» de sus escritos iniciales: «Parece que la fiscal no ha asistido a las sesiones que hemos visto. No se ha hablado de lo que hemos visto en la sala», comentó, además de insistir en que «en el vídeo no se ve una agresión sexual, se ven relaciones sexuales». Hoy es el turno de Martínez y de los otros dos abogados defensores.

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