Los dos extremos de la regulación turística

¿De qué manera afectarán estas dos medidas a Donostia? El caso Balear, de ninguna. Ahora bien, el fallo asturiano puede traer cola porque tiene algunos aspectos que se asemejan a cuestiones debatidas sobre el Plan General de San Sebastián. Pero en cualquier caso, si la capital guipuzcoana cuenta con alguna ventaja es que, al menos, tiene un marco regulador específico que por ahora el resto de ciudades carecen.

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Oviedo asturiano, ha obligado al Ayuntamiento de la capital a conceder una licencia definitiva en un quinto piso, echando por tierra las limitaciones de la primera planta impuestas por el Plan General de Ordenación. El Ayuntamiento catalogaba además estas viviendas como uso hotelero, mientras que el juez ha determinado que «la única obligación de un piso turístico es la cesión de la vivienda para su uso privado, mientras que el uso hotelero implica otras prestaciones y servicios propios de los hoteles, como la limpieza de habitaciones», explica Manuel Herminio García, abogado que ha llevado el caso.

Es en esta doble cuestión donde Donostia se puede ver reflejada. Hasta la aprobación de la nueva ordenanza en marzo, el Ayuntamiento de San Sebastián se acogió al Plan General para limitar la actividad de estas viviendas destinadas a uso turístico. Y esta norma, según la interpretación del equipo de gobierno, limitaba la actividad al primer piso en toda la ciudad y asemejaba el uso de los pisos al hotelero, pese a no existir una referencia directa a este tipo de alojamiento.

Esto supone que el fallo ovetense «puede beneficiar a las viviendas expedientadas antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza», advirtió ayer Asier Pereda, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture, en referencia a que la sentencia asturiana establece que el Plan General no prohibe la actividad ni por superficie ocupada ni por la altura en la que se desarrolle.

El colectivo tiene pendiente los fallos de más de 60 recursos interpuestos precisamente por este motivo. «El juzgado de Asturias ha determinado lo que venimos defendiendo desde el inicio, que se regule la actividad pero que no se improvise», apuntó Pereda, quien espera respuestas favorables del juzgado donostiarra.

Sin embargo, el caso mallorquín juega en otra liga. Las cerca de 20.000 plazas disponibles que se contabilizaron en 2017 dejan claro que la realidad que vive Mallorca nada tiene que ver con la donostiarra.

Por ello, la capital balear ha adoptado una medida que ha sido catalogado de pionera en el Estado y que supondrá la prohibición definitiva de los pisos turísticos en toda la ciudad a partir de julio. Los únicos inmuebles que podrán seguir operando serán aquellas viviendas unifamiliares que no se encuentren en suelo rústico protegido, en la zona de influencia aeroportuaria o aquellas viviendas con usos diferentes al residencial y al turístico. La iniciativa se trasladará al próximo pleno para su aprobación inicial.

El equipo de gobierno ha tomado esta decisión después de encargar varios estudios que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas, y que en Palma solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia.

El objetivo según indicaron ayer, es priorizar el acceso a la vivienda de los residentes y trabajadores en la ciudad, porque el 48% de los alquileres se ofrecen en periodos de entre 7 y 9 meses por lo que, denunciaron, «no abren ninguna posibilidad de alquiler residencial».