Euskadi invertirá 4.000 millones de euros en cuatro años para combatir la exclusión social

El Gobierno Vasco estima que las diferentes instituciones vascas (diputaciones y ayuntamientos además de Lakua) destinarán al año 815 millones de euros a trabajar por la inclusión, lo que incluye el gasto en RGI (400 millones), las prestaciones de vivienda (100 millones) o los 200 millones de las políticas de apoyo al alquiler, ademas de la inversión en el plan de empleo y los servicios sociales a desplegar para cumplir con el decreto de cartera de Ley de Servicios Sociales. En total, en cuatro años la inversión en inclusión ascenderá a 4.000 millones.

El plan recoge siete objetivos estratégicos, donde destacan medidas específicas para la política de garantía de ingresos (RGI), y otras en materia de salud, vivienda o educación. Se desplegarán 146 actuaciones y se medirá su cumplimiento.

Los objetivos son: reducir un 20% la tasa de pobreza de mantenimiento en todas las comarcas de Euskadi; incrementar la tasa de ocupación masculina y femenina (75% y 66%, respectivamente); situar la tasa de baja intensidad laboral por debajo del 8%; situar la tasa de abandono escolar por debajo de 7%; y reducir las desigualdades en mala Salud percibida (10% en hombres y 20% en mujeres).

El plan recoge las medidas que se articularán para luchar contra la exclusión, y plantea un cambio de filosofía respecto a los esquemas tradicionales de inclusión vinculados en exclusiva a un empleo.

La consejera Artolazabal ha explicado que «el acceso a un empleo remunerado estable y de calidad es un elemento esencial de inclusión, pero al mismo tiempo, existen determinados casos, donde puede resultar más conveniente o prioritario, el trabajar sobre otras dimensiones vitales».

Este plan reconoce «la multidimensionalidad de la inclusión y sus implicaciones» y esta reflexión lleva a subrayar la necesidad de que los programas de inclusión trabajen junto a la empleabilidad, «otras dimensiones como el ocio, la participación en actividades comunitarias o de interés social».

«El resultado es que el proyecto plantea una hoja de ruta común para el conjunto de las administraciones vascas en el ámbito de la exclusión fruto de una priorización compartida de las necesidades que deben ser abordadas», ha detallado Artolazabal.