Euskadi facilitará el acceso a una vivienda a las personas que duermen en la calle

Euskadi facilitará el acceso a una vivienda a las personas que duermen en la calle

Se contemplan pisos tutelados y rebajar los ingresos mínimos en Etxebide para una VPO. La estrategia vasca cambia de raíz el modelo tradicional de recursos temporales e importa la visión europea para combatir la exclusión

ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN.

Alrededor de trescientas personas duermen cada noche en las calles de los principales municipios de Euskadi. La cifra oscila según el día, el tiempo que haga -en verano suele ser mayor-, y las plazas disponibles en los centros de los servicios sociales (albergues, residencias...), donde pernoctan otras 1.700 personas cada día. El modelo de atención tradicional, y el que hasta ahora está funcionando, se apoya en esa amplia red tejida entre los ayuntamientos y las diputaciones, que sitúa a Euskadi a la cabeza del Estado en lo que a la cobertura de plazas de alojamiento, con 47 millones de euros al año de presupuesto. Pero hace falta más. O al menos un modelo diferente.

Las instituciones vascas, con Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos remando en común, han dado un giro a la estrategia tradicional e implantarán un modelo basado en el reconocimiento del derecho a la vivienda estable como el paso inicial para prevenir o resolver el problema de las personas sin hogar. En lugar de seguir un 'modelo de escalera', en el que los usuarios van subiendo peldaño a peldaño si van cumpliendo con los objetivos -abandono del consumo de drogas, mejora de la conducta...- hasta alcanzar el acceso a un domicilio, la estrategia cambia de raíz y aplica la visión europea de dar primero un piso para acompañar en ese camino hacia la inclusión.

El proyecto 'Housing First', que ha comenzado a aplicarse en Gipuzkoa con la entrega de las llaves de un piso social a cinco personas para que rehagan sus vidas, es un ejemplo de una nueva política más amplia que se basa en la vivienda para combatir la exclusión residencial más grave. Países como Finlandia, Dinamarca, Escocia o Francia llevan años aplicando este principio ('Housing led policies'). En el caso del país galo, el presidente Macron acaba de lanzar la promesa de crear de forma inmediata 50.000 viviendas para personas sin hogar.

El enfoque adoptado ahora en Euskadi tiene un impacto directo en la práctica con medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Las iniciativas, que serán objeto de análisis en una comisión técnica a lo largo de este mes, contemplan desde pisos tutelados en municipios, como ya se recoge en la Ley vasca de Servicios Sociales, hasta flexibilizar los ingresos mínimos en Etxebide para optar a una VPO. En la actualidad, para poder acceder a una vivienda pública de alquiler hay que contar con un mínimo de 3.000 euros al año, unos ingresos inimaginables para alguien que vive en la calle y que carece de lo más mínimo.

Dentro de la batería de cambios que están sobre la mesa, se revisará también el plazo mínimo de inscripción en las listas públicas de vivienda para poder optar a la prestación económica sujeto al derecho a la vivienda y además se emplazará a los ayuntamientos a resolver la situación administrativa de estas personas para su empadronamiento en el municipio, la puerta de entrada a muchos otros recursos sociales.

Otro de los puntos recogidos en la estrategia tiene que ver con la tutela legal de esta personas. La idea es estrechar el trabajo con las fiscalías territoriales para prevenir situaciones graves de exclusión y evitar los casos más extremos que pongan en peligro la vida de una persona en la calle que se niega a ir a un centro social. «Lo que se ha hecho hasta el momento está muy bien, pero ahora se avanza y se traduce en reconocer un triple derecho: el de una vivienda estable e independiente, el de los apoyos necesarios para la autonomía y la inclusión, y el de prestaciones de garantía de ingresos», explica Emilio Sola, director de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Énfasis en la prevención

El abordaje implica cambiar la mirada y pasar de un modelo basado exclusivamente en los servicios sociales a otro con mayor protagonismo de las políticas de Vivienda, en colaboración también con Salud y Lanbide, dentro también del Departamento de Políticas Sociales. Se pone el énfasis en la prevención y se plantean medidas de mediación en el mercado inmobiliario, así como de prevención de desahucios.

De fondo, subyace un concepto de inclusión en el que se incorporan los principios ya asumidos en otras áreas de los servicios sociales: la atención individualizada y centrada en la persona, la desinstitucionalización y la apuesta por viviendas integradas en la comunidad, sin formar guetos, desde un punto de vista de la reducción de daños y baja exigencia, expuso Sola en unas jornadas celebradas en Donostia en el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU sobre innovación en la atención a personas en exclusión social, organizado por la Diputación de Gipuzkoa, junto con el Centro de Coordinación y Estudios SIIS. La apuesta, que da ahora sus primeros pasos, se ha ganado hueco en la agenda política y también se acompañará de una estrategia de concienciación social.

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