Euskadi se queda como la única comunidad que mantiene la ayuda fiscal por compra de vivienda

Varios bloques de viviendas en el barrio de Morlans de San Sebastián. /Michelena
Varios bloques de viviendas en el barrio de Morlans de San Sebastián. / Michelena

La promoción de oferta pública, la subvención a la emancipación de los jóvenes o los créditos para rehabilitación completan el catálogo de ayudas en esta materia

Amaia Chico
AMAIA CHICO

Euskadi, a través de sus tres Haciendas forales, es la única comunidad que mantiene para sus contribuyentes deducciones fiscales por adquirir una vivienda destinada a residencia habitual o por vivir de alquiler. Esa ayuda, que el pasado año ascendió a 127,8 millones solo en Gipuzkoa, es de hecho una de las subvenciones más jugosas de las que pueden beneficiarse en materia de vivienda todos los ciudadanos vascos, sin necesidad de ajustarse a unos límites de ingresos o requisitos previos como sí se exigen para el resto de ayudas públicas a la vivienda. El nuevo Plan Director 2018-2020 que acaba de aprobar y presentar el Gobierno Vasco, y el próximo reglamento que concretará la aplicación del derecho subjetivo a ocupar una vivienda digna, actualizan el resto de requisitos y cuantías previstas en Euskadi para favorecer el acceso a la vivienda.

La CAV es autónoma en esta materia, y por eso camina en solitario con un sistema de ayudas sustentado en la oferta pública y en las deducciones fiscales, pero en el que hay cabida para subvenciones a la rehabilitación, medidas para facilitar la financiación, promociones específicas y/o cupos para colectivos a los que les resulta más complicado acceder a un piso como los jóvenes, habitar en una vivienda adecuada a sus necesidades como las personas mayores, o rehacer su vida por situaciones de maltrato, desahucio, migración o sinhogarismo. Es la población diana a la que, principalmente van destinadas unas ayudas, sobre todo en forma de oferta pública de alquiler específica, o ayudas directas como el nuevo programa Gaztelagun que financiará hasta un 50% de la renta en el mercado libre a jóvenes de 23 a 35 años que se quieren emancipar.

Un programa con efecto a corto plazo que se suma al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, que es el eje central de la política del Departamento que encabeza Iñaki Arriola, y la Prestación Económica de Vivienda, fijada ahora en 250 euros, que en los próximos meses sustituirá a la actual Prestación Complementaria de Vivienda ligada al cobro de la RGI.

Los más de 1.100 millones provistos para implementar el plan estratégico diseñado para tres años permitirán al Departamento y sus sociedades públicas desarrollar todas las partidas mencionadas anteriormente. Pero a ese montante hay que añadir, fuera de ese Presupuesto, los gastos fiscales que cada territorio asume por las desgravaciones en materia de vivienda que se conceden en cada campaña de la renta. En Gipuzkoa, la previsión total para 2018 es de 125,2 millones, un 4,7% menos que en el ejercicio anterior. Cantidad a la que habría que añadir 1,8 millones derivados de las cuentas vivienda, otra fórmula diseñada para que la juventud se beneficie de deducciones fiscales mientras, en un plazo de 6 años, ahorre lo suficiente para acceder a la compra de un piso.

Más inquilinos

Según los datos de la Hacienda guipuzcoana, en 2017 las deducciones aplicadas por adquisición de vivienda habitual ascendieron a 99,54 millones de euros. Y la previsión para este ejercicio, en plena campaña de la renta, es de 94,81 millones, un 4,7% menos. Los descuentos por compra de vivienda alcanzan hasta el 18% de la cantidad invertida (incluidos gastos e intereses) por un máximo de 1.530 euros. Porcentaje que asciende hasta el 23% para menores de 30 años o familias numerosas.

Además

Ese descenso se compensa con el incremento, hasta un 7,5% más que en 2017, de las deducciones previstas por alquiler de vivienda habitual. En Gipuzkoa, este año se superarán los 30,4 millones cuando el pasado el gasto se quedó en 28,3. Una diferencia explicada en parte por el leve aumento de ciudadanos que optan por residir como inquilinos en detrimento de la propiedad. Los arrendatarios pueden deducirse un 20% de la renta satisfecha durante el año con un límite máximo de 1.600 euros, que en caso de menores de 30 y de familias numerosas se amplía hasta un 25% de las cantidades abonadas hasta 2.000 euros. «Estas ayudas fiscales no existen en otros lugares», remarcan en el Departamento. Y complementan, de forma más estable y universal, el resto de políticas públicas enfocadas a ampliar la oferta de vivienda en alquiler y a facilitar el acceso a ellas.

La Hacienda estatal eliminó en 2013 la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda. A partir de aquel 1 de enero solo los que hubieran adquirido un piso para residencia habitual o pagado obras antes de esa fecha –y que acabaran los trabajos antes del 1 de enero de 2017–podían seguir beneficiándose de esa desgravación. Dos años después, también los inquilinos dejaron de percibir parte de la renta abonada. Y durante el régimen transitorio solo los que alquilaron el piso antes del 1 de enero de 2015, y durante la vigencia del contrato, pudieron seguir deduciéndose el 10,5% de la cantidad satisfecha hasta 9.040 euros cuando la base imponible no superara los 17.701 euros, requisito este último que no se exige en Euskadi.

Navarra se descuelga

En Navarra, la otra comunidad con Hacienda propia junto a Euskadi, los contribuyentes que adquieran un piso a partir de este año se quedan sin desgravación fiscal. La reforma fiscal que ha emprendido el Gobierno navarro planteaba la desaparición completa de la deducción para todos los propietarios a partir del año 2023, pero debido a las críticas generadas, ha optado por una vía menos contundente. Y ha limitado, de momento, la restricción a los nuevos propietarios. En la campaña de la renta del pasado año, 81.000 propietarios se beneficiaron de la deducción por vivienda habitual, por un coste de 82,25 millones. Y para este ejercicio, el Ejecutivo cuatripartito que lidera Uxue Barkos ha calculado que este gasto le supondrá 58,5 millones de euros.

En cuanto al alquiler, se mantienen las ventajas fiscales para los inquilinos, que podrán descontarse hasta un 15% del importe abonado con un máximo de 1.200 euros. Lo que limitará la nueva reforma fiscal es la deducción a los arrendatarios, que a partir de ahora podrán reducirse un 40% de los rendimientos obtenidos si alquilan su vivienda a través del servicio público Nasuvinsa, el Etxebide navarro.

Tras estos desmarques, Euskadi es la única que conserva una ventaja fiscal, de carácter universal, que económicamente supone un pilar básico en el esquema general de ayudas en materia de vivienda, y que además no se carga a las arcas del Departamento sino que se divide entre los tres territorios.

Ayudas a la vivienda

Derecho subjetivo:
Adjudicación de una vivienda en alquiler a unidades convivenciales que no tengan en propiedad, lleven inscritos cuatro años en Etxebide y no superen, en el caso de 3 o más miembros, los 15.000 euros de ingresos.
PEV:
prestación sustitutiva de un máximo en este momento de 250 euros para alquiler en caso de que, en el caso anterior, no haya viviendas disponibles.
PCV:
prestación complementaria de vivienda vinculada al cobro de la RGI. Máximo 250 euros. Se trabaja en su sustitución por la PEV, gestionada por el Departamento de Vivienda.
Promoción de alojamientos dotacionales (ADAs):
para jóvenes menores de 35 años, con alquileres según los ingresos (entre 180 y 420 euros de renta en los de régimen autonómico).
Desgravación fiscal:
En caso de compra de vivienda habitual, hasta un 18% de la cantidad invertida hasta un máximo anual de 1.530 euros. Para menores de 30 y familias numerosas, un 23% con límite de 1.955 euros. En caso de alquiler, un 20% de la cantidad abonada con límite de 1.600 euros. Para menores de 30 años y familias numerosas, hasta un 25% con límite de 2.000 euros. En cuentas viviendas, se deduce hasta el 18% con límite de compra de 6 años.
Ayuda para la emancipación:
Prestación a jóvenes de 23 a 35 años para alquiler en el mercado libre. Se abona hasta el 50% de la renta, en pisos de hasta 750 euros en las capitales y de 600 en el resto de municipios. Los ingresos brutos no pueden superar los 12.000, 15.000 o 18.000 euros en función de los miembros de la unidad convivencial.
AES:
Prestación no periódica para personas que no pueden hacer frente a los gastos corrientes, entre ellos la vivienda. El máximo es de 250 euros.
Rehabilitación:
reaparece la financiación para rehabilitar viviendas mediante un fondo que de salida parte con 30 millones con el objetivo de que accedan al año 4.000-5.000 comunidades. Se suma a las ayudas a las comunidades y las subvenciones individualizadas que ya existían. Deducciones fiscales.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos