Los rectores reclaman al Parlamento un pacto de Estado por la Universidad

Roberto Fernández, presidente de la CRUE (c)./Biel Aliño (Efe)
Roberto Fernández, presidente de la CRUE (c). / Biel Aliño (Efe)

Las prioridades son una reforma legal, la subida de la financiación, una rebaja de las matrículas y que no haga falta más de un 5 para tener beca

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

El presidente de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) presentó hoy ante la asamblea general de la organización, que agrupa a los 56 campus públicos y a 20 de los privados, su agenda de prioridades para los dos años que ocupará el cargo, que están encabezadas por reclamar al Parlamento que lidere un pacto de Estado para asegurar el futuro y modernizar las instituciones de educación superior. Roberto Fernández indicó que debatirá su propuesta de reforma de la Universidad con los consejos sociales de estas instituciones, los empresarios y los sindicatos para conformar un grupo de presión que empuje a los políticos a la urgencia del pacto.

Este pacto debe tener como uno de sus ejes principales la elaboración de una nueva ley de universidades que dé una mayor autonomía política y de gestión a los claustros y a los consejos sociales universitarios.

Otro de los elementos centrales del acuerdo tendrá que ser pactar una notable mejora de la financiación de estos centros, que ha caído un 24% durante la crisis, con unos criterios mínimos estatales que aseguren su suficiencia financiera y que tengan muy en cuenta la función docente e investigadora; acompañada de un incremento del I+D+i, en el que España invierte la mitad que la UE, de una mayor captación de fondos empresariales, así de la creación de beneficios fiscales al mecenazgo.

Fernández también considera muy urgente que el Gobierno, para apoyar la igualdad de oportunidades de los jóvenes, reduzca los altísimos precios universitarios y eleve el presupuesto para becas y devuelva las exigencias académicas para recibir una de estas ayudas a una nota media de 5.

El informe elaborado el otoño pasado por la CRUE calculaba que unos 70.000 alumnos por curso, pese a necesitar la ayuda, se habían quedado sin beca o la habían visto reducida desde que el Gobierno del PP en 2012 aumentó al 5,5 la exigencia para que se subvencionase al alumno el precio de la matrícula y un 6,5 para poder tener ayudas complementarias.

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