Los datos publicados sobre la víctima llegan al juzgado

La Policía Nacional remite un atestado con los sitios de las redes sociales que identificaron a la joven madrileña e incluso difundieron su fotografía

R. C. MADRID.

La Policía Nacional remitió ayer al tribunal que juzgó el caso de 'La Manada' las publicaciones en redes sociales que incluyen datos personales sobre la chica madrileña que fue víctima de los cinco jóvenes sevillanos, condenados a nueve años de cárcel cada uno por abusar sexualmente de ella en los Sanfermines, en 2016.

Según informaron a Efe fuentes policiales, la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que ha recopilado durante días todas esas publicaciones, ha redactado una nota informativa y se la ha remitido a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, ya que la sentencia prohíbe expresamente hacer público cualquier dato que pueda identificar a la víctima.

Esta unidad policial ha estado investigando si se habían subido a distintos foros y plataformas de las redes sociales datos personales y privados de la joven madrileña (que tenía 18 años cuando fue atacada por los miembros de 'La Manada'), como su DNI o fotografías, cuya difusión sería «perseguible y sancionable».

Durante la madrugada del pasado miércoles, varios medios digitales difundieron en algunos foros con seguimiento masivo en internet fotografías y datos personales de la víctima como sus perfiles en redes sociales, el barrio en el que vive, la universidad donde estudia y la carrera que cursa.

Los usuarios lograron esta información cotejando diferentes noticias que habían aparecido en medios de comunicación. Posteriormente, la subieron a Zeronet, una red que funciona con el sistema p2p de intercambio directo entre usuarios. También a través de una cuenta de Twitter se difundió información de la víctima. Todos estos datos fueron luego retirados, si bien en otras plataformas volvieron a aparecer el viernes pasado. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) recordó que la publicación de datos personales de la afectada supone una «doble victimización».

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