La Autoridad Vasca de la Competencia descarta connivencia entre el Gobierno Vasco y las empresas de comedores

La Autoridad Vasca de la Competencia descarta connivencia entre el Gobierno Vasco y las empresas de comedores

El director de investigación del fraude asevera que hubo «indicios» suficientes para dictar la sanción y que la Administración «pone cada vez más medidas» para evitar casos similares

AMAIA CHICOSan Sebastián

La Autoridad Vasca de la Competencia no encontró «ilícitos penales» en la investigación llevada a cabo sobre los comedores escolares ni «pruebas» de «connivencia» entre las siete empresas sancionadas y el Gobierno Vasco. Pero los «indicios» del «sistemático comportamiento» llevado a cabo por estas firmas para repartirse, año tras año durante una década, los mismos lotes a concurso, no dejaban lugar a dudas sobre la existencia de «una concertación» entre ellas. Con esa contundencia se expresó ayer el director de investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia, organismo que resolvió la práctica irregular que luego fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y detalló el funcionamiento del sistema y los cambios técnicos y jurídicos que a posteriori se han realizado para evitar nuevos fraudes.

Ignacio Alday fue el primero de los comparecientes que se sometió a las preguntas de la comisión de investigación del Parlamento Vasco, donde se tratan de dirimir posibles responsabilidades de la Administración pública y de sus responsables políticos en la práctica colusoria. La sesión comenzó recordando la denuncia que dio lugar a esta investigación. La realizada en 2013 por la empresa de catering Aibak, cuyo socio Joaquín Arratibel, ya fallecido, acudió en su día al Parlamento Vasco para denunciar el sistema de «homologación» que validaba, en una primera fase, a las empresas que podían concurrir al jugoso concurso de 80 millones anuales, para dar de comer a 91.000 alumnos de toda la red de colegios públicos vascos. «Aparentemente todo era correcto, pero la realidad es que desde 2000 las empresas homologadas y luegos las adjudicatarias son las 7 empresas» sancionadas, «salvo alguna excepción», denunció Arratibel, cuya empresa nunca recibió dicha homologación previa pese a «superar» otras auditorías económicas o sanitarias a las que se sometía.

Dicha denuncia llegó a la AVC en octubre de 2013, explicó Alday, que no quiso escuchar el vídeo previo para no verse influenciado. El director de la investigación recordó el mecanismo por el que las empresas se repartían el mercado, y se aseguraban siempre el mismo lote sin competencia. «Había una concertación, porque es un sinsentido empresarial licitar a un lote, cuando podían hacerlo a tres. ¿Y si se quedaban sin la adjudicación?», se preguntó. La clave era que sabían de antemano que no se quedarían con las manos vacías, porque entre ellas no competían.

Cambio de 2015

Alday no entró a valorar la acción del Gobierno Vasco durante las diferentes legislaturas -en las que pasaron por Educación EA, PSE y PNV-, y se limitó a constatar los cambios en el sistema de adjudicación, en los requisitos y en la normativa aplicable. En 2011, «la Administración intentó modificar la adjudicación», pero cometió un error en las bases y tuvo que dar marcha atrás. En 2015, con la Ley vasca de Competencia ya en vigor, se modifica de nuevo el sistema, y por ejemplo se «rebajan las barreras para lograr la homologación» previa y se pasa de 8 a 18 lotes (divisiones geográficas). Y se producen «cambios sustanciales» en la cuota de mercado, constata Alday, pese a que empresas como Aibak -que sí puede concurrir al concurso- se quedan también sin lote. «También presentó entonces dos denuncias, pero esta vez se archivaron». «Entiendo que esos cambios (por parte de la Administración) pretendían el acceso de más empresas», lo que no quita -recalcó el investigador de Competencia- que «no sea fácil entrar» en licitaciones de ese tipo, con numerosos requisitos y condiciones que no se dan en la red privada. Por eso, consideró que no se pueden comparar los precios de licitación de una y otra. Un desfase que Aibak, la denunciante originaria, había cifrado en un 35%.

Alday, que fue preguntado por todos los grupos, aludió también al supuesto quebranto económico generado por las prácticas irregulares, al pujar siempre con precios casi máximos. No mencionó los 80 millones en los que la presidenta de la AVC, Alba Urresola, cifró hace unos meses dicho sobrecoste a las arcas públicas. Pero sí incidió en que fue la Administración vasca la que, en todo caso, lo asumió, no las familias de los alumnos, que financian el 65% del servicio. «Los precios de los menús estaban fijados de antemano en una circular de la viceconsejería que se recoge en la resolución de la AVC, y eran independientes del valor de la licitación» que resultaba cada año, aseveró.

El quebranto público, no obstante, existió. Aunque en la primera sesión de comparecencias de ayer, de momento, no se determinó una cuantía. El director de investigación asumió que los avances legislativos en materia de competencia y en la Ley de contratación del sector público que acaba de modificarse en abril ofrecen «cada vez más mecanismos de control a la Administración», pero, «a veces, las empresas se los saltan», constató.

Alday incidió en que existen «controles económicos, del órgano de contratación, de nosotros mismos (AVC)» para evitar estas prácticas anticompetitivas, pero no punibles desde el punto de vista penal. «Nosotros analizamos la cuestión competencial, pero no hemos encontrado ilícito penal, porque si no lo hubiéramos trasladado a la Fiscalía», aseveró Alday, como hicieron con la información que llegó a la prensa y sacó la investigación a la luz.

«No hay documento alguno ni correo electrónico de coordinación de las empresas ni prueba de connivencia entre las empresas y la Administración», reconoció el investigador. Pero «los resultados de las adjudicaciones nos indican que en el comportamiento de las empresas tuvo que haber concertación». «Los indicios eran suficientes», no hicieron falta más pruebas, defendió el responsable de Competencia, que considera avalada su investigación por la Justicia.

Las siete empresas multadas de inicio por la AVC con 18 millones de euros recurrieron la sanción al TSJPV, que confirmó el reparto de mercado pero rebajó la multa por la supuesta «inacción» del Gobierno Vasco. «La sentencia entiende que había una previsibilidad de la Administración y de las empresas de que iba a pasar lo que pasaba», se limitó a constatar Alday.

La comisión, presidida por la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte, recibirá en próximas sesiones a los exconsejeros y otros cargos intermedios en Educación, departamento donde se centralizó la adjudicación de este contrato «con supervisión de técnicos de la mesa central», o los responsables de las siete empresas sancionadas, entre otros nombres propuestos. La investigación política arranca, una vez concluida la judicial.

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